Primer round contra las reformas promercado
La Tercera Ley de Newton establece que toda acción genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto. A juzgar por lo ocurrido el miércoles pasado en todo el país con el paro y la movilización de la CGT y otros grupos opositores, este principio elemental de la física moderna no parece aplicarse a la tensa coyuntura argentina. Tanto el DNU como la denominada “ley ómnibus” que envió el Gobierno al Congreso están sufriendo embates significativos que limitan, o incluso anulan, los objetivos buscados por la administración Milei. Una catarata de medidas cautelares, en especial en el fuero laboral, erosiona el espíritu revolucionario que caracterizaba al decreto desregulador. “En esta feria, la Justicia funciona como una suerte de antídoto frente al veneno del mercado”, señaló con ironía un conocido letrado que, de todas formas, no pierde las esperanzas. “Esto terminará, más temprano que tarde, en la Corte”, que contará con la ventaja relativa de fallar luego de que el destino de la ley ómnibus quede marcado a fuego por el Poder Legislativo. En este sentido, las concesiones que se vio obligado a hacer el Gobierno para lograr un mínimo consenso con los bloques “dialoguistas” tuvieron un impacto no menor desde el punto de vista fiscal. Falta el debate en el Senado, donde difícilmente no se incluyan nuevas modificaciones.
Más allá de la discusión por el efecto distributivo y sectorial del ajuste, tanto en términos impositivos como de recortes de gastos y privilegios, en estos días quedó de manifiesto que la esencia y la filosofía de las reformas promercado cuentan en principio con más apoyo del que muchos esperaban. Un varias veces funcionario K admite en privado que, al margen de todas las diferencias de fondo y de contenido, “alguien tenía que ordenar este …lombo”. El paro dejó en evidencia que los heterogéneos sectores que se oponen a este giro copernicano que pretende implementar el Gobierno carecen de una narrativa para explicar el fracaso del modelo estatista implantado desde 2002 y, fundamentalmente, de un discurso alternativo y superador.
Desde esta perspectiva, sorprende la asimetría o el desbalance entre reformistas y contrarreformistas: la avanzada de los primeros encuentra una resistencia flojita de argumentos consistentes, incluyendo la siesta estratégica que la central obrera durmió entre 2019 y 2021. Al menos tuvieron el decoro de prescindir de la excusa de la guerra en Ucrania, que continúa y está por cumplir dos años, como motivo de su incomprensible inacción. Por otra parte, los voceros de la contrarreforma parecen haber sido seleccionados en un casting organizado por Santiago Caputo: ninguno tiene buena imagen en la opinión pública ni plantea argumentos originales ni imaginativos, más allá de la defensa corporativa. Sorprende incluso que denuncien la inflación actual como resultado de la devaluación de diciembre, como si se tratara de un problema nuevo.
Según un sondeo reciente de D’Alessio-IROL/Berensztein, los sindicatos pasan tal vez por su peor momento en su vínculo con la ciudadanía: el 71% de las personas tiene poca (19%) o ninguna (52%) confianza en ellos. El 15% expresa “algo” de confianza. Siempre existen minorías intensas y militantes: el 8% declara “bastante” y el 4% “mucha” confianza en estos actores que desde fines del siglo XIX protagonizan, con suerte variada, la vida política nacional. Considerando el voto en la segunda vuelta de noviembre pasado, incluso un 47% de los votantes de UP expresa poca (24%) o ninguna (23%) confianza en ellos. Evidentemente, la “columna vertebral” del movimiento justicialista experimentó una degradación enorme.
La mayor parte del ecosistema político nacional no goza comparativamente de un prestigio superior, pero el Presidente sigue siendo una de las tres figuras con mejor imagen del país, junto con su vice, Victoria Villarruel, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Más aún, el Poder Ejecutivo genera mucha más confianza (total, 14%; bastante, 22%; algo, 18%; poca, 12%; ninguna, 32%; nótese que la suma de estos dos últimos conceptos coincide con el porcentaje de voto de la fórmula Massa-Rossi en el balotaje).
Algunos referentes del peronismo reconocen, en privado y en algunos casos hasta en público, que la medida de fuerza de la CGT fue precipitada y extemporánea. “Quisieron aprovechar nuestra falta de liderazgo para recuperar algo de influencia”, indicó un exgobernador. Al margen de las entendibles ausencias de CFK y Sergio Massa, ninguno constituye hoy una figura aglutinante que pueda, en la práctica, coordinar las acciones y los comportamientos de los integrantes de este multiforme movimiento. Tal vez el hecho más revelador que dejó este miércoles, que no va a modificar en absoluto la agenda política ni el trámite parlamentario del proyecto del Ejecutivo, sea que tres diputados tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, que decidió apoyar la ley ómnibus luego de intensas negociaciones con el ministro del Interior Guillermo Francos, se han escindido del bloque de UP conducido por el santafesino Germán Martínez para conformar uno denominado “Independencia”. A propósito, Jaldo logró mantener, entre otros beneficios, la histórica protección que siempre tuvo el azúcar, además de evitar que se impusieran retenciones a las exportaciones. Milei puede sentirse orgulloso de emular, en este sentido, a las figuras más emblemáticas del orden conservador con el que tanto se identifica: el proteccionismo al azúcar, como ocurría también con el vino mendocino, fue implementado como parte de un acuerdo político con las elites de ambas provincias.
¿Cuál es el margen de maniobra que, en principio, conserva el oficialismo luego de esta singular experiencia en la Cámara de Diputados? Es indudable que la imagen de intransigencia que al comienzo del proceso quiso imponer el Presidente terminó muy matizada por las intensas negociaciones llevadas adelante por su equipo político. El papel de “policía malo” quedó en manos del ministro Luis “Toto” Caputo, que buscó ejercerlo nada menos que con uno de los diputados más flexibles y sensibles a las necesidades del Gobierno: Miguel Pichetto. Las incompatibilidades o los roces de personalidades tampoco colaboran para que oficialismo y los bloques “dialoguistas” puedan acordar un texto definitivo. La Argentina siempre se parece a sí misma, trabada en las derivaciones de la persistente irresponsabilidad fiscal y los típicos problemas de egos.
Dentro de la CGT predomina la cautela. No quieren, ni pueden, convertirse en el principal vector de oposición. Tampoco están dispuestos a impulsar un “plan de lucha” que los posicione en el liderazgo de la contrarreforma. Algunos dirigentes dialogan con, y esperan la reacción de, los principales movimientos sociales, que no tienen del todo claro cuánto del ajuste caerá en los recursos que hasta ahora manejan. El Gobierno logró detectar, con un simple cruce de bases de datos, los casos más escandalosos de fraudes y superposiciones, como, por ejemplo, empleados públicos o turistas que recibían planes. Esto tiene importancia simbólica, aunque el efecto cuantitativo sea marginal. Pero la CGT se caracterizó, durante más de medio siglo, por continuar con el legado del Lobo Vandor: pegar y negociar. Si el Gobierno está dispuesto al diálogo “constructivo”, como viene ocurriendo en Diputados, encontrará en la mayoría de los que integraron el palco en la Plaza del Congreso una clara predisposición para alcanzar acuerdos.
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