Respetar el derecho a aprender

Comencemos con un silogismo: educar es sinónimo de futuro y es la principal herramienta para el perfeccionamiento humano. La sociedad acepta tales virtudes. Es consciente de que la ignorancia es un flagelo que disfraza la esclavitud y que la buena educación es el mejor camino para desterrar la pobreza y alcanzar el desarrollo del ciudadano y el bien común de la Nación. Los encargados de esta tarea de enseñar a nuestros hijos son los docentes y se valora en ellos su compromiso en el ejercicio de esta responsabilidad. Pues bien, es lógico entonces que la comunidad acepte y apoye que los profesionales que cumplan esta tarea estén retribuidos acorde con la carga que asumen. Si la buena educación de nuestros menores es importante para el país (así lo define nuestra ley de educación 26.206 al establecer en su artículo 3 que "la educación es una prioridad nacional"), quienes llevan adelante esta responsabilidad deben gozar de un salario proporcional a esa importancia.

Ahora bien, hay algunos docentes en nuestro país que, como herramienta para lograr un incremento salarial, han decidido dejar sin clase a millones y millones de alumnos en diferentes establecimientos del país. Y ésta es una de las peores noticias que la Argentina puede recibir. Estamos en un escenario donde se reitera aquel concepto de que el árbol no deja ver el bosque: la huelga docente no deja ver lo que esto significa para la educación del país. Usaremos una metáfora para describirlo. Un avión despega del aeropuerto y en pleno vuelo se encienden distintas luces de alarma: el tablero indica que la aeronave pierde combustible y que el sistema eléctrico tiene dificultades. El avión entra en zona de turbulencia cuando se escucha la voz del comandante que anuncia a los pasajeros que, sin perjuicio de estos inconvenientes y tras una larga deliberación, los pilotos han resuelto declararse en huelga y por tanto no pilotear el avión… El ejemplo es estremecedor por las implicancias hacia los pasajeros. El impacto del paro docente y sus consecuencias para la educación en el país también lo son. Veamos. Es evidente que el ciclo lectivo despegó. Y las luces de alerta también se han encendido en nuestro sistema educativo: cerca del 50% de los alumnos adolescentes no comprende lo que lee, no reúne los conocimientos mínimos ni en ciencias ni en matemáticas, y no termina el secundario; el ausentismo de alumnos y docentes, la repitencia y el abandono están en registros definitivamente altos, no se cumplen los 180 días de clases mínimas, no se cumplen las normas sobre equidad educativa ni muchas de las obligaciones que surgen de la ley de educación en el país. Pues bien, si en este marco, reitero, millones de niños se quedan sin la posibilidad de realizar en esos días las actividades escolares propias de la escuela, la semejanza con no poder volar no parece metafórica.

En este escenario, la pregunta obligada es ¿qué se puede hacer? La ley nacional de educación, en su artículo 115, establece que es función del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, "… declarar la emergencia educativa para brindar asistencia de carácter extraordinario en aquella jurisdicción en la que esté en riesgo el derecho a la educación…". Esta obligación es coincidente con la responsabilidad "principal e indelegable" que el artículo 4 de esta ley coloca en cabeza del Estado y con la garantía del derecho a la educación a su cargo como bien "público y derecho personal y social" que establece el artículo 2. Asimismo, entre las obligaciones de los docentes la ley ordena "a ejercer su trabajo de manera responsable". Para que estas obligaciones se cumplan, los padres y los ciudadanos deberíamos reclamar y hacernos oír. Los docentes y el Estado deben cumplir las leyes y respetar el derecho constitucional de aprender. ¿Cómo es posible que estemos frente a la amenaza de que no se dicten más clases?

Estamos en un momento muy delicado en la educación argentina donde, como vimos, los chicos no están aprendiendo los conocimientos mínimos. Y las perjudicadas son, especialmente, las escuelas públicas y los alumnos de menores ingresos. Para revertir este problema nacional, se necesita como mínimo ir a la escuela y que los maestros enseñen. ¿No deberían asegurarse las horas del ciclo lectivo? ¿Los reclamos y las manifestaciones de los docentes no podrían hacerse en un día y horario que no impida el derecho a educarse que los menores tienen? ¿Qué es más importante y prioritario: el derecho de huelga de los docentes o el derecho de aprender de los niños y niñas que se quedan sin días de clase? La sociedad civil es consciente del derecho del docente a una buena remuneración, pero es absolutamente consciente del derecho constitucional del menor a aprender. "La educación es prioridad nacional" dice nuestra ley y, si lo es, las autoridades y los docentes deben respetar esta norma, mucho más cuando el avión está en pleno vuelo…

© LA NACION

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