Reconocimiento facial y vigilancia en la Argentina

Imagine un mundo sin privacidad, en el que el gobierno posee una capacidad prácticamente ilimitada para rastrear los movimientos de sus ciudadanos, y la posibilidad de caminar por la calle de incógnito se trata solo de una pintoresca reliquia del pasado. Esta realidad está más cerca de lo que se cree. En la Argentina, las tecnologías de reconocimiento facial están siendo desplegadas por todos los niveles de gobierno y a lo largo y ancho de todo el territorio; incluyendo actualmente Jujuy, Salta, Córdoba, Mendoza, San Juan, ciudad de Buenos Aires y Tigre, en la provincia de Buenos Aires.

Si bien estos sistemas se han desplegado ostensiblemente en aras de la seguridad pública, también han facilitado una expansión masiva de los poderes de vigilancia del gobierno. Entre ellos, la capacidad de identificar instantánea y automáticamente a las personas en cualquier espacio público donde se despliegan, desde aeropuertos, hasta plazas y estaciones de transporte público.

Se puede debatir de forma razonable si los supuestos beneficios de estos sistemas, como ser la localización de fugitivos o sospechosos de delitos, merecen la pena por los costos de privacidad que traen aparejado. Sin embargo, lo que no resulta razonable es que esta conversación nunca haya tenido lugar en el marco de un debate nacional y democrático. Una vez más, los derechos fundamentales de las y los argentinos se encuentran a la merced del Poder Ejecutivo, su discrecionalidad y total falta de transparencia sobre un tema tan controversial como es el despliegue de estas tecnologías.

En una reciente investigación conjunta dirigida por AccessNow, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) informó de que en la Argentina “descubrir el alcance de los mecanismos y sistemas de vigilancia utilizados por los distintos niveles de gobierno no es una tarea fácil, ya que la información no está fácilmente disponible a través de los canales públicos, a menos que los medios de comunicación informen sobre ello, o se lleve a cabo una investigación independiente”. Además de la falta de información pública sobre dónde y cómo se han implementado estos sistemas, la investigación concluye que el marco legal de la Argentina es insuficiente para proteger los derechos de privacidad de los ciudadanos frente a la creciente vigilancia gubernamental. La supervisión judicial en este ámbito es incluso limitada, a pesar del riesgo creciente que las mejoras en la recopilación y el procesamiento de datos biométricos suponen para las libertades democráticas fundamentales.

Imaginemos qué pasaría si el gobierno tuviera el poder de identificar instantáneamente a cada persona que participara en una protesta o manifestación política, y que pudiera relacionar esas acciones con los registros laborales, académicos, o con la recepción de beneficios gubernamentales. Peor aún, en un escenario en que la expansión de las bases de datos biométricos federales presenta enormes riesgos de seguridad si estos sistemas son hackeados o utilizados sin la debida protección. Sin ir mucho más allá, en octubre del año pasado se abrió una investigación por una supuesta filtración masiva de datos personales de la base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper), tras la publicación de fotos de DNI y datos personales de ciudadanos argentinos.

Un pasaporte puede ser sustituido, y las contraseñas en línea pueden ser cambiadas. Pero difícilmente se puede cambiar el rostro si los datos biométricos se ven comprometidos. Una vez que se pierde control sobre ellos, resulta prácticamente imposible recuperar el control sobre la propia identidad. Estas preocupaciones son parte de lo que llevó al Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos a abandonar sus propios y controvertidos planes de implantar el reconocimiento facial. No se trata de sugerir que lo que es una buena política para Estados Unidos sea necesariamente bueno para la Argentina, pero los argentinos se beneficiarían de un debate enérgico sobre estas cuestiones, como el que se está llevando a cabo en Estados Unidos y en otras partes del mundo.

En lugar de entrar como un sonámbulo en esta nueva realidad, las y los argentinos merecen un sólido debate nacional sobre hasta dónde deben llegar estas tecnologías. En lugar de ello, hasta ahora hemos visto una total falta de transparencia y responsabilidad, de tal manera que ni siquiera podemos decir con certeza dónde se ha implementado el reconocimiento facial o cuán generalizado será dentro de cinco o diez años. Sin ni siquiera esta información de nivel básico, ¿cómo puede la gente confiar en que existen salvaguardias normativas adecuadas para evitar abusos, especialmente por parte de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia?

Las modernas tecnologías de reconocimiento facial y vigilancia tienen el potencial de facilitar un nivel de control estatal que va más allá de los sueños más descabellados de la generación anterior. Sólo han pasado unos pocos años desde que los argentinos pudieron deshacerse del yugo de la dictadura. Como mínimo, debería haber un debate sólido y público sobre la legalidad, necesidad y proporcionalidad del uso de estas tecnologías, así como de los controles y equilibrios regulatorios razonables que necesitan para ser implementados antes de que el gobierno sea investido con poderes tan masivos.

UCLA Institute for Technology Law & Policy