Privilegios de la vida presidiaria en el gobierno de las incongruencias
La semana pasada trascendió el dato de una inversión millonaria del gobierno nacional -más específicamente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)- destinada a proveer de mejor conexión de internet al Sistema Penitenciario Federal, es decir a las cárceles. Se trató de una suma de mil millones de pesos para cambiar el tendido de fibra óptica en los establecimientos carcelarios, para que la conectividad sea más eficiente.
Los motivos que dan las autoridades para semejante asignación de recursos se deben a las dificultades que implica la pandemia -con esta particular y pronunciada suba de casos reciente- para sostener audiencias que, en condiciones normales, implican traslados de los presos a los tribunales. No existiendo esa posibilidad, se apuesta por la modalidad virtual, del mismo modo en el que se apeló a este método para sostener la actividad escolar durante el confinamiento. Ya de esta similitud nos surge preguntarnos: ¿por qué no vimos un gesto similar del Gobierno para asegurar y mejorar la conectividad de los chicos que no podían asistir a clases?
Hay que recordar (aunque las madres y padres que lo padecieron lo tienen fresco en la memoria) que 2021 fue, en gran medida, un año de tensiones innecesarias sobre el capricho irracional por parte del Gobierno de mantener las escuelas cerradas, mientras los casinos y los shoppings funcionaban casi normalmente. En los momentos más álgidos de la discusión entre el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires contra miles de padres, madres y familias que –asistidas por la razón epidemiológica y por el valor de su reclamo– pedían que se abran nuevamente las escuelas, no presenciamos nada semejante a esta iniciativa que hoy se aplica a las cárceles con tanta liviandad.
Esto parece especialmente grave dado que se argumenta además que una mejor conectividad les permitirá a los presos poder estudiar y formarse en mejores condiciones. Es decir, se argumenta sobre el potencial educativo de la inversión, lo cual revela las extrañas prioridades del gobierno nacional que no dejan de asombrarnos. ¿Por qué los presos sí, pero nuestros chicos no? ¿Por qué las familias, especialmente las más humildes, tuvieron que cargar con las dificultades de una escolaridad arbitraria e indebidamente interrumpida sin recibir las mínimas herramientas tecnológicas adecuadas para sostener, aunque sea endeblemente, esa estresante situación cotidiana? Esa pregunta, que fue gravitante el año pasado, adquiere a la luz de estos nuevos acontecimientos un peso aún mayor. Y es también parte de una pregunta mayor, que apunta a qué hace el Gobierno con la plata del Estado (o sea, con nuestra plata). ¿Dónde están sus prioridades?
Pero se suma además otro elemento objetable que tiene que ver con los privilegios extraños de los que gozan en la Argentina las personas que están, por motivos de su accionar indebido, privadas de su libertad. ¿Qué garantías nos da el Gobierno de que esta mejora en la conectividad no será aprovechada por los focos delictivos que operan en las cárceles para expandir y potenciar sus operaciones? El proyecto no incluye nada en esa dirección.
Basta recordar, como contrapunto, una innovación legislativa presentada en 2014 por los entonces senadores nacionales por la ciudad de Buenos Aires, Gabriela Michetti y Diego Santilli, que consistió en colocar inhibidores de señal de celulares en las cárceles y en la realización de controles, en cada establecimiento, de los llamados telefónicos y contactos vía internet, que estarían disponibles para eventuales investigaciones judiciales por ciberdelitos y de otras índoles.
No hay que olvidar que las cárceles son puntos de encuentro y contacto de muchos delincuentes que siguen ejerciendo, aún en reclusión, sus roles dentro de las organizaciones delictivas que integran, como saben todos los que siguen y estudian la problemática del narcotráfico (de hecho uno de los primeros establecimientos que gozará este upgrade informático es el penal de Marcos Paz, que aloja a muchos de los cabecillas más peligrosos del narco en la Argentina). El proyecto actual, que abunda en las virtudes educativas y logísticas de la medida, no incluye ninguna consideración de este tipo, tan vital para la seguridad de la ciudadanía.
El derrotero de deterioro en esta cuestión es palpable: en marzo de 2020, con la excusa de la pandemia, se levantaron las restricciones al uso de celulares en las cárceles, dando a los delincuentes más oportunidades de comunicarse con el mundo exterior y por ende más herramientas para delinquir. Hace poco trascendió la noticia de un grupo de presos de Florencio Varela que es furor en Tik Tok, transmitiendo desde la cárcel (y que expresan todo un fenómeno de tiktoks hechos desde establecimientos carcelarios). Los delincuentes transmiten con teléfonos que deberían solamente utilizarse para que los reclusos se comuniquen con sus familias (¿teléfono fijo no hay en las cárceles?) pero en los establecimientos reconocen que no pueden controlar que todos los presos los usen adecuadamente.
Más allá de la “nota de color” de los presos que hacen videos en Tik Tok, este dato se vuelve verdaderamente preocupante. ¿Por qué los delincuentes pueden tener acceso a herramientas cuyo buen uso, según admiten en el propio Sistema Penitenciario, no se puede controlar? ¿Qué nos garantiza que esta mejora en la conectividad no será un hito más en esta progresiva emancipación de los delincuentes (que incluyó, como recordarán todos, liberación de presos durante el comienzo de la cuarentena)? El proyecto no lo dice.
Nuestro rol como oposición es, en gran medida, complementar estas fallas del poder de turno aportando los elementos que faltan para una consolidación de la república en cada medida de gobierno. Siendo así, es nuestra intención promover que esta normativa tan necesaria como ausente vuelva a la escena: un conjunto de herramientas y dispositivos legales que limiten las libertades de comunicación de los presos y que resguarden, por consiguiente, la seguridad de la ciudadanía.
Más allá de esas implementaciones necesarias, el proyecto padece -de cualquier modo- de mal timing. ¿Es este el momento para una inversión de esta magnitud, orientada a estos objetivos? Con una de las crisis económicas más graves de las que se tenga memoria (inflación galopante, desempleo, retraso cambiario, desactualización tarifaria, etc.) y a la espera interminable de un acuerdo con el Fondo que no se termina de resolver, pero que con toda seguridad nos va a exigir el ejercicio de sensatez de no derrochar los fondos públicos, este tipo de noticias muestran un desorden en las prioridades del Gobierno que ratifica su intención de seguir consolidándose en los sectores sociales que ya lo apoyan (siendo los presos, justamente, uno de ellos, como muestran los últimos resultados electorales).
Es típico del kirchnerismo hacer este tipo de cosas, mediante las cuales se quiere mostrar como un gobierno que piensa en los “postergados” (como si un preso fuese víctima de las circunstancias y no de sus muy malas decisiones). Pero estas cosas muestran la hilacha, cada vez más conocida por todos los que padecemos sus decisiones que, cuando no son meramente erróneas son directamente autoritarias. ¿A quién postergan estas medidas a favor de los postergados? ¿Las ciudadanas y ciudadanos argentinos tenemos que esperar a convertirnos también en postergados para que nos toque una? Quizás en su lógica tan peculiar ese es el camino que sigue el gobierno. Habrá que ver si la ciudadanía lo acompaña.
Diputada provincia de Buenos Aires (Juntos)
Conforme a los criterios de
