Salud mental: un dolor más, una libertad menos

La inauguración de una nueva institución monovalente de salud mental en Santiago del Estero y con la presencia y el acompañamiento de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, es de suma gravedad y como hecho configura uno de los mayores retrocesos en los 11 años de vigencia de nuestra Ley Nacional de Salud Mental.

En tiempos en los que continuamos reclamando políticas públicas para las reformas necesarias hacia sistemas de salud que den respuesta a los problemas de salud mental y garanticen los derechos de las personas con padecimientos mentales, se da este paso atrás, contra el que siempre se luchó, bajo la consigna “Manicomios nunca más”.

Este nuevo “Centro de Salud Mental” implica un retroceso en varios sentidos: en primer lugar, el nuevo monovalente avalado por las máximas autoridades de salud y de salud mental de la Nación viola los artículos 27 y 28 de la Ley de Salud Mental y de su decreto reglamentario, que define un 2020 sin instituciones monovalentes. Por lo tanto, es ilegal.

Por otro lado, incumple el compromiso del Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de febrero de 2019, quien se expresó “…comprometido en avanzar en el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, tendiente al cierre de los manicomios a partir de su transformación hasta su sustitución definitiva. Entendemos que estos no son complementarios sino contradictorios con un modelo de salud mental que promueva el respeto de los derechos de las personas con padecimientos mentales, porque no caben dudas, nadie debe vivir en un hospital”.

Este nuevo monovalente también desoye los acuerdos internacionales que suscribió la Argentina en Declaración de Caracas 1990, Principios de Brasilia 2005 y Consenso de Panamá 2010, y a su vez contradice la documento de la Organización Panamericana de la Salud para la “Desinstitucionalización de la atención psiquiátrica para América Latina y el Caribe”, del año 2020 del que Argentina fue uno de sus redactores.

Se opone a la Declaración del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones Cofesama - Buenos Aires 2019, que firmaron autoridades provinciales de salud mental de 20 provincias, junto a la Dirección Nacional de Salud Mental y el Órgano de Revisión Nacional, en la que se afirmó el compromiso por la plena implementación de la Ley 26657. Una norma de avanzada, reconocida internacionalmente, que recepta los estándares de organismos internacionales y que tiene un fuerte consenso en diversos sectores del campo de la salud mental en la Argentina. Pero por múltiples razones, y de diversa índole, poco se ha avanzado en su cumplimiento efectivo, que implica la sustitución definitiva de los monovalentes y la creación y el fortalecimiento de una red de salud mental con base comunitaria. Años de lucha para intentar lograr avances, para lograr las inversiones necesarias para la reforma del sistema de salud mental.

La inversión millonaria en un nuevo monovalente, con una disponibilidad de camas mayor al número de usuarios internados en el actual, demuestra dolorosamente, que si hay decisión política, se pueden disponer recursos económicos en salud mental.

Y si esos recursos estaban, no era muy complicado hacer lo que se debía hacer: por un lado, crear dispositivos habitacionales para los usuarios internados de larga estadía en el monovalente actual, y ampliación en hospitales generales de camas de internación para recibir allí con alta calidad de atención a los usuarios que requieran asistencia en etapas agudas, para resolver la demanda que hoy resuelve el monovalente, y a su vez, crear otros dispositivos comunitarios para que quienes hoy viven asilados y con sus derechos vulnerados, puedan vivir dignamente y con cuidados en la comunidad. Era por ahí. Pero se ha decidido crear un monovalente nuevo. Y un manicomio con muy buena infraestructura y comodidades, no deja de ser un manicomio.

Quien tendrá a su cargo la dirección del hospital tiene la convicción de avanzar en un modelo comunitario y alejado del concepto de manicomio. Se de su mirada comunitaria y que tendrá voluntad de reforma. Pero el modelo que se ha impuesto desde la provincia se opone a esa mirada.

A esta altura, no debería haber más dudas: los consensos internacionales nos obligan, la normativa argentina lo exige, y la evidencia empírica nos muestra el camino: Existen, a lo largo y a lo ancho del país, numerosas experiencias, bellas, colectivas, creadoras de otra salud mental posible, muchas de ellas sostenidas a base de compromiso militante de trabajadores/as de la salud.

Necesitamos un Estado Nacional presente que tome la decisión de avanzar en la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Sin retrocesos, sin claudicaciones.

Seria imprescindible que la ministra lo comprenda y actúe en consecuencia. Por el respeto a quienes lucharon por esta ley y en favor del fin de los manicomios. Por quienes vivieron y murieron en ellos en nuestro país, por los cientos de miles de personas con padecimientos mentales que hoy no tienen las respuesta que necesitan en una red de salud mental comunitaria, por los miles que hoy viven en instituciones psiquiátricas con sus derechos vulnerados.

Por todos ellos es hora de implementar la ley y de crear y profundizar un modelo de atención comunitario.

Los hospitales psiquiátricos que continúan abiertos hoy, a los que se le suma este nuevo y flamante, constituyen una deuda histórica que tenemos como Nación. Mientras haya una persona viviendo en un hospital por motivos de salud mental, hay un derecho vulnerado, hay una libertad menos, un dolor que persiste.

Tengo la convicción de que es posible, es necesario y es urgente reparar lo dañado, restituir los derechos vulnerados, modificar lo que se ha construido equivocadamente, y diseñar colectivamente políticas públicas de salud mental a largo plazo. El tiempo es ahora.

Psicólogo, exDirector Nacional de Salud Mental