Pobreza y presupuesto destinado a la niñez
El país enfrenta desafíos para lograr que las personas vivan con mayores niveles de bienestar. Entre ellos, uno crucial: casi 6 de cada 10 niños viven en hogares pobres. Son décadas donde la pobreza se mantiene en niveles elevados y se reproduce de generación en generación. Las cifras para 2023 cerrarán con el 57% de la niñez y la adolescencia (7,1 millones de chicos) viviendo en la pobreza y, de acuerdo con estimaciones preliminares basadas en fuentes oficiales, podría llegar al 71% durante el primer trimestre de 2024, lo que sumaría más de 1,5 millones de niños a la pobreza.
El principal determinante de esta situación es que, desde hace décadas, el país no logra sostener un sendero de crecimiento económico con inclusión. En los últimos 75 años hemos tenido al menos 16 crisis económicas, y en la actualidad el PBI per cápita medido a valores constantes es el mismo que tenía la economía argentina en 2007.
Cada una de estas crisis económicas contribuyó a profundizar la pobreza y empeorar sus consecuencias para la niñez: los llevó a abandonar la escuela, a ingresar tempranamente en el mercado laboral, a tener hambre, a ver restringido su acceso a los servicios de salud o a ser víctimas de violencia.
Entre los consensos que ha logrado la sociedad argentina en su historia reciente hay uno que debería ser ineludible: la pobreza extrema en la niñez debe ser erradicada; no hay forma de avanzar hacia el futuro cuando tenemos casi dos millones de chicos que no logran acceder a alimentos básicos.
Para eso, y hasta que el país logre crecer a tasas elevadas y sostenidas, el presupuesto público constituye una herramienta fundamental de la política fiscal para mitigar los niveles de pobreza que afectan a hogares con niños. Recientemente Unicef Argentina publicó tres informes que buscan aportar en este desafío. Se centran en la situación de la pobreza en la niñez, el presupuesto nacional con foco en niñez y adolescencia, y la capacidad de protección que tienen los dos principales programas de transferencias monetarias directas dirigidas a la niñez: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar.
Estos análisis marcan dos alertas. Por un lado, el presupuesto nacional de prórroga vigente para 2024 (que replica los créditos presupuestarios del cierre del ejercicio 2023) asigna un presupuesto anual de $3,66 billones a las políticas dirigidas a la niñez y la adolescencia. Descontando la inflación proyectada para el año, esto implicaría una caída del 75% en términos reales respecto del presupuesto devengado en 2023, equivalente a 1,37 puntos porcentuales del PBI.
Por el otro, aun teniendo en cuenta los incrementos establecidos recientemente en las dos principales políticas de transferencias directas destinadas a hogares con niños en condiciones de vulnerabilidad (100% del valor nominal tanto para la AUH como para la prestación Alimentar), en la actualidad la AUH representa el 45% de la canasta básica alimentaria y el 21% de la canasta básica total. Esto indica que los precios de los productos que integran esas canastas (alimentos y bienes y servicios básicos) aumentaron en mayor proporción que el monto de las transferencias. La situación es similar con la prestación Alimentar.
Con plena conciencia de las dificultades que enfrenta el país, entre ellas la situación fiscal, y teniendo en cuenta los elevados niveles de pobreza en la niñez, es crucial encontrar los consensos para proteger las partidas presupuestarias destinados a la infancia, en especial las políticas de protección de ingresos a los hogares para evitar que más niños vivan en la pobreza. Si logramos estos acuerdos estableceremos las condiciones para un desarrollo social y económico sostenible para la Argentina.
Especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina
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