Que se queden todos

Axel Kicillof confirmó la semana pasada su incorporación formal a la estrategia con la que el oficialismo prevé retener el poder en 2023. El gobernador anunció que irá por su reelección. Algunos funcionarios se preguntan si Fernández aguardará la evolución de esa experiencia antes de decidirse a imitarlo. Si finalmente lo hace, incumpliría la promesa que hizo pública el 17 de noviembre en el acto de Plaza de Mayo. Resolver la totalidad de los cargos electivos en el Frente de Todos a través de una PASO.

Urgido por diferenciarse de Cristina y arrogarle la derrota electoral por haber digitado las candidaturas, es probable que el Presidente haya omitido reparar en las consecuencias negativas de poner en marcha esa propuesta. Debilitar a su propio gobierno es lo más importante. Ningún candidato con expectativas de triunfar defendería a una gestión cuya imagen acumula un alto nivel de desaprobación. Lo mismo que sus principales dirigentes.

Este aparente inconveniente es uno de los argumentos del plan “Seis por seis” lanzado por Kicillof el 9 de diciembre. Una curiosa caracterización de la salida a la crisis que atraviesa la provincia de Buenos Aires. Le atribuye su origen a los cuatro años del gobierno de María Eugenia Vidal y a la pandemia la imposibilidad de superarla en los primeros dos de su mandato. Algo que se compromete a conseguir en los próximos seis años: los dos que les quedan a su gestión más otros cuatro si es reelecto.

Los casi 20 mil millones de dólares que el gobierno nacional espera obtener en créditos del Banco Mundial, el BID y la Corporación Andina de Fomento (CAF), es el otro supuesto de esta especulación. Le permitiría a Fernández reforzar las reservas del Tesoro y habilitar un ambicioso plan de infraestructura: la condición de esos organismos para conceder los fondos. Kicillof se entusiasmó con que Agustina Vila esté al frente del capítulo bonaerense de ese emprendimiento.

La designación de Vila en la Secretaría General y su desplazamiento de la Dirección General de Escuelas es una parábola del clima de tensión y desconfianza. Cristina propuso a Alberto Sileoni para reemplazarla. La decisión fue acatada por Kicillof para evitar que Mario Oporto llegue a ese cargo. El exresponsable del área educativa en el gobierno de Daniel Scioli es el subsecretario de Relaciones Internacionales de Martín Insaurralde.

El jefe del Gabinete supo horas antes del “Seis por seis”. Es decir, del anuncio que haría Kicillof sobre su reelección. Los colaboradores del gobernador le atribuyen todos sus males a los intendentes que acusan de intervenir la gestión. También sospechan que le vaciaron el acto. Sobre todo por la reducida comitiva enviada. Apenas Juan José Mussi (Berazategui) y Alberto Descalzo (Ituzaingó). Especialistas con dilatada trayectoria en relaciones protocolares.

Kicillof incurrió ese día en una audacia que deberá reparar Insaurralde. Designó a Florencia Saintout (Cultura), Daniela Vilar (Medio Ambiente) y Jorge D´Onofrio (Transporte) como miembros del gabinete sin que la Legislatura bonaerense modifique antes la ley de Ministerios. Otro tema a negociar con la oposición pero que explica el apuro de Kicillof, temeroso que Insaurralde y Máximo Kirchner exijan la creación de más carteras con la excusa de garantizar la sanción del Presupuesto.

El hijo de la vicepresidenta y el ministro del Interior, Wado de Pedro, no asistieron a ese lanzamiento pese a estar invitados. Esas ausencias habilitan un imaginario brumoso entre los intendentes. Dudan del respaldo de Cristina y Máximo a esa iniciativa. Las aparentes decisiones inconsultas de Kicillof tendrían el efecto contrario al deseado. Entre ellos circula que Mara Ruiz Malec renunciaría al Ministerio de Trabajo en enero. Nadie sabe si es un rumor o un deseo por el que se esmeran. ¿Desembarcarían allí Mariano Cascallares o Alejandro Dichiara? Tanto el intendente de Almirante Brown como el de Monte Hermoso fueron electos diputados. Los dos responden a Insaurralde. Si uno de ellos pide licencia a ese cargo, habilitaría el ingreso en su lugar de Facundo Tignanelli. Insaurralde y Máximo mantienen una alianza estrecha. Los dos desean ser candidatos a gobernador. Una posibilidad atada a cambios significativos en el desempeño del gobierno nacional y el bonaerense. La razón por la que reclamaron ser incorporados.

Si el resultado de esa operación es favorable podría colocarlos en una contradicción. Contribuir a que se fortalezca la posibilidad que el Presidente y el gobernador se postulen a la reelección. Un escenario donde todo lo relacionado con el PJ cobra otra dimensión. Es la estructura jurídica y electoral en torno a la que se articula el Frente de Todos. Fernández preside el PJ nacional, con una mayoría cristinista. La Corte acaba de rodear de incertidumbre la asunción de nuevas autoridades en el peronismo bonaerense.

La Cámara Nacional Electoral aceptó que Fernando Gray acuda con un recurso de queja extraordinario al máximo tribunal para plantear la nulidad del proceso por el que mañana Máximo asumirá como nuevo presidente del PJ bonaerense. El intendente de Esteban Echeverría y vicepresidente de ese partido hasta el 19 de diciembre impugnó al jefe de La Cámpora por no reunir los requisitos para conducirlo.

El artículo 64 de la Carta orgánica exige una antigüedad de dos años. Máximo se afilió al PJ bonaerense el 12 de febrero de 2021. La misma situación que Andrés “El Cuervo” Larroque, afiliado el 3 de marzo del 2020. Gray además denunció la doble afiliación de al menos otros siete consejeros elegidos con Máximo. Liliana Schwindt, exdiputada del Frente Renovador, la intendente de Moreno, Mariel Fernández y el diputado nacional Walter Correa figuran entre esos casos.

La Cámara falló dos días antes que la Corte declare inconstitucional por unanimidad la actual composición del Consejo de la Magistratura con 13 miembros y exija a ese cuerpo y al Congreso restaurar la original de 20 miembros con la presidencia a cargo del titular del máximo tribunal: Horacio Rosatti. Hay algo casi tan importante como la pérdida de la mayoría que tuvo hasta ahora el oficialismo. La movilización de todos los colegios de abogados en el país para completar los dos nuevos cargos que se sumarían a otros dos existentes.

Las listas vinculadas al radicalismo se impusieron en las tres últimas elecciones. Una tendencia que le da otro sentido al pedido de despabilarse efectuado por Cristina a la UCR. A la vicepresidente la entusiasma que el modesto cisma de ese partido repercuta en este proceso. Lo mismo ocurre entre los intendentes del PJ que analizan la posibilidad de modificar la ley que limita su reelección con el consenso unánime de los de Juntos. Una negociación donde los del radicalismo están a la vanguardia.

El Consejo de la Magistratura selecciona aspirantes al Poder Judicial, controla el desempeño de sus miembros y analiza la posibilidad de someterlos a juicio político. Según el monitor de diciembre de la consultora Taquión el Poder Judicial (83,3%) y el político (80%) son los que inspiran menos confianza en la opinión pública. Con dos exdirigentes en sus filas, la Corte parece haber comprendido la necesidad de una regeneración.

Algo en apariencia incomprensible para el oficialismo y la oposición, atrapados en su propio desconcierto. Lo que los enfrenta al riesgo de repetir experiencias desafortunadas. Una posibilidad latente en la consigna que subyace en sus acuerdos. Que se queden todos. El inquietante reverso de la sentencia que predominó en las protestas callejeras de hace 20 años, cuando estalló la crisis de representación más importante de este siglo.