Propuesta para pagar la deuda
En 2001 el presidente Adolfo Rodríguez Saá anunció ante el Parlamento la suspensión del pago de la deuda externa. La Argentina, con un pasado de endeudamiento, siempre había honrado sus obligaciones. Sarmiento nos calificaba con ironía como "los grandes deudores del Sud", y Avellaneda afirmaba que "el crédito de la Nación -se refería a la fe del mundo en nosotros- es tan importante como el Himno y la Bandera". Quebrada esa fe, provocaríamos la mayor crisis de confianza.
En 1976, el gobierno militar heredó una deuda pública interna y externa de US$9000 millones; al fin de su mandato fue de US$44.000 millones. Alfonsín la elevó a US$63.000 millones; Menem, a US$122.000 millones; De la Rúa, a US$145.000 millones, y Rodríguez Saá declaró el default. La deuda tenía vencimientos anuales; al no pagarse los refinanciábamos con mayores costos. Los intereses se abonaban en efectivo, incrementando el déficit del presupuesto que cubríamos con más crédito. El gobierno de Kirchner lanzó en 2005 y 2010 canjes de deuda, ofreciendo a los acreedores cobrar a 30, 35 y 42 años, con quita promedio del 44%, compensada por cupones ligados al crecimiento del PBI que acrecentaron el déficit. Ante la alternativa de no cobrar, el 92,4% de los acreedores aceptó el canje, según Cristina Kirchner "porque creyeron en la Argentina". Esto generó los "fondos buitre", que compraron bonos a quienes no aceptaron el canje: la Corte Suprema de EE.UU. obligó a pagarles (2014). Eso marcó el fin de nuestro mayor período de endeudamiento no honrado (1976-2014), con una deuda interna y externa de casi US$213.000 millones.
Tras el default, en 2002 la Fundación Sales -estudiosa y promotora de la economía del conocimiento- decidió elaborar una propuesta para detener el endeudamiento perpetuo y saldar la deuda con crecimiento económico. Convocó a dos organizaciones de la sociedad civil: la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas (UCA), que aportó economistas dirigidos por su decano Ludovico Videla, y el Grupo Redes, dirigido por Mario Albornoz, que brindó la estadística en ciencia y técnica necesaria para crecer.
La propuesta no pedía quitas del capital. Reducía al 3% los altos intereses. Una parte muy menor de dicho interés (0,09 al 0,37% en 4 años) se depositaba a nombre del acreedor en un fondo fiduciario, para financiar a empresas innovadoras que impulsen investigación y desarrollo (I+D), motor de crecimiento en la economía del conocimiento. El fondo recibiría en 4 años US$1600 millones, cifra inédita en el país, y cotizaría en bolsas y otros mercados, dentro y fuera de la Argentina, protegido de riesgos políticos e institucionales. Operaría como un "banco del conocimiento", expresión del Nobel de Economía Joseph Stiglitz, maestro del actual ministro de Economía. Se buscaba robustecer la economía para recuperar la capacidad de pago. Bajo el espíritu de los concursos preventivos -salir juntos adelante- el deudor reconocía el derecho del acreedor a cobrar lo que prestó, y el acreedor favorecía la capacidad de pago del deudor, sacrificando parte del interés, pero beneficiándose con la recuperación del capital.
La propuesta contiene el camino que implementaron países desarrollados para crecer: la inversión en conocimiento, en I+D. Israel y Corea del Sur encabezan el ranking, con una inversión en I+D de más del 4,5% de sus PBI. EE.UU. y China, con los PBI más altos del mundo, invierten 2,8% y 2,1%, respectivamente. La Argentina: 0,55%. El premio Nobel de Economía 2018, Paul Romer, indica que muchos economistas no ponen atención en la correlación entre crecimiento económico e inversión en conocimiento. Para ello es necesaria la inversión empresarial en I+D. En los países avanzados la industria aporta del 50 al 75% de la inversión total en I+D. En la Argentina dicha inversión descendió del 29,3% (2007) al 16,5% (2017). El Banco Mundial criticó "la muy baja inversión de las empresas argentinas en I+D, su escasa cultura innovadora".
El Ministerio de Educación y Ciencia incorporó la propuesta a su Plan Nacional 2004 y el viceministro de Economía de entonces, Jorge Todesca, la consideró un muy buen camino, no aprobado por el ministro Roberto Lavagna, que optó por la mencionada quita a los acreedores y el pago de lo adeudado en décadas. La propuesta debe actualizarse hoy, a través de los ministerios de Economía y de Ciencia, teniendo en cuenta que contiene un probado camino de crecimiento económico que permitirá honrar nuestras obligaciones.
Por Arturo Prins
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