Regímenes unitarios con estandartes federales

Despojada de oportunismos y mezquindades, la controversia sobre la transferencia de recursos de la Ciudad a la Provincia tiene al menos una virtud: ilumina la arbitrariedad del sistema de reparto de los fondos federales entre las provincias, que no responde a ningún criterio de eficiencia ni de equidad. No estimula la producción ni alivia la pobreza en las regiones postergadas. No alienta la eficiencia recaudatoria ni la austeridad del gasto, porque el que recauda (antipático) no gasta (simpático), y viceversa. Una carencia ya advertida en la Constitución de 1994 que exigía una nueva fórmula de reparto antes de 1996, y que desde entonces procrastinamos… "para el año que viene".

Que en 24 años ninguno de los gobiernos sucesivos -especialmente aquellos que contaron con mayoría en ambas cámaras- haya impulsado un proyecto de coparticipación entre las prioridades de la agenda legislativa refleja un problema superior: nuestro moroso apego a las normas, aun con aquellas de rango constitucional.

Nuestra democracia claudica a la lógica medieval de confundir federalismo con ¨sálvese quien pueda¨. Un enfoque más de conjunto de aldeas que de nación. Como si fuéramos formoseños, fueguinos o porteños, antes que argentinos

Cuando se resigna que la norma anterior (ley 20.221, marzo de 1973, emanada de un régimen no democrático) podía respetar criterios de eficiencia y equidad (población, densidad, brecha de desarrollo) y que la vigente (ley 23.548, enero de 1988) es arbitraria pero difícil de mejorar por la dificultad de alcanzar consensos entre 24 provincias, nuestra democracia claudica a la lógica medieval de confundir federalismo con "sálvese quien pueda". Un enfoque más de conjunto de aldeas que de nación. Como si fuéramos formoseños, fueguinos o porteños, antes que argentinos.

Cuando se modifica por decreto el reparto de fondos presupuestarios y se argumenta su legalidad por la existencia de uno anterior presuntamente análogo, se lesiona la división republicana de poderes del Congreso para asignar recursos y de la Justicia para arbitrar un conflicto normativo. Como si una presunta ilegalidad pudiera subsanarse con otra.

Cuando se reincorpora el oportunismo al debate, se entiende la conveniencia de invocar objetivos nobles de equidad para transferir recursos a la Provincia de Buenos Aires que, bajo el mismo color partidario nacional y provincial, entre 2002 y 2015 sufrió la erosión del 7% de su participación en recursos nacionales automáticos (hasta llegar al mínimo del 18% en 2015), cuando al fondo compensador del conurbano solo le dejaron el nombre, pero no los recursos.

Cuando se reincorpora la mezquindad, se entiende la conveniencia de que la jurisdicción ahora obligada a ceder recursos esté gobernada por el signo político opositor, que coincide con el de la gestión nacional que entre 2015 y 2019 procuró mayor reparto por la autopista normativa y menos por la banquina discrecional: aumentó del 47% al 59% la porción automática de las provincias en la coparticipación primaria. Instituciones federales. Y que devolvió a la provincia de Buenos Aires -la más postergada en el reparto- el 4,5% de coparticipación secundaria, a través del planteo ante la Corte Suprema y posterior aprobación por ley del Consenso Fiscal, respetando la división de poderes, consensuando con 24 provincias (22 legislaturas refrendraron el convenio) a pesar de tener minoría en ambas cámaras del Congreso Nacional. Instituciones republicanas.

Cuando se despejan las pasiones partidarias, hay coincidencia en la discriminación del reparto contra los bonaerenses: reciben $ 0,6 por cada $ 1 aportado a los fondos federales (hasta 2015 recibían $ 0,5). Más aun cuando concentra a casi la mitad de los argentinos pobres, que no son una responsabilidad exclusiva del gobernador de turno: ninguna provincia argentina podrá desarrollarse con este conurbano bonerense. Menos coincidencia habrá respecto a quiénes deberían compensar a los bonaerenses: los porteños que reciben $ 0,3 (la mitad que un bonaerense) por cada $ 1 aportado a la recaudación nacional, o el resto de las provincias, que reciben $ 1,6 por cada $ 1 contribuido. En todo caso, un debate a resolver en el Congreso, no por decreto (división republicana de poderes).

Pero quizás lo más preocupante de la iniciativa no esté en nada de lo anterior. Sino en el "tironeo del mantel" que, en nombre del federalismo, domina la lógica del reparto del presupuesto público; agravado ahora por la Caja de Pandora que habilitó la redistribución discrecional ante una protesta anómica. Reaviva la expectativa dominante de todas las jurisdicciones de reclamar más fondos ante cualquier iniciativa, sea por ley, por decreto o por revoleo, sin importar la forma ni especificar destino. Elastizar el mantel hasta deformalo, sin importar si los víveres -provistos por el sector privado- quedan cubiertos por una capa de impuestos gruesa y amorfa. Importa el mantel público, no los alimentos privados. Como si más de tres décadas de reparto acrítico no hubieran sido suficientes para comprobar que la abundancia de recursos públicos (en promedio el gasto público actual, nacional y provincial, es casi el doble que el de hace 20 años) no garantiza el desarrollo regional equitativo. Lejos de estimular el desarrollo de las actividades productivas -por ejemplo, con menos carga impositiva local- ni infraestructura social básica -agua potable, cloacas, viviendas-, más bien han servido para financiar estructuras políticas (el empleo público aumentó 65% en 20 años, frente al 25% de incremento de la población) que para aliviar las condiciones de pobreza estructural, tanto para los concentrados en el conurbano como para los más repartidos en las provincias.

Un régimen de coparticipación que consagra una vieja tradición argentina: federales para gastar, unitarios para recaudar. Una lógica no tan distinta al de la nación naciente en el siglo XIX: un gobierno central que procura disponer discrecionalmente de los recursos impositivos (en aquel entonces, aduaneros), mientras flamea las banderas federales. No éramos entonces una democracia consolidada, republicana y federal. Apenas una federación errante.

Exministro de Hacienda de la Nación.Exministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires

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