Sin SAS habrá menos empresas y más pobres

La Argentina necesita más empresas. Ya tenía pocas antes de la pandemia, en términos de cantidad de habitantes, en comparación con otros países de la región y mucho más si lo comparamos con los países desarrollados.

Son muchos los obstáculos que nuestro país les pone a las inversiones. La alta presión tributaria es uno de ellos. Otro es la rigidez y los elevados costos del mercado laboral. Y a ellos se suma la dificultad para crear y llevar adelante sociedades comerciales, que son el canal jurídico necesario para quienes realizan emprendimientos que vayan más allá de las actividades artesanales que solo requieren el trabajo de una persona.

No es fácil en la Argentina constituir una sociedad. Los requisitos legales, sumados a las infinitas trabas burocráticas de organismos estatales como la AFIP y la IGJ, desalientan a quienes no tengan, de manera muy acendrada, esos “animal spirits” que describió John Maynard Keynes como el origen del optimismo a veces irracional que anima a muchas personas de negocios.

Fue la necesidad de superar esos problemas lo que motivó que en 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, el Congreso Nacional sancionara la ley 27349, de Apoyo al Capital Emprendedor, en la que, entre otras disposiciones, se creó un nuevo tipo societario, las sociedades de acciones simplificadas (SAS). Las SAS tienen menos requisitos que otras sociedades por acciones, son más fáciles de constituir y permiten conformar sociedades unipersonales, que alientan la creación de empresas porque permiten limitar la responsabilidad patrimonial de quienes las constituyan.

Las SAS tuvieron una recepción muy favorable. Hay más de 40.000 creadas desde que fueron establecidas legalmente. Increíblemente, un proyecto del oficialismo pretende ahora derogarlas. En los fundamentos se expresa que este nuevo tipo societario fue incorporado “con el objetivo de constituir ‘Empresas Fantasmas” en la mayoría de los casos, con el único fin del blanqueo de capitales de dudoso origen y la compra de inmuebles, a instancias de la restauración neoliberal encabezada por el gobierno de Mauricio Macri”.

Un nuevo disparate del kirchnerismo, que, cegado por la ideología del retraso y el autoritarismo, es incapaz de ver la realidad tal cual es. Es, además, un agravio gratuito a miles de personas que constituyeron estas sociedades para desarrollar su esfuerzo y su creatividad al amparo de la ley. Tal vez algunas utilizaron ese canal para cometer actos ilícitos, pero si tal fuera la justificación para evitar ese tipo societario, también habría que impedir la existencia de cualquier otro. Los Kirchner no necesitaron las SAS para construir una fortuna monumental mediante testaferros y otros recursos. ¿Habremos de prohibir la actividad hotelera porque algunos sinvergüenzas la usaban para lavar dinero?

Los Kirchner no necesitaron las SAS para construir una fortuna monumental mediante testaferros y otros recursos.

Lo que hay detrás de este proyecto es lo mismo que anida en muchas otras iniciativas del kirchnerismo: el propósito de ahogar toda iniciativa privada. Con miles y miles de pequeñas y medianas empresas que canalicen la creatividad, el talento y el trabajo de los argentinos, no solo lograremos desarrollo económico, creación genuina de empleo y mejor calidad de vida. También tendremos personas que son artífices de su propio destino, que piensan y actúan por sí mismas con libertad. Más emprendedores significa más autonomía individual, que es la base de una República de ciudadanos.

Todo esto es herético para el populismo autoritario, que mira a los ciudadanos con desconfianza y aspira a tener súbditos que dependan de los favores oficiales. El emprendedorismo es la contracara del pobrismo. Nadie es menos pobrista que los pobres. No por nada las encuestas indican que en la Argentina aún quienes se hallan desde el punto de vista económico en las franjas más bajas se consideran a sí mismos de clase media. Es la cultura del trabajo que nos legaron los inmigrantes, que tantas décadas de atraso no pudieron sepultar del todo.

El proyecto en tratamiento en la Cámara de Diputados es uno más en la larga lista de impedimentos que pone en forma permanente el gobierno nacional a la capacidad emprendedora del capital. No alcanza con sepultarlos con cargas impositivas, sindicales y previsionales que agostan el capital de giro imprescindible para el crecimiento empresario, no, por las dudas si a algún trasnochado se le ocurre invertir en la Argentina, y cree que es cierto que puede hacerlo a través de un vehículo ágil, moderno y eficiente, como es el tipo societario creado por la Ley 27349, esta reforma le quitará todos los beneficios, le impedirá acceder a los pocos que subsistan, y en definitiva –una vez más- cambiará las reglas de juego para consolidar la idea de que en nuestro país reina la más burda, primitiva y torpe inseguridad jurídica.

Las SAS son una apuesta al futuro, una señal de confianza en la capacidad de nuestros ciudadanos. El kirchnerismo, al pretender derogarlas, revela su verdadero rostro. No cree en los argentinos. Es otra su SAS: Sociedad Argentina Sospechada.

Diputado Nacional (Juntos por el Cambio-PRO) - CABA

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