Se atascó el acuerdo para el juez Lijo
El proyecto de ungir a un magistrado con una inédita cantidad de objeciones en la cima misma del Poder Judicial ha sufrido un comprobable retroceso
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LA NACIONJoaquín Morales Solá
Hace justo un mes, el 21 de agosto, el juez federal Ariel Lijo fue interpelado por la Comisión de Acuerdos del Senado en su condición de candidato a miembro de la Corte Suprema de Justicia propuesto por el gobierno de Javier Milei. El dictamen de esa Comisión es fundamental para que el plenario de la Cámara alta pueda tratar el pliego de Lijo, cuya aprobación necesita del voto afirmativo de los dos tercios de los senadores presentes. Treinta días después, solo existen cuatro firmas favorables a Lijo en esa Comisión cuando se necesitan nueve para contar con la mayoría de sus miembros. El proyecto de ungir a un juez con una inédita cantidad de objeciones en la cima misma del Poder Judicial ha sufrido un comprobable retroceso. Por ahora, dicen los pocos amigos visibles de Lijo en el Senado, la prioridad es conseguir las nueve firmas de la Comisión de Acuerdos. Paso a paso, repiten. La lucha por los dos tercios vendrá luego. Los que trabajan por Lijo lo hacen bajo una densa sombra política, lejos de la luz del sol. “El proyecto está desinflado, no dormido”, aclaran. También es cierto que la candidatura de Lijo, que al principio estuvo en la cumbre de las novedades políticas, pasó a un segundo plano –o a un tercero– después de otros escándalos (gracias, Alberto Fernández) y de otros destellos políticos (gracias, Presidente). La oscuridad beneficia al juez en discusión. Sin embargo, contrastan demasiado las expectativas iniciales con la realidad actual. Cuando Lijo fue a declarar ante la Comisión de Acuerdos se esperaba un dictamen tan inmediato que el radicalismo, por pedido del gobernador radical de Corrientes, Gustavo Valdés, dispuso el cambio de un senador suplente en esa Comisión. Relevó, sin notificarlo previamente, al senador fueguino Pablo Blanco, opositor a la designación de Lijo, por el correntino Eduardo Vischi, favorable a la candidatura del juez federal. Los dos son, obviamente, miembros del bloque radical. Comenzaba la crisis del radicalismo que hizo eclosión en días recientes. Sucedía que el peronismo se negaba (y se niega) a firmar el dictamen y esas ausencias obligan a la Comisión a juntar nueve votos para tener un dictamen favorable a Lijo. Así las cosas, el voto de ese radical era el noveno. El senador radical titular en esa Comisión es el bonaerense Maximiliano Abad, quien se encontraba hace un mes en los Estados Unidos participando de un seminario en la Universidad de Stanford. Abad ya regresó al país y, según fuentes radicales, no está dispuesto a firmar el dictamen. Veremos. Para peor, el jefe del bloque de senadores de La Libertad Avanza, el jujeño Ezequiel Atauche, fue encomendado para conseguir los votos que necesita Lijo. Atauche, denunciado en los últimos tiempos por su esposa por actitudes incorrectas, recibió ahora la orden de hacerse cargo de las negociaciones por el presupuesto de 2025 que Milei presentó hace una semana. El oficialismo decidió que habrá negociaciones bicamerales, conjuntas entre senadores y diputados, por el presupuesto para que los tiempos parlamentarios no se alarguen entre los cambios de una cámara y otra. Atauche es, además, un senador que carece de un trato afable y consensual con sus colegas en la Cámara alta; la mayoría de los senadores no lo tiene en su lista de amigos. Por una razón u otra, Atauche no está en condiciones de entregarle tiempo y energías a Lijo. El Gobierno tampoco puede pedirle a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que enhebre acuerdos para Lijo cuando ella misma aclaró que no está de acuerdo con esa candidatura. Nunca fue consultada sobre la propuesta de Milei. A su vez, cierto interés del kirchnerismo por Lijo quedó expuesto cuando el diputado de esa facción Héctor Recalde, miembro del Consejo de la Magistratura y presidente de su Comisión de Disciplina, decidió suspender en el Consejo el tratamiento de varias denuncias contra el candidato a juez de la Corte con el argumento de que es, precisamente, candidato para integrar el máximo tribunal de justicia del país. Una incoherencia sin paliativos, pero la arbitrariedad es el reino del kirchnerismo. En ese mismo Consejo, el diputado hipercristinista Rodolfo Tailhade logró que progresara un pedido de juicio político contra el juez de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, denunciado por violencia de genero. Hornos integra una sala de la Casación que debe decidir sobre causas de corrupción que imputan a Cristina Kirchner, jefa política de Tailhade. No hubo tantos remilgos como con Lijo. No pasará nada con Hornos; el kirchnerismo está en franca minoría en el Consejo de la Magistratura. Solo conserva el poder de ofender y dilatar.
Es inexplicable que Milei, un presidente sin ninguna denuncia de corrupción, se haya comprometido tanto con un magistrado célebre por su arte de cajonear y anestesiar causas de corrupción. Del mismo modo, es indescifrable la reticencia de importantes dirigentes políticos a pronunciarse sobre esa postulación. Cristina Kirchner, la primera entre ellos. La expresidenta tiene influencia política sobre la mayoría de los 33 senadores peronistas, indispensables para alcanzar los 48 votos necesarios de los 72 senadores que hay en total. La contradicción es también el territorio del kirchnerismo. Por ejemplo, la senadora cristinista Juliana Di Tullio señaló que es el Poder Ejecutivo el que debe conseguir el dictamen y los dos tercios de los votos del Senado e ironizó sobre el padrino político de Lijo, el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti: “No sabía que Lorenzetti es miembro del Poder Ejecutivo para andar ofreciendo cargos. Creía que era integrante del Poder Judicial”, bromeó. A su vez, el propio jefe del bloque peronista, José Mayans, aseguró que no está “de acuerdo con la candidatura de Lijo. Ese lugar le corresponde a una mujer. Es, además, un juez que no cuenta con los pergaminos necesarios y su candidatura es muy controversial”. El peronismo no le hará nunca las cosas fáciles al gobierno; tampoco en el caso de Lijo. Y sin el peronismo los dos tercios representan un cumbre de imposible acceso. Si bien se trata de los dos tercios de los senadores presentes, muy pocos se animarán a estar ausentes porque se les atribuirá luego la intención de beneficiar a Lijo. Las ausencias bajarán, en efecto, el número necesario para los dos tercios. El principal conflicto ahora es que la disputa por Lijo es ya una cuestión que interesa a importantes sectores sociales; no lo era al principio de todo. Dicen, incluso, que Horacio Rodríguez Larreta habría puesto en reflexión su decisión de ayudar a Lijo porque su nombre está políticamente vinculado a la senadora Guadalupe Tagliaferri, presidenta de la Comisión de Acuerdos, que llegó a ese lugar de la mano del exjefe de gobierno de la Capital. “Si Lijo consiguiera el acuerdo con el voto de esa senadora, lo criticarán más a Horacio que a Tagliaferri”, dijeron en el Senado.
En términos absolutos, Lijo es el juez federal que menos causas de corrupción mandó a juicio oral
Pero, ¿de qué se lo acusa a Lijo, actual juez federal? El candidato a juez supremo recibió 35 impugnaciones en el Senado y 350 en el Ministerio de Justicia. No hay memoria de un juez que haya recibido tantas objeciones. Lo acusan de manipulación de los tiempos procesales en causas de corrupción y directamente de paralización de algunos expedientes. Razón no les falta. Desde que Lijo asumió en 2004 tuvo 89 expedientes sobre denuncias de corrupción; solo envió a juicio oral a 14. En términos absolutos, es el juez federal que menos causas de corrupción mandó a juicio oral, según una auditoría de varias ONG y el Consejo de la Magistratura. Tranquilos: lo peor está por venir. Veamos. Lo denunciaron por incremento patrimonial no justificado, de tener propiedades o copropiedades de alto valor y de usar bienes vinculados a delitos económicos. Además de ser evaluado como un abogado con escasa formación académica, a Lijo lo vinculan con su hermano, Alfredo “Freddy” Lijo, quien no tiene problemas con que lo consideren un lobista en los tribunales federales de Comodoro Py. Ahí, precisamente, tiene sus oficinas el juez, su hermano. Patricia Bullrich salió públicamente en defensa de Lijo (seguramente procurando conseguir una mayor influencia política ante Milei que la de ministra de Seguridad) y destacó que nadie puede ser acusado por lo que hace su hermano. Es cierto, siempre que el hermano no haga gestiones reprochables a metros de donde el juez interpreta las leyes. Bullrich subrayó también que Lijo procesó a Carlos Menem, pero se olvidó de aclarar que lo hizo en 2009, diez años después de que el expresidente había dejado el poder. Menem ya era una sombra de lo que había sido. El misterio se agranda: ¿por qué Bullrich, anteriormente defensora de las instituciones y la honorabilidad, se unió a Milei para defender al polémico Lijo? Secreto. No hay luz en ese arcano.
Senadores de varios partidos que consultaron a miembros de la actual Corte Suprema sobre la candidatura de Lijo recibieron una respuesta vagamente negativa. Vagamente porque los actuales jueces supremos consideran que la designación de jueces es facultad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, no de ellos. Nadie necesita preguntar nada, sobre todo si es Lorenzetti quien está en el medio. Lorenzetti expresa en la Corte a la minoría de uno. De hecho, en los próximos diez días la Corte Suprema tendrá que elegir o reelegir a sus autoridades. El 1º de octubre deberá estar decidido quiénes serán su presidente y su vicepresidente durante los próximos tres años. “Solo una cosa es segura: Lorenzetti no será presidente ni vicepresidente”, ironiza un funcionario de la Corte Suprema. Tampoco lo será el juez decano de la Corte, Juan Carlos Maqueda, porque él cumplirá los 75 años constitucionales en diciembre próximo y se jubilará. La futura conducción de la Corte se reduce, entonces, a dos nombres: los de los dos jueces restantes. Son Horacio Rosatti, actual presidente, y Carlos Rosenkrantz, actual vicepresidente. Otro misterio: ¿por qué Milei eligió enemistarse con la mayoría del tribunal que terminará juzgando la constitucionalidad de sus actos? Las preguntas se suceden, aunque todas caen en un mismo vacío de silencio.
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