Régimen de promoción en Tierra del Fuego: un momento para repensar el modelo
A lo largo de sus casi cinco décadas de existencia, el régimen promocional vigente en Tierra del Fuego recibió críticas de distinto alcance. Un breve análisis del mismo permite concluir que en las postrimerías del último ciclo expansivo sectorial (año 2013), el esquema de promoción había consolidado un perfil de especialización hegemonizado por un puñado de grandes agentes económicos, los que internalizaron el grueso de las abultadas subvenciones estatales asociadas a la promoción (algo menos de 1 punto del PBI). Y que se había consolidado fundamentalmente alrededor de los teléfonos celulares, aunque también se resalta una diversidad de productos "nuevos" (computadoras portátiles, monitores, decodificadores, etc.) y "viejos" (aparatos de TV, acondicionadores de aire, DVD, microondas, cámaras fotográficas digitales y de video, etc.).
Ello, asociado a una dinámica ocupacional de cierto dinamismo (en el momento de mayor expansión el empleo directo representó cerca del 20% de la población económicamente activa de la provincia). Y al despliegue de algunos efectos multiplicadores asociados, por ejemplo, al desarrollo de rubros conexos en el ámbito insular (servicios de reparación y mantenimiento, actividades comerciales, inmobiliarias, de logística, etc.) y la vigencia de salarios relativamente elevados para los operarios de las empresas promovidas. Tampoco se debería desconocer la incidencia fiscal del régimen (que permitió una alta rentabilidad a las empresas), ni las presiones que genera sobre el sector externo dado el perfil de especialización prevaleciente.
Se alude que en el país no existe producción nacional de insumos y bienes de capital con la calidad y la escala requeridas como para sostener un proceso de sustitución de importaciones
Sobre esto último, cabe destacar que la expansión sectorial verificada en varios años de los gobiernos del kirchnerismo se sustentó en una suba notable de las importaciones asociada, en no pocas ocasiones, al despliegue de procesos de "sustitución inversa" de una multiplicidad de componentes convalidados o impulsados por algunos aspectos del marco normativo, pero también por la casi total ausencia de políticas industriales activas en pos de una sustitución de importaciones genuina.
En este sentido, desde diversos ámbitos es habitual escuchar argumentos acerca de que la sustitución de importaciones en la electrónica de consumo es muy complicada, si es que no resulta inviable tanto por cuestiones técnicas (ligadas a ciertas características de la estructura industrial doméstica), como por el tipo de vinculación que suelen establecer las empresas terminales con las grandes marcas internacionales. Esta afirmación, que puede ser válida para algunos productos específicos, no debería ser asumida sin más y de manera acrítica. Ello, porque para varios de los insumos y los bienes de capital que importaron las compañías radicadas en la isla es posible detectar evidencias de la existencia de producción en el territorio continental nacional, y en algunos casos con grados de competitividad para nada desdeñables. Se trata de una masa crítica que debería ser aprovechada a la hora de pensar alternativas para el sector y al propio régimen de promoción fueguino (máxime considerando el costo fiscal y sobre la balanza de pagos que el mismo acarrea), lo cual sería sumamente auspicioso en términos macroeconómicos y en lo que hace al necesario debate industrial en la Argentina.
En el marco de los problemas fiscales y en el frente externo que afronta la economía argentina, en los últimos años el régimen fueguino volvió a ponerse en discusión. Desde algunos sectores se plantea que lo mejor que se puede hacer es eliminar la promoción, por lo general sin consideración alguna por las repercusiones que ello acarrearía dada su influencia en materia laboral y sobre el propio crecimiento económico y la dinámica social de la provincia.
Desde otros ámbitos se argumenta que el régimen debe seguir sin mayores alteraciones, precisamente por sus externalidades positivas en el empleo y los salarios, pero nada se dice en cuanto a sus implicancias fiscales y en la balanza de pagos o en lo que atañe a los precios finales de venta al público de los diferentes productos, ni mucho menos a los efectos de la promoción sobre la trayectoria estructural del sector manufacturero. Se alude que en el país no existe producción nacional de insumos y bienes de capital con la calidad y la escala requeridas como para sostener un proceso de sustitución de importaciones; más aún, se arguye que moverse por ese vector conspiraría contra el "esquema de negocios" que suelen establecer las empresas del régimen con los principales "jugadores mundiales" en el campo de la electrónica de consumo.
Estas posturas "extremas" impiden afrontar el debate de fondo, que debería pasar por la identificación de la masa crítica existente en el país para viabilizar procesos sustitutivos de algunos componentes y equipos específicos para la electrónica de consumo. Algo similar podría señalarse en cuanto a cierta redefinición del perfil productivo hacia otros renglones de la electrónica. Se trata de una cuestión sumamente relevante ya que avanzar por esa vía permitiría no solo reducir la demanda de importaciones y el "sacrificio fiscal" del gobierno nacional, sino también acceder a una mayor integración industrial de la provincia con el resto del país (hoy muy acotada) y, en consecuencia, a la dinamización de encadenamientos productivos y la creación de puestos de trabajo en otros espacios geográficos.
La identificación de esa masa crítica constituye la primera etapa en el complejo y necesario proceso de formulación de una política de sustitución de importaciones. Vale enfatizar la importancia de esta problemática por sus conexiones con la macroeconomía y con el desarrollo industrial.
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