Poner distancia del escándalo y de 678

Un lugar dañado. Es la definición que mejor le cuadra a la TV Pública, y no solo por su último escándalo aún en curso –el retiro en efectivo de 11,4 millones de pesos, supuestamente para gastos de una producción sobre Manuel Belgrano, que finalmente fue dada de baja y que hace unos días se cargó al décimo funcionario del canal decano apartado por ese oscuro incidente–, sino por su desmadrada naturaleza, sumamente onerosa, tanto como ineficaz, en su misión de comunicar con excelencia desde el Estado, y para todos los argentinos, sean o no oficialistas.

La culpa es, como no podía ser de otra manera, de toda la dirigencia política de muy diversos colores que se han alternado en el poder desde 1983 para acá. Ninguna resolvió en la práctica la crucial diferencia que debe existir entre medios públicos y gubernamentales mediante un estatuto claro y por ley que lo aproxime a varios de los modelos de prestigiosas televisoras estatales de Occidente.

De Canal 7, el nombre original que había recuperado la Alianza en 2000, tras el anodino de Argentina Televisora Color (ATC), que duró desde la dictadura hasta el fin del menemismo, durante el gobierno de Néstor Kirchner solo se avanzó en el rótulo, al denominarla TV Pública. Fue meramente retórico porque Cristina Kirchner alentó una tónica decididamente panfletaria con 678, sus noticieros y otros programas ultramilitantes.

Obviamente, el macrismo barrió con todo eso, pero al personal le cayó pésimo la supresión de los noticieros del fin de semana (repuestos por la actual gestión) y la “paritaria cero”, ordenada en 2018, un gran dolor de cabeza heredado por las actuales autoridades, ya que dicha controversia salarial fue judicializada por los gremios, un reclamo que se calcula en alrededor de 500 millones de pesos, sin contar los intereses.

Aunque Rosario Lufrano es una presidenta de RTA (el órgano que rige los destinos del canal y de Radio Nacional) más presente que algunos de sus predecesores, el flamante director ejecutivo del canal oficial es Claudio Martínez, productor de vasta experiencia en el mercado televisivo, que fue “degradado” de un cargo más alto (subsecretario de Medios) a un puesto más bajo, pero mucho mejor remunerado, una de las tantas rarezas de la TV Pública, que paga sueldos que ya quisiera ganar el presidente de la República.

La paradoja es que Martínez empezó su carrera ahí, hace 35 años, como productor de un programa del periodista Enrique Vázquez, y allí mismo conoció a quien hoy sigue siendo su esposa, entonces productora del recordado ciclo Historias de la Argentina secreta, hoy dedicada a otras actividades. Su misión es poner paños fríos (logró retener a Leo Flores, otro “degradado” a su cargo anterior de director artístico, al que vino a reemplazar tras ser resistido por los sectores más radicalizados), garantizar una programación mesurada y poner en marcha la producción tras la Copa América y los Juegos Olímpicos, que atravesarán esa pantalla.

A pesar de que cada gobierno llega con una idea distinta (o ninguna) para implementar en la TV Pública, lo cierto es que el poder real (y permanente) pasa por los cuatro gremios (prensa, televisión, locutores y jerárquicos) que allí reinan desde siempre, incluso con algún representante que entró en los “años de plomo”. El nepotismo manda: hay apellidos que se repiten varias veces en la nómina de los trabajadores con relación de dependencia. Con sueldos muy por encima de los del resto del mercado laboral, no es raro que algunos de ellos vivan en barrios privados, fumen habanos y se movilicen en ostentosos vehículos. Estamos hablando de algunos sueldos que orillan los $400.000. No por casualidad, más de 300 de sus empleados superan los 25 años de antigüedad, razón por la cual más de un tercio del personal no desempeña presencialmente sus tareas en la sede de Figueroa Alcorta, por ser personas de riesgo. Pregunta: ¿sugirieron sindicalistas a Lufrano que gestione vacunas vip, dado que buena parte del personal es considerado “esencial”?

Sin la carga militante que supo tener cuando mandaba allí Tristán Bauer, actual ministro de Cultura, de todos modos la TV Pública reivindica su derecho a defender una clara línea editorial apegada al Gobierno, aunque sin las belicosidades marca 678. Es lo que dispone el dialoguista secretario de Medios, Pancho Meritello (ex Grupo Octubre, el holding mediático de Víctor Santa María, líder sindical de los encargados de edificios, tan empoderados en esta nueva cuarentena estricta, y presidente del PJ porteño). En vez de hablarles a militantes fanatizados, como sucedió hasta fines de 2015, pretenden dirigirse a ciudadanos (no a consumidores, como estiman lo hacen los canales privados con sus espectadores). Ver para creer.

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