Por qué es necesario proteger la libre competencia

La competencia en el ámbito económico es el mecanismo por el cual se intercambian bienes y servicios a través de la oferta y la demanda. Los economistas definen la competencia perfecta como la situación en que hay muchos competidores y ninguna empresa puede influir por sí misma en el precio que rige en el mercado. El problema es que en la realidad es muy difícil encontrar este tipo de estructura productiva ya que el mercado tiende a concentrarse en pocas empresas (oligopolio) o aun en un monopolio. Como dijo Adam Smith hace más de 200 años en La riqueza de las naciones, “rara vez suelen juntarse las gentes ocupadas en la misma profesión u oficio, aunque solo sea para distraerse o divertirse, sin que la conversación gire en torno a alguna conspiración contra el público o alguna maquinación para elevar los precios”.

Con el tiempo los gobiernos se han visto obligados a dictar leyes para evitar conductas distorsivas de la competencia que perjudican a los consumidores. En un país como EE.UU., considerado en su momento como el de economía más liberal, el congreso dictó la ley Sherman en 1890, y en Europa las normas antimonopólicas se incluyeron en el Tratado de Roma, de 1957, que dio origen al Mercado Común Europeo y luego a la actual Unión Europea.

En la Argentina los antecedentes de la legislación actual fueron la ley 11.210, de 1923, y la ley 12.906, de 1946. Ambas, inspiradas en la legislación de EE.UU., no tuvieron los efectos deseados, con muy bajo nivel de aplicación en cuanto al número de procedimientos y condenas. En 1980 fue derogada la última y se la sustituyó por la ley 22.262, denominada ley de defensa de la competencia, sobre la base del modelo de la UE. Esta ley creó la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y prohibió las conductas que restringieran o distorsionaran la competencia o constituyeran abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pudiera resultar perjuicio para el interés económico general.

En 1999 se derogó la ley 22.262 y se la reemplazó por la ley 25.156, que además de las conductas prohibidas por la ley anterior, incorporó el control previo de las concentraciones y fusiones entre empresas. Esta ley fue reemplazada por la 27.442, de 2018, que está vigente. Creó la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado y autárquico, dentro de la cual deberá funcionar el Tribunal de Defensa de la Competencia, cuyos miembros deben ser elegidos por concurso y contar con acuerdo del Senado de la Nación.

Desde el punto de vista formal las autoridades se preocuparon por la defensa de la libre competencia en los mercados. Pero en la vida real el control de los abusos monopólicos y de los acuerdos de precios no fue una prioridad en la Argentina, como si lo es en los países desarrollados. La poca importancia que aquí se presta al buen funcionamiento de los mercados la demuestra el hecho de que habiendo pasado 6 años aún no se ha nombrado el jurado encargado de seleccionar a los miembros del Tribunal. Mientras tanto, siguen tramitándose las causas ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, dependiendo de la firma del secretario de Industria y Comercio.

Al Estado le corresponde la misión de actuar en el marco de la ley para que no haya distorsiones en los mercados. Pero se da la paradoja de que es la propia autoridad pública la que muchas veces otorga ventajas y protecciones que reducen deliberadamente la competencia. Este es el resultado de las fuertes presiones que ejercen los diversos intereses sectoriales, generando rentabilidades por encima de las que obtendrían en un mercado competitivo, con perjuicio para los consumidores y la sociedad.

Para que una política antiinflacionaria sea sustentable en el tiempo, es necesario mantener una estricta disciplina fiscal y monetaria. Pero además hace falta garantizar la competencia. La economía argentina se estancó en las últimas décadas, y hoy el mercado es limitado y cuenta con muy pocas empresas en cada uno de los sectores productivos o de servicios, por eso es necesario un mayor grado de apertura a la competencia internacional. Si la Argentina quiere volver a crecer en forma sustentable, debe lograr una mejora constante en la productividad de las empresas. Para esto se necesitan inversiones que apunten a los mercados internacionales, y un mayor grado de competencia en el mercado interno, evitando en lo posible las distorsiones en su funcionamiento a través de la ley.

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