Riachuelo: 12 años de injustificables postergaciones
Se cumplen hoy doce años del llamado "fallo Mendoza", con el que la Corte Suprema ordenó la recomposición ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo, la mejora de la calidad de vida de su población, y la prevención de daños futuros. Este nuevo aniversario nos encuentra en una situación sumamente crítica: en la Argentina, el epicentro de la crisis generada por la pandemia de la Covid-19 se da en el Área Metropolitana de Buenos Aires, cuyo corazón es, precisamente, la cuenca Matanza-Riachuelo.
El distanciamiento físico y el aislamiento social no son posibles en barrios hacinados, donde el acceso al agua para la higiene más elemental está, en muchos casos, negado. Los servicios de salud en la cuenca resultan limitados aun en condiciones de normalidad y, por tanto, drásticamente insuficientes frente a un aumento exponencial de la demanda. La fragilidad de la salud de las personas provocada por el desastre ambiental de la cuenca aumenta sustancialmente las chances de atravesar la nueva enfermedad en su versión más severa. Las afecciones respiratorias provocadas por la contaminación del aire son una amenaza de muerte entre quienes dan positivo por el Covid-19.
Cierto es, no obstante, que la sentencia del máximo tribunal del país no fue en vano, ni mucho menos: aun cuando existe un gran escepticismo sobre el grado de avance conseguido tanto respecto del río como en la calidad de vida de la población que habita este complejo territorio, en los 12 años transcurridos desde el histórico fallo las evidencias de mejoras son, aunque insuficientes, innegables y sustantivas; entre ellas, se destacan las tareas de remoción y limpieza de más de 1400 toneladas de residuos sólidos del espejo de agua y de los márgenes, lo que en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se transformó en una política pública; puesta en marcha del programa de Evaluación Integral de Salud en Áreas de Riesgo (Eisar) y construcción de Unidades de Salud Ambiental (USAs); remoción y cierre de un conjunto de basurales a cielo abierto, principalmente en la zona de la cuenca alta del Riachuelo; avance en obras de infraestructura cloacal tendientes a impedir que la mayor parte de los desagües provenientes de la ciudad terminen en el Riachuelo; y acciones -aunque parciales- de relocalización de población en situación de riesgo.
No sería justo ni certero calificar estas mejoras en términos de "cosméticas", ya que contribuyeron a mejorar las condiciones ambientales para una porción importante de la población en situación de riesgo de la Cuenca y, por tanto, sus posibilidades para hacer frente a las consecuencias a las que hoy nos somete la pandemia. ¿Pero pueden estos avances considerarse suficientes? De ninguna manera. Lo señala la propia Corte Suprema: "El plan integral del saneamiento cuenta con un bajo nivel de implementación".
La calidad del agua del Riachuelo no ha mejorado, nuevos basurales clandestinos emergen hasta el día de hoy, y la población relocalizada apenas supera el 20% de las soluciones habitacionales acordadas en 2010. Las industrias todavía liberan sustancias contaminantes al agua, emiten gases y humos tóxicos; los efluentes cloacales se vierten sin un tratamiento adecuado, las villas y asentamientos se expanden sin servicios urbanos básicos, al tiempo que el volumen de residuos aumenta de manera significativa sin contar con sistemas de gestión integral del residuo tal como ordenara la Corte allá por 2008.
Esto pone en evidencia que la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) no logró, en 12 años, cumplir con la finalidad para la que fue creada. Su baja capacidad para articular y coordinar el accionar de las jurisdicciones que integran la cuenca impide políticas efectivas en el territorio. Quienes tuvieron a su cargo la dirección del organismo no tuvieron el peso político necesario para desarrollar sus acciones, o desviaron su influencia hacia tareas poco vinculadas con la finalidad para la que fue creada esta autoridad de cuenca.
La Acumar no ha sabido liderar procesos regionales ni evitar que otros entes adopten decisiones contraproducentes -un ejemplo es la reconversión del Polo Petroquímico de Dock Sud. En síntesis, habrá de observarse de aquí en más cuál es el rol que cumple -o más bien incumple- la Acumar; no hay problema de implementación ni eufemismo político que justifique que, 12 años después, cerca de un 40% de la población aledaña presente plomo en sangre. El saneamiento del Riachuelo debe ser una realidad y, a nivel gestión, sentar un precedente tan exitoso e histórico como el fallo que lo motivara.
Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
Por Andrés Napoli
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