Seguridad pública, una asignatura pendiente

Aunque ocupa un lugar central en las preocupaciones ciudadanas, la seguridad como política pública no es todavía objeto de enseñanza en las universidades, un status al que ya han llegado otras áreas sensibles, como el empleo, la educación o la pobreza.

El menú de ofertas disponibles en las universidades muestra carreras con un enfoque técnico y de aplicación, que se orientan a entrenar a agentes de empresas de seguridad o completan la formación de los policías con nociones de derecho, economía, psicología y gestión.

En cambio, la seguridad como política de Estado sólo tiene por ahora lugar como objeto de investigación por parte de la ciencia política o la sociología. Sus resultados empiezan a difundirse en cursos de posgrado, más sencillos de crear que una carrera, que muchas veces incluyen la experiencia de expertos de otros países.

Mientras tanto, los encargados de diseñar políticas de seguridad en el país provienen en general del campo jurídico y se formaron en la experiencia cotidiana. Para los especialistas, que el país empiece a producir expertos en seguridad pública es una cuestión de tiempo, que en general marcha más lento en la academia que en las calles.

Según afirman, la seguridad reúne tres características que retrasan su constitución como temática académica. Es un tema nuevo, sobre todo para los tiempos institucionales; los actuales expertos lo son por sus años de práctica y no se inclinan demasiado por la transmisión de sus conocimientos de manera sistemática, y se trata de un fenómeno que admite abordajes desde múltiples disciplinas, lo que hace difícil sistematizar un plan de estudios.

Una prueba está en el heterogéneo perfil de quienes asisten a los cursos de posgrado que en distintas universidades y organismos relacionados con las políticas públicas actualmente tocan el tema de la seguridad: miembros de fuerzas de seguridad, abogados, participantes en ONG vinculadas a los derechos humanos, víctimas de delitos y académicos de las ciencias políticas, la sociología y el derecho.

Mientras tanto, las carreras de Derecho, Psicología y Ciencias Políticas de las universidades incluyen a la seguridad y el delito desde su mirada específica -la legislación y las penas, la mentalidad delictiva y la actividad forense, el papel del Estado-, pero en general lo hacen a través de materias electivas en los últimos años o como parte de especializaciones, tales como la rama penal de la abogacía.

Entrenamiento técnico

Del lado de la formación técnica, el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina ofrece desde hace más de veinte años su licenciatura en Seguridad, de cuatro años de duración, abierta a toda la comunidad desde 1997.

Según contó a LA NACION el secretario académico de la Facultad de Ciencias de la Seguridad, Marcelo Capello, a la carrera asiste personal de agencias de seguridad, jóvenes recién egresados del secundario y, en menor medida, policías en actividad o retirados, que cursan contenidos de derecho, psicología, accidentología, seguridad ambiental, informática, bancaria, industrial y física.

"Este año entraron 120 estudiantes, un número que viene creciendo. Creo que se debe a la situación que vive el país y a que mucha gente ve en esta carrera una salida laboral posible", dijo Capello. La carrera tiene examen de ingreso eliminatorio -deben aprobar Introducción al conocimiento científico, Introducción a la computación y Lectura y comprensión de textos- y cuesta unos $ 150 por mes.

El instituto también brinda la licenciatura en Criminalística, orientada a la realización práctica de pericias e investigaciones de delitos, con materias como identificación de manuscritos, inspección ocular del hecho y balística.

Otras ofertas similares están disponibles en la Universidad de Morón y en la Universidad del Aconcagua, con sede en Mendoza, ambas privadas.

En las instituciones públicas, la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) ofrece su licenciatura en Seguridad pública, mientras la sede Viedma de la Universidad Nacional del Comahue tiene, desde 1999, una tecnicatura en Administración y gestión de la seguridad, que dura tres años y se inició por un requerimiento de la policía rionegrina, cuyos efectivos forman el 90% de los alumnos.

Unos 20 estudiantes la cursan actualmente, con un programa abarcativo, que va desde cuestiones de derecho e historia social a teoría contable, economía, técnicas de investigación y sociología de las organizaciones.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCu), por su parte, ofrece desde este año a los policías mendocinos la posibilidad de terminar sus estudios de EGB 3 y nivel medio a través de un programa semipresencial que dura 30 meses.

De la preocupación al estudio

Antes de que un campo se sistematice y se transforme en una carrera formal, suele ser primero objeto de preocupación y luego de investigación. En esa etapa estamos ahora con respecto a la seguridad como política pública, afirmó Carlos H. Acuña, director de la maestría en Administración y Políticas públicas de la Universidad de San Andrés (Udesa). En el Departamento de Humanidades de la Udesa funciona un área de Seguridad con investigaciones en dos aspectos: seguridad ciudadana y seguridad internacional (narcotráfico y terrorismo).

"Cuando la seguridad no se ve como tema prioritario en la agenda pública, se lo circunscribe a un problema jurídico o policial. Cuando se convierte en prioridad y se lo entiende como un problema complejo, se reconoce que necesita un tratamiento más integral", describió Acuña.

La inseguridad se entiende hoy en la Argentina como un fenómeno que supera el mero tratamiento judicial y policial, porque va de la mano de cuestiones sociales más complejas, como variaciones en el mercado de trabajo, en la composición etaria de la población, la crisis institucional del Estado y la pobreza.

"Ahí empieza a ser objeto de investigaciones de campo, cuyos resultados suelen presentarse en posgrados que incluyen las experiencias de otros países. En ese momento estamos en la Argentina. Los especialistas que luego pueden enseñar se forman de la mano de estos estudios, así que lleva tiempo", afirmó Acuña.

En tanto, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA existe la cátedra "Delito y sociedad. Sociología del sistema penal", cuyo profesor titular es Juan Pegoraro, y trabajan equipos de investigación en las universidades nacionales del Litoral y Rosario.

"Los temas de seguridad pública y delito fueron abordados históricamente por el derecho penal, pero ahora se abre la perspectiva de la relación entre crimen y seguridad pública. En la Argentina no hay tradición académica en este campo, lo que deriva del enorme coyunturalismo de las ciencias sociales en el país", opinó Marcelo Saín, codirector del equipo de investigación "Fuerzas Armadas, seguridad y sociedad" de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), profesor en la maestría en Política Internacional en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y director de la Unidad de Información Financiera, un ente autárquico que trabaja sobre delitos complejos y lavado de dinero en la órbita del Ministerio de Justicia. Saín fue, además, viceministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires entre julio de 2002 y enero de 2003.

"Estamos construyendo conceptos y definiendo un campo, se empiezan a abrir los temas, pero no hay recursos humanos formados todavía", dijo Saín, quien comentó que existe más tradición de investigaciones en seguridad regional (como lo relacionado con el narcotráfico), pero que son escasas las experiencias en las problemáticas "más micro", que son las que más golpean la vida cotidiana de los argentinos.

Para el investigador, por otra parte, no se trata de un proceso exclusivamente local, sino que se constata en varios países latinoamericanos. Pero, además de la preocupación social, un incentivo para acelerar la formación de un campo académico relacionado con la seguridad puede provenir de los propios estudiantes universitarios. Según comentó Saín, sus alumnos de grado están cada vez más interesados en incluir la seguridad en tanto política pública como parte de los contenidos de sus carreras.