Se debate sobre inseguridad, pero no se designan jueces en tribunales vacantes

Inflación, desempleo, inseguridad y corrupción suelen liderar las encuestas de mayores preocupaciones de la ciudadanía. Dos de esos problemas tienen un profundo vínculo con la justicia y, por lo tanto, vale la pena entender cuales son las medidas que se adoptan desde los poderes políticos y jurisdiccionales para enfrentarlos institucionalmente.

Hace mucho tiempo que desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) venimos denunciando la inoperancia (intencional y no intencional) de la Justicia Federal para enfrentar la corrupción, pero no nos habíamos detenido en examinar problemas que tiene la Justicia ordinaria para sancionar los crímenes habitualmente denominados “comunes”. Tangencialmente dirigimos la mirada en la responsabilidad que tiene sobre esta materia la Justicia Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en el resto de las provincias hay competencia local) en la organización de los juicios orales. El panorama es francamente desolador.

Así descubrimos que uno de los principales problemas que existe para que se juzguen en tiempo y forma las investigaciones de delitos comunes es que prácticamente la mitad de las vacantes de jueces de tribunales orales están sin cubrir. En efecto, la Justicia Nacional aún administra el fuero penal de la ciudad de Buenos Aires (el fuero penal, contravencional y de faltas de este distrito tiene a su cargo un universo muy limitado de delitos con penas de baja cuantía) y los tribunales orales, que tienen 30 salas para imputados adultos y 3 para menores, compuestos por tres integrantes cada uno. Sin embargo, en los de adultos hay 37 vocalías que se encuentran vacantes y 5 en aquellos donde se investigan menores.

Esto llama indudablemente la atención, pero hay algo que es aún más sorprendente. De esas 37 vacantes sólo 13 están en trámite ante el Consejo de la Magistratura y, en cambio, 24 se encuentran en el Poder Ejecutivo (PEN), con concursos terminados a la espera de que el Presidente defina. Las fechas desde las que se encuentran ante el PEN sin que se remita el pliego al Senado muestran que la situación es verdaderamente inaceptable: 16 cargos desde el 7 de septiembre de 2018 y 8 cargos desde el 17 de diciembre de 2018. Esto se explica en parte porque la nueva gestión de gobierno retiró pliegos que ya habían sido enviados, pero ya van casi dos años desde que ingresó esta administración sin que se hayan movido estos trámites. En el caso de las vacantes de tribunales orales de menores hay 5 ternas en el Poder Ejecutivo desde el 25 de octubre de 2018. Hay que aclarar que en el Poder Ejecutivo el trámite previsto en teoría es muy breve y no hay ningún impedimento en mandar candidatos de manera celera.

Mientras tanto, esta es la situación, según informan distintos integrantes de los tribunales orales: como solo la mitad de los cargos se encuentra ocupado, cada juez en funciones ejerce su labor en dos cargos (uno en el lugar para el que fue designado y otro como subrogante) y, en consecuencia, trabaja la mitad del tiempo en su lugar original y la otra mitad en otra sala.

¿Cómo se explica que prácticamente la totalidad de integrantes de tribunales orales estén haciendo el trabajo en dos tribunales y no estén haciendo reclamos todos los días por esta anómala situación? La respuesta viene por el lado económico, pues una buena mayoría está muy conforme con poder cobrar un tercio más de salario por estos reemplazos. No es para menos, con ese tercio adicional por la subrogancia llegan a cobrar hasta casi un millón de pesos. Sí, leyó bien. Casi un millón de razones. Poquísimas personas en la Argentina tienen un salario en mano (aquí no se descuenta el impuesto a las ganancias) de esta magnitud.

Entonces, este statu quo parece ser conveniente para varias partes (algunos jueces y juezas por las razones antedichas) y para los poderes políticos que, como se dice muchas veces, suelen estar bastante cómodos con justicias provisorias. Más allá de que esto es más notorio en los fueros con mayor sensibilidad al poder, en general una Justicia integrada en buena parte por personas que no tienen estabilidad en sus cargos y con muchos concursando para ingresar o ascender, y -por ende- necesitados de favores, resulta más cómodo para quienes dirigen nuestros destinos desde los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Hay, en cambio, perjudicados evidentes.

En primer lugar, secretarios, secretarias y personas empleadas de los Tribunales, pues deben hacer parte de la labor de las juezas y jueces que faltan y tienen una mayor carga de coordinación con magistrados que no forman parte de sus salas.

Pero sobre todo, los principales damnificados de esta incomprensible omisión es la ciudadanía. El problema más evidente es que los casos tardan así prácticamente el doble del tiempo porque quienes deben juzgarlos tienen que dividirse para presenciar los debates orales entre dos tribunales. En general, se reparten lunes, miércoles y viernes en un tribunal, y martes y jueves en otro con los problemas de dispersión que eso conlleva.

Estas demoras generan perjuicios para varios sectores: para quienes están imputados de delitos que muchas veces deben transcurrir años en prisión preventiva sin condena o, aún cuando lo hagan en libertad, por tener encima suyo todo el peso de una causa penal sin resolución; para las víctimas que sienten que justicia lenta no es justicia y para toda la ciudadanía pues no cuenta con un Poder Judicial a la altura de lo que debería ser, pese a los recursos que invierte cotidianamente entre los que están los elevados salarios judiciales.

Hay una discusión muy extendida entre cómo debe actuar la Policía y la Justicia en relación con los delitos comunes. Sin embargo, antes que nada hay que empezar por lo más básico: completar los lugares de quienes deben juzgar esos crímenes, los cuales ya han sido creados por ley. Pocas personas saben que, en momentos en los que se reclama tanto por una mayor celeridad en la justicia, no se designan jueces y que, para peor, muchas de estas omisiones no tienen que ver con demoras en los trámites de concursos, sino con razones opacas difíciles de justificar. Esto no ocurre solamente en este fuero pero la descripción es suficientemente representativa de un problema más general y, sobre todo, de la inacción que amplía problemas muy severos. Muchos de los problemas que tienen las instituciones de nuestro país no son presupuestarios sino de falta de voluntad para mejorarlas. Desde las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a la promoción del fortalecimiento de las instituciones democráticas reclamaremos para que cesen estas omisiones.

Abogado y cofundador de ACIJ, integrante de la Plataforma JusTA

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