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Plebiscito en el Uruguay
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El pueblo uruguayo se ha pronunciado en las urnas, por muy ajustado margen, en favor de la reforma constitucional que propicia la eliminación del régimen electoral de la ley de lemas e impone el ballotage como mecanismo para la elección del presidente de la República.
En efecto, en el plebiscito efectuado el domingo último hubo 976.326 votos en favor del "sí" y 905.465 en favor del "no". La reforma propuesta ha quedado aprobada, pues, en principio, por la ciudadanía.
Sin embargo, el hecho de que existan 69.120 votos observados, sobre cuya validez debe pronunciarse la Corte Electoral, abre un margen considerable de incertidumbre sobre el resultado final, que sólo se despejará cuando se realice, en dos semanas, el escrutinio definitivo.
Una primera lectura del resultado de la consulta llevaría a suponer que los dos partidos históricos del Uruguay -el Colorado y el Blanco- han perdido terreno en las preferencias del electorado, y que el Frente Amplio, en cambio, ha fortalecido su posición. En efecto, blancos y colorados apoyaron la causa del "si", que obtuvo el 50,20% de los votos. El dato no parece favorable para las dos fuerzas sobre las cuales ha reposado tradicionalmente el sistema político uruguayo: se esperaba que los dos partidos, sumados sus votos, reunirían un caudal electoral mucho mayor. Por el contrario, el Frente Amplio, que lideró la causa del "no", puede mirar el resultado con optimismo: el 46,41% del electorado se pronunció contra la reforma.
Pero sería un error extraer conclusiones precipitadas sin tomar en cuenta que fue una consulta plesbiscitaria y no una elección de autoridades. Es necesario tener en cuenta el contexto en que se desarrolló la votación y, sobre todo, ciertos rasgos particulares del electorado uruguayo: su acentuado espíritu crítico, su desconfianza ante reformas institucionales que se supone dictadas por razones de oportunidad o por conveniencias coyunturales, el fuerte peso del voto independiente.
Si se toma en cuenta todo esto, el resultado de la compulsa electoral se relativiza y pierde significación como síntoma o señal de un supuesto reagrupamiento de la ciudadanía uruguaya que no suele mostrarse cautiva de compromisos partidarios y tiene, más bien, una arraigada tendencia a refirmar su autonomía de decisión en cada instancia electoral.
La ley de lemas -que, de confirmarse los guarismos del plebiscito, sería abolida- ha sido un instrumento útil para la consolidación de la democracia uruguaya, en cuanto ayudó a preservar la identidad de los partidos históricos, que podían concurrir a los comicios con varios candidatos, representativos de sus distintas líneas internas. Pero ninguna legislación electoral es perfecta y es natural que los países procuren modificarla según las experiencias que recogen de su aplicación práctica.
El sistema de la ley de lemas -adoptado, en la Argentina por la provincia de Santa Fe- presenta un punto vulnerable: tiende a entronizar gobiernos sin sustento político duradero. En efecto, los gobiernos surgidos de la ley de lemas son casi siempre el producto de la conjunción de fuerzas heterogéneas, englobadas artificialmente por decisión legal. En el sistema de candidaturas únicas, que ahora de aspira a imponer, las alianzas que se alínean detrás de un candidato surgen de la negociación consensuada y no de una imposición compulsiva del sistema.
De todos modos, es bueno tener presente que ninguna ley electoral es buena o mala en si misma. El éxito o el fracaso de un sistema no depende de su perfección teórica o formal sino de la honestidad y la madurez cívica con que se lo aplique.
En ese sentido, la jornada cívica del domingo último constituye una refirmación más de la vocación democrática del pueblo uruguayo y de la ejemplar solidez de sus instituciones republicanas.
