¿Por qué la oposición tiene tantos complejos con los derechos humanos?
Con su falta de firmeza, quienes se oponen al kirchnerismo en el poder resignan una bandera que deberían reivindicar como propia
El peronismo, a costa de muchas mentiras, se embandera con los derechos humanos. ¿Por qué Juntos por el Cambio, con la verdad de su lado, no lo hace? El populismo nunca hizo nada, fuera del terreno de los símbolos, por esos derechos. Peor: los corrompió. Robó con Sueños Compartidos. Psicopateó con la muerte de Santiago Maldonado. ¿Por qué, entonces, la oposición republicana no hace propia esa bandera? Tiene la legitimidad, tiene las razones, tiene la urgencia. Porque hoy, en la Argentina, de verdad, se están violando los derechos humanos. ¿Por qué los que deberían defenderlos le siguen regalando ese papel a los que los violan?
Recordemos: desde que Alberto Fernández decretó la cuarentena, el 19 de marzo pasado, la Secretaría de Derechos Humanos recibió más de 531 denuncias por abusos, incluyendo veinticinco muertes. Recordemos: el 6 de abril, en San Luis, detuvieron a Magalí Morales por incumplir la cuarentena. La encontraron en una comisaría, muerta. El 24 de abril, también en San Luis, detuvieron -en la puerta de su casa- a Franco Maranguello, de 16 años, por incumplir la cuarentena. La policía dijo que "se había ahorcado" en su celda. El 15 de mayo, en Tucumán, Luis Espinosa salió de su casa para hacer un trámite. Encontraron su cuerpo con un balazo en la espalda. La pericia determinó que el disparo salió del arma de un policía. El 30 de abril, en la provincia de Buenos Aires, detuvieron a Facundo Astudillo Castro por incumplir la cuarentena. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU protestó ante el estado Argentino, igual que la Comisión Interamericana por los Derechos Humanos. El cuerpo de Facundo apareció el 15 de agosto.
Son solo los casos más resonantes. Los muertos son decenas. Los torturados, los mutilados, los que sufrieron aprietes y humillaciones, las mujeres violadas, son muchas más. Ni hablar de Mauro Ledesma, que murió por culpa del cierre de las fronteras entre las provincias -inconstitucional, como tantas medidas de esta cuarentena- cuando intentaba cruzar a nado el río Bermejo para volver a su casa. Ni hablar de Solange Musse, que murió de cáncer sin que su padre pudiera visitarla. Ni de los 1,5 millones de chicos que ha abandonado el sistema educativo por culpa de un año -caso único en el mundo- con las escuelas cerradas.
¿No hay violaciones a los derechos humanos en la Argentina, a mansalva, como nunca desde la última dictadura? Sí. ¿Quién es responsable? Los que mantienen hasta hoy las escuelas cerradas, los que respaldan a señores feudales como Gildo Insfrán o los Rodríguez Sáa y empoderaron a la policía para reprimir a discreción: el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Pero ahora no se trata del peronismo. Se trata de los republicanos de este país y de sus extraños silencios, sus extraños complejos, sus extrañas claudicaciones.
Desde 2003 el peronismo los corre con los derechos humanos. Sí, increíble pero real: el partido que en 1982 aceptó la autoamnistía de los militares. El que se negó a integrar la Conadep. El que indultó en 1990 a los ex comandantes. Y eso por no remontarnos más atrás y recordar que del peronismo surgieron tanto los asesinos de Montoneros como los pistoleros de la Triple A. El terrorismo de Estado -¿hace falta recordarlo otra vez?- empezó en 1973, en democracia, con la última presidencia de Perón. Y sí, en 2004, cuando ya no era un riesgo y no tenía ningún costo, Néstor Kirchner descolgó algunos cuadros en el Colegio Militar. Y usó billetera y privilegios para cooptar a buena parte del mundo de la cultura y el periodismo. Y desde entonces, cada vez que el peronismo agita los derechos humanos, los políticos republicanos se tiran cuerpo a tierra. La pregunta es: ¿por qué lo hacen? En agosto, el diputado Fernando Iglesias presentó en el Congreso un proyecto de ley para crear la Conadec, o Comisión Bicameral Nacional de Investigación de los Delitos Cometidos por el Estado durante la Cuarentena. Lo acompañaron catorce diputados de Juntos por el Cambio. ¿Y los otros 101?
¿Por qué los republicanos dejan solos a los que, entre sus propias filas, osan sugerir que el peronismo no tiene lecciones que dar en materia de derechos humanos? ¿Que, al contrario, lo poco que se hizo en la Argentina en esa materia se debe a gobiernos no peronistas? De nuevo: ¿cómo puede ser que un partido fundado por un admirador de Mussolini, que inauguró las desapariciones forzadas, cuya sucesora firmó en 1975 los "decretos de aniquilamiento de la subversión", con un gobierno hoy cuestionado por Human Rights Watch y Amnesty International, intimide justo con ese tema a los descendientes ideológicos de Arturo Illia, Raúl Alfonsín y Julio Strassera? El radicalismo, que hoy es parte de la coalición republicana, hizo muchas cosas malas en su historia; pero justo su momento más luminoso, los juicios a las juntas militares, deja que se lo apropien los que estaban en contra de esos juicios. De nuevo: ¿por qué?
¿Creen que son cuestiones académicas? No: cada vez que los republicanos dejan que se reafirme esta ficción -la de que el partido de López Rega, Hebe de Bonafini, César Milani y Sergio Berni es el custodio de los derechos humanos en esta parte del mundo-, pierden algo peor que una elección. Pierden la razón de ser, el sentido que constituye a una fuerza política. Porque los herederos de la tradición republicana, la que defendió de verdad los derechos humanos, son ellos, pero no quieren hacerse cargo. ¿Por qué? ¿Creen que un partido moderno puede prescindir de una visión sobre el pasado? Si es así, se equivocan. En 2016, el ministro de cultura de la Ciudad, Darío Lopérfido, debió renunciar por haber afirmado que no hubo 30.000 desaparecidos en la dictadura. Frente a las protestas hipócritas del kirchnerismo -que sabía que Lopérfido decía la verdad, pero que, a diferencia de Cambiemos, entiende la importancia de dominar el relato de la historia- las voces republicanas que lo defendieron fueron pocas y dispersas (una de ellas, la de Graciela Fernández Meijide).
La respuesta correcta, en ese momento, habría sido: "Señores, si hubiera sido por el partido de ustedes, ni siquiera se habrían investigado los 7954 casos que comprobó la Conadep. Si hubiera sido por sus dirigentes, ni un solo dictador habría pisado la cárcel. Nosotros pertenecemos a la orgullosa tradición política que persigue verdad y justicia". También podrían haberles preguntado cómo, si más de 20.000 familias aún buscaban a un familiar desaparecido, esos reclamos nunca se hicieron. En vez de eso, se inclinaron ante la ficción kirchnerista. ¿Creen que eso salió gratis? Al año siguiente, empoderado por esa refirmación de su relato, el kirchnerismo montó una formidable guerra psicológica en torno a la muerte de Santiago Maldonado. Durante meses, día y noche, se acusó al gobierno de Cambiemos por esa muerte, se lo desgastó, se exigió su destitución. Y aunque 55 peritos, incluidos los que designó la familia Maldonado, dictaminaron que Santiago se ahogó sin intervención de nadie, esa campaña sigue hasta hoy.
El peronismo, con la mentira, hace mucho; los republicanos, con la verdad, muy poco. Es cierto que algunos en la oposición denunciaron los crímenes de la cuarentena. Hubo comunicados del PRO pidiendo por los desaparecidos, contra el autoritarismo de Zamora en Santiago del Estero, contra las brutalidades de Insfrán en Formosa. Pero, como admite en privado uno de sus referentes, al no ser la posición unánime esos mensajes aparecen débiles. Es decir, en cartelitos con letra chica y mala redacción. Si este país debe tener una opción republicana fuerte, que tome la posta de los valores que lo hicieron grande -la división de poderes, el perfil exportador, la Justicia independiente, la educación, la legalidad, los derechos humanos-, hace falta más. ¿No conocen su propia historia? Están a tiempo de aprenderla. ¿Temen que los acusen de populistas? Peor es dejar los derechos humanos a sus verdugos. ¿Creen que hay temas más urgentes? No los hay.