Por una política criminal de consensos
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PARA LA NACION
El Presidente Milei anunció en su discurso inaugural a la presidencia una suerte de “tolerancia cero” contra la inseguridad individual. Para ello, dijo, dará rienda suelta a los jueces y fiscales federales para que investiguen con autonomía funcional y económica. Y agregó: “El juicio político contra la Corte Suprema es un disparate que debe cesar; la justicia debe tener financiamiento propio y actuar con total autonomía del poder político de turno”.
El flamante ministro de Justicia Cuneo Libarona, suscribió a tal mensaje esperanzador, agregando que “la política no debe interferir, ni inmiscuirse en los procesos judiciales” (textual de la reunión que mantuvo el ministro con los miembros en pleno del Tribunal de Casación Federal).
Se trata, ni más ni menos, de honrar la visión democrática y liberal de Montesquieu: ‘balance y debida división de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial)’. Esquema de composición del Estado Nacional al que se le sumó, con la reforma constitucional de 1994, al Ministerio Publico Fiscal como un “Cuarto Poder”. El artículo 120 de la Constitución le dio autonomía financiera a los Fiscales Federales con el propósito de “mover la actuación de la Justicia en defensa de los intereses generales de la sociedad”.
Y es aquí donde me permito hacer una crítica constructiva de los nuevos anuncios. Tiene que ver con haberle quitado a la Unidad Antilavado las facultades para querellar y así ser parte activa en los procesos judiciales donde se investigue el lavado de activos. El titular de la cartera de Justicia alegó una supuesta “desigualdad de armas” con los abogados defensores de los acusados, ya que para construir la acusación basta con la acción de los Fiscales. Sin embargo, esta posición choca de frente cuando se habla de expedientes que acusan al crimen organizado, sobre todo al ligado a los poderes ocultos de la corrupción estatal, el narcomenudeo y las bandas narcos que acechan, por ejemplo, al conurbano bonaerense o a las zonas liberadas del Rosario bajo y marginal. Allí, donde el Estado definitivamente no está presente, se exige un rol activo, de parte y autónomo de la Unidad Antilavado, para ir con efectivas “armas” judiciales contra la ruta del dinero derivado del crimen. Recordemos, para tomar envergadura del “poder narco” y su avanzada económica, que el propio Presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti reconoció en público que detrás del asalto a su domicilio en Santa Fe, se esconden manos mafiosas que intentan amedrentarlo.
Para añorar un justo equilibro procesal y justo en los procesos, será clave la designación del próximo Procurador General de la Nación; el jefe de los fiscales. Entre los postulantes, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos deslizó ya un nombre, de una “persona intachable”, que goza de su confianza e íntima amistad (así dijo). Aquí me permito hacer otra sugerencia constructiva. El nombramiento del reemplazo al Dr. Casal (el actual Fiscal General interino) debe surgir del consenso entre las asociaciones civiles, de las propias filas del Ministerio Publico y, fundamentalmente, de las fuerzas políticas del Senado. Los candidatos idóneos –que los hay muchos- no deben surgir justamente de los “buenos amigos”, sino más bien todo lo contrario, de aquellos que ostenten la correspondiente solvencia académica -profundidad en Derecho Constitucional- que asegure a los ciudadanos una justa y correcta ‘Administración de Justicia’.
Según Ashworth, profesor emérito de la Universidad de Oxford, los Estados democráticos tienen el deber de organizar un poder fiscal (acusatorio) que busque el equilibrio entre mayor efectividad contra el crimen, por un lado, y la necesidad de contar con una acusación independiente de las “presiones” de terceros poderes. Sólo los países que logren ese “equilibrio” podrán lograr aquel anhelo de “democratizar” su poder judicial.
A la luz de esta corriente filosófica jurídica, de proponerse para el cargo de Procurador General a algún “amigo” del poder de turno, pasaremos a tener un sistema legal que no reconoce el delicado balance entre agilidad en la aplicación de la ley y el necesario respeto de la independencia de los poderes del estado.
Siguiendo la doctrina de los extremos de Santo Tomás de Aquino, se podría decir que la autonomía de un Fiscal General, es hallar el “justo medio” entre dos extremos, uno de los cuales peca por exceso mientras que el otro por defecto. El exceso ocurre cuando el fiscal actúa con soberbia y capricho; esto es, cuando inclina la balanza de la justicia para el lado de los compinches del poder. Y el que peca por defecto es el Fiscal que actúa con cobardía e inspirado en sentimientos ajenos al de representar al ciudadano en sus acusaciones.
La selección de próximo Procurador General de la Nación es clave para lograr aquel “justo medio”; entre la agilidad y legalidad de las acusaciones, que incluye su debida independencia del poder político. Sólo así se podrá catalogar a la Justicia de neutral y efectiva.
*Doctor en derecho y docente universitario.
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