Rosario, bajo amenaza narco: el negocio del terror

ROSARIO.- Rosario se transformó en una ciudad impredecible. En unos minutos todo puede crujir. Las balas y el terror pueden irrumpir sin aviso en cualquier momento y en cualquier lugar, y transformar una tarde apacible en un día cargado de miedo, de sangre. Este sábado el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, vio una escena de ese tenor con sus propios ojos. Camino a su casa en las afueras de Rosario, apareció en avenida Circunvalación una tela colgada de uno de los puentes, con amenazas contra él y el ministro de Seguridad. El mensaje parecía profético en su contenido al asegurar que iban a seguir matando “inocentes”.

El miedo es un negocio que mueve mucho dinero. Sin esa reacción primaria que se busca encender en la sociedad, los grupos narco no podrían mostrar su poder y recaudar fondos que después se reinvierten en el circuito financiero informal, que en Rosario es muy sólido. El miedo es la matriz del negocio mafioso.

Los grupos criminales deben alimentar todo el tiempo ese terror que es el que busca condicionar decisiones políticas, obtener dinero a través de aprietes y negociar con sectores policiales momentos de paz. La violencia se transformó en un commoditie.

Quienes lo ejercen no son grupos mafiosos sofisticados, que tienen estrategias depuradas y profundas, sino sectores marginales que planean lo elemental. Golpear con sangre para obtener réditos. El problema a lo largo de la última década es que el Estado no logró neutralizar esas acciones rústicas y elementales. La pobreza y la creciente marginalidad hicieron crecer esos grupos que usan a adolescentes a quienes los atraviesa a nivel cultural ese mundo del hampa, que tiene como principal aspiración llegar a tener una moto y un arma en la cintura. Pibes cuyo destino probable es la cárcel o el cementerio, sin escapatoria.

Este esquema criminal que creció a lo largo de la última década nunca se pudo desmantelar. Y fue una de las pocas cosas que creció y se consolidó en el país. Esa mano de obra elemental logró sacudir otra vez una ciudad donde hay entre policías y gendarmes más de 8500 efectivos de fuerzas de seguridad.

Los líderes de las bandas están presos en penales federales y los cuadros medios en prisiones santafesinas. Cargan condenas extensas. El Estado hasta ahora se había desentendido de los criminales después de que su destino fuera la cárcel, tras juzgarlos y condenarlos. Pero el fenómeno de Rosario marcó que ahí comienza otro problema que enfrentan la mayoría de los países de la región: cómo evitar que el Estado les ofrezca protección dentro de la cárcel para seguir con sus negocios mafiosos.

Tres días después de que el gobierno de Santa Fe y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich se jactaran de un descenso de los homicidios en febrero, con cifras que sorprendían -de 33 asesinatos en ese mes en 2023 a 7 este año-, pero no tenían demasiada explicación, la violencia narco en Rosario logró paralizar la ciudad con nuevas ráfagas de terror. Los crímenes de dos taxistas, en los que se usó la misma partida de municiones, que pertenecen a la Policía de Santa Fe, y el ataque a balazos a un chofer de la línea K, que está en grave estado, provocaron el efecto buscado: terror.

Pullaro pasó los días más agitados desde que asumió. Desde el martes no tuvo espacio para pensar en otra cosa que no pasara por la necesidad de que Rosario recobre la calma. El jueves a la noche, después de que atacaran a un colectivero a balazos, cuando el ómnibus iba lleno a las 19, se convenció de que el plan era una especie de “terrorismo urbano”. Llamó a Patricia Bullrich y le dijo que había que tomar medidas extraordinarias. Estaba en riesgo la gobernabilidad. La ministra le propuso reasignar gendarmes de otras provincias y el envío de soldados del Ejército, un plan que ya había delineado en la campaña electoral. Pero el gobierno se encontró con la resistencia del Ministerio de Defensa. Los militares no quieren intervenir en la lucha contra el narcotráfico. Bullrich tuvo palabras duras, fiel a su estilo frontal. El viernes finalmente se decidió que la participación del Ejército será con el aporte de 150 vehículos para ayudar en el despliegue de gendarmería, que hasta el viernes solo operaba en cuatro barrios de Rosario.

Bullrich tiene un viejo reclamo con Santa Fe, que lo explicitó en su paso anterior por el Ministerio: tienen que cambiar y sanear una policía atravesada por la corrupción y la connivencia con el narcotráfico. Pullaro recostó su confianza sobre la fuerza sin mirar las oscuridades que persisten históricamente. Considera que no es el momento de introducir mayores cambios en medio de la crisis.

Rosario, mientras tanto, espera recuperar la paz. Los últimos días no dieron tregua: el miedo hizo su negocio.

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