Siguen bombardeando, nos siguen pegando abajo
Como exintendente y actual diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comienzo por aplaudir la respuesta del jefe de Gobierno al nuevo agravio que el presidente Alberto Fernández inflige a la ciudad y su gente. En la defensa que asume de la ciudad, de sus representados, de su trabajo y sobre todo de su educación, el jefe de Gobierno cuenta con todo mi apoyo.
Cuando Cristina Fernández de Kirchner traspasó de un día para otro los subterráneos a la ciudad de Buenos Aires, de la misma manera en que el presidente Menem se los había sacado para hacer una concesión privada, y cuando le arrebató los depósitos judiciales al Banco Ciudad, escribí un artículo que titulé “No bombardeen Buenos Aires”.
Cuando sorpresiva, unilateral e inconstitucionalmente le recortaron, en plena lucha contra la pandemia, 67.000 millones de pesos por año de su presupuesto, escribí otro artículo describiendo y denunciando la situación, “Fuego amigo”.
Es evidente que existe un hilo conductor en cuanto a las actitudes de los gobiernos peronistas hacia la ciudad de Buenos Aires, un territorio en donde sistemáticamente se les negó la victoria en las urnas.
Después de la decisión inconsulta, intempestiva y sorpresiva del presidente Alberto Fernández de adoptar decisiones ejecutivas que prohíben la circulación de la población, restricciones al sector de la gastronomía y lo más importante, el cierre de escuelas, ya no caben dudas de que, parafraseando nuevamente a Charly García: “Nos siguen pegando abajo”.
Alberto Fernández, que es un dirigente del peronismo de la ciudad, cuyo único cargo electivo antes de haber sido ungido como presidente fue como legislador porteño, parece estar empeñado en continuar y profundizar esa tradición nefasta.
Las decisiones tomadas implican un avasallamiento de la autonomía, una virtual intervención de la ciudad, en momentos en que el país se ve desbordado por una segunda ola de la pandemia, para la cual el gobierno nacional no tomó precauciones ni sanitarias ni económicas.
Asimismo, implican el desconocimiento de las obligaciones que tiene el Presidente de respeto y consideración a la ciudad, que es la que hospeda al gobierno nacional y la sede de los tres poderes y de la administración nacional.
Sin lugar a dudas, también representan una capitulación ante las demandas de un gobierno de la provincia de Buenos Aires que no está a la altura de las circunstancias, que no sabe cómo pagarle a sus policías, ni cómo conducirlos y disciplinarlos, mientras el delito se expande en su territorio, y su ministro de Seguridad hace ostentación de autoritarismo en televisión. El presidente Fernández frente a esto reaccionó arrebatando los fondos a la ciudad de Buenos Aires para financiar la ineptitud de la provincia.
El gobernador de la provincia, también vecino de la ciudad como el Presidente, no entendió aquello de que “en estas circunstancias, a lo único que hay que temer es a tener miedo”, la famosa frase que pronunció el presidente Roosevelt en medio de la gran depresión de 1929. Preso de un pánico que no le permite pensar, fogonea este ataque a quien debería considerar su aliado principal, el gobierno de la ciudad.
El Presidente dijo en su mensaje que el problema principal está en el AMBA y las medidas se circunscriben a su territorio. De esta manera, está asumiendo un poder que la Constitución no le da en una virtual intervención al centro geográfico y vital del Gran Buenos Aires.
La razonabilidad de medidas intervencionistas como la dispuesta debe someterse a un escrutinio más exigente cuando se encuentra en juego la autonomía de la CABA, la ciudad, como dijo Fernández, de todos los argentinos.
Es imposible hacer un análisis de razonabilidad cuando no se ofrecen argumentos ni fundamentaciones a la ciudadanía y las decisiones se adoptan sin tomar siquiera en cuenta las opiniones de los propios integrantes del Gabinete.
Una decisión de esta magnitud, arrogándose el gobierno nacional la política local, debe estar mejor justificada, en base a razones, demostrando que se evaluaron otras medidas y que se definió la menos lesiva para el ejercicio de todos los derechos de la ciudadanía.
A pesar de que al jefe de Gobierno porteño no le avisaron ni mucho menos consultaron las nuevas restricciones que pensaban imponer sobre la circulación y la presencialidad de las escuelas; retomará el diálogo y las negociaciones con la Casa Rosada para analizar la situación sanitaria y discutir las disposiciones del Jefe de Estado.
En vez de guiarse por una lógica de la imposición como hizo el presidente de la Nación, al igual que ocurrió con la quita de la coparticipación, que fue “una medida improvisada, intempestiva e inconsulta”, en la ciudad de Buenos Aires lo que impera es la vocación al diálogo y la búsqueda de consensos.
El bienestar de los chicos y las chicas, las tareas de cuidado para madres y padres que necesitan trabajar y la economía de muchos sectores y personas que vienen siendo fuertemente castigados desde hace un año, no deberían quedar en manos de una única persona que se jacta de tomar medidas en soledad, sin transparencia ni respetando evidencia científica alguna.
Prefiero guardar el dedo acusador contra los desbordes del presidente de la Nación y en mi carácter de diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires y con la experiencia de haber sido secretario de Interior de la Nación, intendente de la Ciudad de Buenos Aires, secretario de la Comisión Consultiva para el Área Metropolitana, lo que me permitió ver ambos lados del mostrador y apreciar en profundidad los problemas del Gran Buenos Aires, exhortar al Presidente a dejar las agresiones y los cálculos partidista menores, para en un diálogo honesto, sincero, y trabajar en conjunto con la ciudad de Buenos Aires para enfrentar la pandemia, cuidar a nuestro pueblo y lograr sacarlo del crónico estancamiento en que se encuentra desde hace décadas
Diputado Nacional UCR por la Ciudad de Buenos Aires
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