Promover el bienestar y asegurar los beneficios de la libertad

En conmemoración de nuestra independencia, el 9 de julio en Tucumán, Alberto Fernández radicalizó su discurso y relativizó el valor inexcusable de los derechos individuales, consagrados por nuestra Constitución. No por nada el #9-J pasará a la historia como un hito en la saga de protestas populares contra la inmoralidad pública y el atropello sistemático que caracterizan al Gobierno. Si bien fue convocada por la mesa de enlace, la masiva protesta estuvo integrada por porciones muy heterogéneas de la población. Jubilados, docentes, comerciantes, personal de la salud, estudiantes, productores, gastronómicos y familias, adhirieron libremente al lema de la convocatoria: “Ciudadanos movilizados en defensa de la producción, el trabajo y la educación”. Y el presidente de la FAA supo calibrar el humor social cuando dijo: “El pueblo se tiene que levantar, no estar de rodillas, […] porque no quiero que mis hijos se vayan del país, no es [el país] que queremos para nuestros hijos”. El mensaje del #9-J al presidente Fernández fue contundente: no se puede vitorear la libertad y, al mismo tiempo, impedir que los ciudadanos ejerzan sus derechos.

En nombre del “estado de excepción”, el Gobierno ha violado los derechos al trabajo, a la educación y a la salud. Al tiempo que, durante 2020, se perdió una gran cantidad de puestos de trabajo, el Gobierno persistió estrangulando con más impuestos a una clase media productiva en vías de extinción. Habida cuenta del nutrido estrato trabajador, que Alberto Fernández ha doblegado a fuerza de obstinación y decretos, la contienda electoral de noviembre podría derivar en un resultado adverso. Mientras los expertos en educación advertían que “cerrar las escuelas no es una estrategia operativa” para enfrentar la pandemia, el Gobierno persistió en relativizar el derecho a la educación, al punto de producir un significativo número de estudiantes que han quedado fuera del sistema. Por su parte, Máximo Kirchner busca justificar lo injustificable: enmascara la opacidad de la gestión con Pfizer proclamando un orgullo espurio. La patria kirchnerista prefiere declinar millones de dosis y justificar millones de nuevos contagios bajo un necio pretexto ideológico. A nadie sorprende la soberbia de los privilegiados. Con más de 100.000 muertos, el Gobierno persiste en el latiguillo de “cuidar la vida”.

La limitación impúdicamente discrecional de las libertades ha desenmascarado la oligarquía vip de los miembros del Gobierno y cortesanos exceptuados. El día de nuestra independencia debería ser una conmemoración de la forma republicana. Máxime cuando los voceros del kirchnerismo sostienen que hoy “los argentinos necesitan que los cuidemos”, y que “no debemos preocuparnos por el republicanismo”. El desprecio por los derechos individuales es un motivo recurrente en las dictaduras, y la ley pandemia propuesta para la salud del pueblo argentino es una verdadera caja de Pandora si la leemos bajo el prisma del discurso presidencial del 9 de Julio. Abramos los ojos. Aunque las condiciones sean diferentes, la ley habilitante que en el 33 concedió facultades extraordinarias al ejecutivo y la potestad de sortear al Parlamento encaminó a Alemania en el sendero totalitario. Y lo más alarmante: fue promulgada bajo la premura del estado de excepción, como “remedio” para las “urgencias del pueblo alemán”.

Alberto Fernández prolongó con propósitos definidos un aislamiento innecesario, y, con el pretexto de la emergencia sanitaria, el “estado de excepción” que a todas luces propone extender se ha vuelto “la norma en que vivimos”. Declarar que “la libertad concebida como un derecho individual es un tremendo acto de egoísmo” revela la perversa deriva del discurso oficialista. Pretender presentar la libertad como un hecho colectivo es una trampa. La libertad no es colectiva, pues el pueblo no es una entidad mística concebible a imagen y semejanza de un hombre con inteligencia y voluntad propias. La libertad y las libertades se predican en primer lugar de los seres humanos, cuyos derechos son inalienables. La Constitución garantiza su resguardo y los gobiernos se establecen expresamente para su protección. En consecuencia, los regímenes deben justificar las limitaciones a esas libertades, en lugar de presentarlas como formas de egoísmo. Ni el más grande teórico del absolutismo, Thomas Hobbes, con su liberalismo germinal, hubiera legitimado un Leviathan que no protege la integridad física de los súbditos. Los números no mienten: mientras Uruguay tiene más del 54% de la población vacunada con dos dosis, la Argentina ostenta el lastimoso 11%.

A diferencia de la libertad, encarnada en derechos inviolables, el poder sí es plural o colectivo, por eso predicamos la soberanía del pueblo, que dándose a sí mismo una Constitución establece un régimen. Constitutio libertatis es el acto por el que instituimos precisamente nuestra libertad. La corporizamos en instituciones, estableciendo las mismas reglas de juego para todos, como corresponde a las repúblicas, y demarcando las fronteras que no podemos –ni gobernantes ni gobernados– traspasar, so pena de romper el contrato social. Nuestros constituyentes nunca dijeron “que la libertad no es un acto individual”, y decir que lo que “garantiza la libertad es vivir en una sociedad libre” es un enunciado circular que solo demuestra el magro nivel intelectual de los consejeros del Presidente. Lo único que preserva la libertad es honrar el pacto original que nos constituyó como república. Al Presidente, en primer lugar, a todo funcionario público y a todos los ciudadanos nos vincula el poder del primer juramento. La indignación generalizada que causó su discurso se debe a que, lisa y llanamente, insinúa la intención de romper el contrato.

Jorge Luis Borges dijo: “La patria, amigos, es una acto perpetuo. […] Somos el porvenir de esos varones. […] Nadie es la patria, pero todos debemos ser dignos del antiguo juramento”. Como reza el Preámbulo de la Constitución nacional, “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar y asegurar los beneficios de la libertad”.

Doctora en Ciencias Políticas, licenciada en Filosofía

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