Juicio político a la Corte Suprema, una cortina de humo

Se acerca el momento de las definiciones en el intento de juicio político a todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que promueve el kirchnerismo en la Cámara de Diputados. Por lo que parece oportuno aclarar y destacar la verdadera causa de esa embestida contra el más alto tribunal de la república.

La decisión del gobierno nacional de promover el juicio político a todos los jueces de la Corte Suprema tuvo su origen en una sentencia del tribunal. Concretamente, en la medida cautelar dictada el 21 de diciembre de 2022, por la cual se ordenó al gobierno del presidente Fernández restablecer, en buena medida, la coparticipación federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que había sido brutalmente recortada mediante el decreto 735/2020, impugnado por la ciudad.

El cuestionado decreto, a su vez, tiene su propia historia. A principios de septiembre de 2020 la policía de la provincia de Buenos Aires reclamaba incrementos salariales y llegó a rodear la quinta de Olivos, residencia del presidente de la Nación. Con el fin de auxiliar al gobernador Kiciloff y proporcionarle recursos para satisfacer las demandas de la policía, para que los uniformados depusieran su actitud, el Presidente no tuvo mejor idea que sacarle fondos de la coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pasárselos, así de un plumazo, a la necesitada provincia.

Esa arbitraria decisión fue impugnada judicialmente por la Ciudad y, luego del trámite de rigor, originó la medida cautelar del 21 de diciembre de 2022.

Lo primero que dijo el Presidente, al enterarse de la decisión de la Corte Suprema, fue que no la cumpliría. Sí, tal como suena. El Presidente se alzó contra uno de los poderes del Estado y violó muchos artículos de la Constitución Nacional. Y eso que se jacta de ser profesor de Derecho.

Entonces, para que el alzamiento institucional y la violación del régimen republicano no fueran tan evidentes y para justificar el incumplimiento de la sentencia, el Gobierno decidió acusar a los jueces de la Corte Suprema por mal desempeño y promover su juicio político. El fundamento, de acuerdo con la singular mirada del oficialismo, fue que la decisión de la Corte Suprema afectaría a todas las provincias porque les restaría fondos de la coparticipación. Sin embargo, el argumento se torna ridículo a poco que se advierta que la coparticipación que recibe la Ciudad se descuenta de la coparticipación primaria, o sea de la parte que le corresponde al Estado nacional. En nada afecta a las provincias que, sin excepción, conservan los respectivos porcentajes de coparticipación establecidos en la ley. Lo dice claramente el cuestionado fallo de la Corte Suprema, no una sino tres veces.

Ante esa incuestionable verdad los impulsores del juicio político replican que lo que ocurre es que la Nación pierde fondos con los cuales podría ayudar a las provincias, sea realizando obras de infraestructura o auxiliándolas financieramente y que allí se encuentra el perjuicio y el agravio al sacrosanto federalismo.

Pero también este argumento choca contra un óbice insuperable. Porque el dinero o porcentaje de coparticipación del que se privó a la Ciudad Autónoma de Buenos fue íntegramente asignado a la provincia de Buenos Aires. En efecto y como ya se dijo, el mismo decreto 735/20 mediante el cual se quitaron fondos de coparticipación a la Ciudad, contiene la decisión de asignar a la provincia la totalidad de esos mismos recursos, para lo cual crea un fondo “de fortalecimiento fiscal”.

Para que se entienda: el gobierno nacional redujo, sin previo aviso y de la noche a la mañana, la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 3,50% al 1,40%. Y el 2,10% de diferencia se lo asignó íntegramente y mediante el mismo decreto, a la provincia de Buenos Aires. No hubo ni habrá beneficio alguno para las restantes 22 provincias, que contemplaron pasivamente cómo esa masa de fondos coparticipables pasaba, sin explicación ni justificación alguna, de la ciudad a la provincia, para que Kiciloff siga dilapidando recursos a fin de solventar su populismo revolucionario.

Como es fácil comprender, para las provincias es exactamente igual que esos fondos beneficien a la ciudad o a la provincia, dado que en ambos supuestos nada hay para ellas. Pero los gobernadores peronistas, siempre dispuestos a ser obsecuentes con el poder central, igual se quejan y patalean interpretando el guion del gobierno nacional y contribuyen al absurdo relato del oficialismo. Según ellos, si el dinero va a la ciudad se los perjudica, pero si va a la provincia está muy bien y nada objetan.

La “afectación del federalismo” les pareció poco a los impulsores del juicio político y, por eso, agregaron otros fundamentos igualmente deleznables, referidos a sentencias dictadas entre uno y cinco años atrás, durante los cuales nada habían dicho ni objetado respecto de la actuación del tribunal. De repente, el Gobierno advirtió supuestas irre-gularidades en esos añejos fallos y descubrió que algunos afiliados se quejaban por un aparente mal funcionamiento de la obra social del Poder Judicial, del que serían responsables los jueces del alto tribunal. Imagine el lector cuántos juicios políticos deberían promoverse al presidente de la Nación si se lo hace responsable de los inconvenientes que suele padecer cualquier afiliado al PAMI.

Lo cierto es que la arremetida contra la Corte Suprema es una excusa, una verdadera cortina de humo, para disimular el incumplimiento de una sentencia que el Estado nacional, al día de hoy sigue sin cumplir. Conducta que, en cambio, suscita la responsabilidad política del Presidente, que resulta ser quien sí debería ser sometido a enjuiciamiento por el Congreso. Pero la investigación a los cuatro jueces de nuestro más alto tribunal es absurda, carece de fundamentos o motivos serios y constituye, en definitiva, un nuevo ataque del kirchnerismo contra el Poder Judicial y su independencia. Por eso es que desde la oposición no permitiremos que avance.

Diputado de la Nación (Juntos), integrante de la Comisión de Juicio Político

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