Precios: fracasos del pasado y del presente

Un tiempo atrás las autoridades económicas del gobierno negociaron con las principales firmas del país un acuerdo de precios para garantizar el control de la inflación y la estabilidad económica. El mismo no tuvo los resultados esperados y pocos meses más tarde una inflación galopante terminó de desarticular el plan económico vigente.

El párrafo anterior no es una predicción ni futurología sobre la evolución del contexto actual sino una breve descripción de una de las medidas que caracterizaron al Plan Primavera implementado en 1988 por el gobierno de Raúl Alfonsín. Si bien en este caso el foco estaba en los precios industriales y no los de consumo directo, en ambos el gobierno encabezó una negociación directa para limitar la suba de ciertos productos. Existen importantes diferencias entre el contexto económico de períodos anteriores y el actual pero las similitudes -que funcionarios del actual gobierno no se cansan de negar- también pueden sorprender a propios y extraños.

El reciente acuerdo de precios marca una interesante similitud con convenios que fracasaron en otros períodos históricos del país. La explicación para entender dichos fracasos tiene que ver con las consecuencias implícitas que este tipo de acuerdos tiene para los principales actores económicos.

Los pactos de precios son muy difíciles de sostener en el largo plazo. Principalmente porque distorsionan el comportamiento de los actores económicos

En términos ideales, los acuerdos de precios pueden beneficiar sobre todo a aquellos sectores más afectados por la inflación que pueden garantizarse así el acceso a ciertos bienes a precios estables. Simultáneamente, los mismos presionarían a la baja del precio del resto de los productos de otras marcas que están en directa competencia con aquellos acordados. Sin embargo, es probable que esto no ocurra. Los pactos de precios son muy difíciles de sostener en el largo plazo. Principalmente porque distorsionan el comportamiento de los actores económicos. Por un lado, aquellas empresas que realizan el convenio en algunos de sus productos probablemente lo hagan para poder tener la vía libre con respecto a otros de sus artículos o bien tengan algún tipo de compensación vía subsidio, garantía de conseguir sus insumos también a precios controlados u otra contrapartida. Cualquiera de estas opciones es inadecuada en tanto y en cuanto distorsiona la asignación de recursos para la producción de bienes y/o decisiones de inversión. Asumiendo que el acuerdo tuviese éxito ¿cómo haría un pequeño productor que no tiene la estructura para absorber los costos en alza y mantener un nivel de precios bajo? Claramente, este gobierno cree -o al menos se manifiesta en los discursos de algunos funcionarios- que la estructura de costos no ha subido sustancialmente y que el alza de precios es consecuencia de beneficios extraordinarios de ciertos actores económicos. La generalización de este argumento para todos los bienes de la canasta media del consumidor argentino resulta endeble tan sólo al considerar el aumento de salarios siempre superior al 20% que han acordado los principales sindicatos en los últimos años y que impacta directamente en la mencionada estructura de costos.

La intención del Gobierno de enviar a fiscalizar el cumplimiento del acuerdo pone en evidencia los obstáculos existentes

Desde el punto de vista del consumidor, ya se ha analizado cómo hasta el momento ha sido muy dificultoso encontrar todos los productos del convenio a los precios acordados. Incluso, la intención del Gobierno de enviar a fiscalizar el cumplimiento del acuerdo pone en evidencia los obstáculos existentes al respecto. Justamente aquellas medidas que intentan imponer de facto el nivel de precios de los productos corren el riesgo de incentivar comportamientos de búsqueda de beneficios extraordinarios denunciados por el Gobierno.

Para finalizar, dos puntos deben ser resaltados: el convenio de precios no es algo novedoso en la historia argentina y ha sido utilizado previamente como instrumento para controlar la inflación. Dichos acuerdos pueden sesgar negativamente la asignación de recursos y decisiones de inversión de mediano y largo plazo como así también generar incentivos equivocados a los principales actores económicos. Si bien dejar las decisiones al libre mercado puede producir abusos y rentas extraordinarias por parte de los actores económicos más poderosos, también la intervención directa sobre la cadena de precios corre el riesgo de generar comportamientos indeseados para la sociedad en el largo plazo.