Por una acción coordinada contra el narcoterrorismo
Hace algunos días, Ricardo Lorenzetti expresó de forma clara y contundente la problemática que se encuentra detrás del avance del narcotráfico en Rosario y en el resto del país. Para resaltar la necesidad de crear una agencia especializada en la persecución de estos crímenes, el Ministro de la Corte Suprema afirmó que “Hay un crimen organizado y un Estado desorganizado”.
En efecto, la respuesta que desde el Estado se da al azote del narcotráfico es de suma descoordinación entre las diferentes áreas y poderes estatales (Fuerzas de Seguridad, la Justicia, el Ministerio Público Fiscal, la UIF y otros organismos de contralor), permitiendo a las bandas criminales “copar” territorios.
La desorganización es tal que jueces y fiscales que investigan a organizaciones criminales de diferentes partes del país no tienen forma de conocer de forma simple y rápida lo que otros funcionarios judiciales están investigando sobre esa misma banda en otra parte de nuestro territorio.
A esto se suma que el iter criminis (es decir, las diversas etapas de un delito) de casos complejos como los que involucran al narcotráfico y su consiguiente lavado de activos, son investigados en “departamentos estancos”, sin conexión entre ellos.
La situación es aún más compleja si tenemos en cuenta el profundo desconocimiento que hay en torno a las leyes y jurisprudencia asociada a la persecución del narcotráfico. Un ejemplo de ello es la cuestión respecto a afirmar que no existe en nuestro país la posibilidad de juzgar estos atroces hecho como “narcoterrorismo”.
Al contrario de lo que se dijo erróneamente en muchos medios, nuestro ordenamiento legal permite juzgar cualquier ilícito penal como un “acto de terrorismo” si éste “hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades (…) a realizar un acto o abstenerse de hacerlo (…)” (art. 41 quinquies del Código Penal, incluido en la reforma de 2011).
Dicho artículo indica que cualquier acto de esa naturaleza recibiría una duplicación de penas mínimas y máximas. Se trata de una de las técnicas legislativas que hay en el Derecho Comparado para tipificar lo que se llama “acto de terrorismo” y, como es evidente en base a las propias amenazas de las bandas narco rosarinas, es perfectamente aplicable a los terribles crímenes ocurridos en esa ciudad.
Para solventar estas falencias es necesario que, de forma consensuada entre los diversos poderes del Estado, se avance en algunas medidas simples y efectivas que ayuden a “organizar” el accionar estatal para luchar contra el narcotráfico y otros crímenes complejos.
Una primera herramienta sería la creación de algo tan básico como un centro de información unificado que pueda transmitir a los fiscales que investigan las organizaciones criminales en distintos puntos del país lo que sucede con una misma banda en otros puntos del territorio, qué movimientos hacen y qué pruebas se tiene de esos movimientos.
Por otro lado, es necesario buscar la uniformidad de las investigaciones, de manera que las diversas etapas del iter criminis sean investigadas por un solo fiscal y un solo juez, y no repartidas entre magistrados y fueros sin conexión entre ellos.
Además, es necesario contar con funcionarios judiciales que tengan los conocimientos y herramientas para investigar y perseguir las aristas más complejas del actuar narco, como son las actividades de lavado de dinero, algo que al día de hoy raramente ocurre.
Tan solo con avanzar en estas decisiones, tan sencillas, estaríamos haciendo honor al pedido de los miembros de la Corte Suprema de “organizar el Estado”.
Pero eso solo será posible si todos los organismos, poderes y fuerzas trabajan de forma mancomunada. Acciones unilaterales e inconsultas por parte del Poder Ejecutivo, por ejemplo, están destinadas al fracaso y, por ende, no aportan en nada a avanzar en la lucha contra el narcoterrorismo.
Para que eso sea posible, los agentes del Estado deben estar convencidos de que hay que avanzar en ese sentido. Ningún control al crimen organizado tendrá éxito si seguimos teniendo dirigentes que, como el senador Marcelo Lewandoski, se preocupan más por los asesinos que por sus víctimas.
La sociedad (rosarina y de cada rincón del país) necesita y reclama grandeza y compromiso por parte del Estado. Es la única manera en la que podremos vencer a los criminales que hoy nos aterrorizan.
Por Roberto Durrieu
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