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Plan ENIA: cuando el fracaso quiere ser ley
Hace un par de meses comenzó el debate en distintas comisiones de la cámara de Diputados para convertir en ley el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA). Quienes lo defienden afirman que es un “programa exitoso” que ha logrado reducir a la mitad los embarazos adolescentes en la Argentina. El apoyo parece trascender la grieta, ya que distintos espacios políticos han presentado sus propios proyectos de ley: uno de Silvia Lospennato (Pro), otro de Mónica Fein (socialismo) y otro de Unión por la Patria que han sido aprobados por mayoría en las comisiones de Acción Social y Salud.
Sin embargo, el supuesto éxito se fundamenta en un dato mentiroso: el plan no ha demostrado reducir los embarazos adolescentes, ya que no existen evaluaciones ni registros al respecto. Lo que realmente se ha reducido son los nacimientos. Si a eso añadimos el aumento en los abortos y en las enfermedades de transmisión sexual que se reportan en la franja etaria de 15 a 19 años, podremos deducir que, claramente, el plan ENIA es más bien un fracaso.
Un dato alarmante es el aumento significativo de casos de VIH en adolescentes, lo que tira por tierra el segundo argumento de los defensores del ENIA: que disminuye los gastos en salud. El costo de medicación para un paciente con VIH es de aproximadamente $1.200.000 mensuales a lo largo de toda su vida. Si a ello le sumamos otros costos derivados del plan como el aumento en la depresión, infertilidad, trombosis y cáncer de mama que, de acuerdo con el estudio elaborado por la Universidad de Copenhague producen los métodos anticonceptivos hormonales, tenemos como resultado no sólo un enorme incremento en los costos sino, lo que es peor, un daño gigante, muchas veces irreversible, en la salud de nuestros jóvenes.
Por otra parte, lejos de enfocarse en el cuidado del cuerpo, los vínculos saludables o la postergación del inicio en las relaciones sexuales, el plan promueve la sexualidad temprana al distribuir folletos que proponen todo tipo de prácticas sexuales aún en edades muy tempranas y ofrecen la anticoncepción y el aborto como soluciones a los embarazos. Los agentes del plan ENIA se despliegan en escuelas, centros de salud y barrios para impartir talleres y consejerías cuyo enfoque incluye asesorías indiscriminadas en anticoncepción, aborto y, en algunos casos, en transición de género, sin evidencia científica suficiente sobre sus beneficios.
Es preocupante que los adolescentes puedan recibir asesorías sobre anticoncepción de emergencia, aborto o cambios de género sin el conocimiento ni el consentimiento de sus padres. Un adolescente de 16 años, en pleno proceso de desarrollo puede, de acuerdo al Plan, iniciar tratamientos de cambio de sexo que podrían causar daños irreversibles, sin que sus padres estén informados.
El ENIA cuenta con el apoyo de agencias de la ONU y ONG locales, como el Cedes, que ha sido activa en la promoción de la legalización del aborto. Entre sus financiamientos se encuentran la Fundación Ford y otras organizaciones internacionales que buscan reducir la natalidad, lo cual plantea cuestionamientos sobre el objetivo final del programa.
Este plan, que algunos legisladores desean convertir en ley, conlleva un fuerte daño para la salud y un alto costo para el erario público que deberá ser financiado por el Ejecutivo Nacional.
Es crucial que no permitamos que el estado intervenga en la educación de nuestros hijos de esta manera. Debemos crear un entorno familiar adecuado para abordar estos temas antes de que sea demasiado tarde y el futuro de nuestros hijos se vea afectado por una ideología que busca controlar la natalidad y, en última instancia, el desarrollo pleno de nuestras futuras generaciones.
Médico pediatra, integrante de la Asociación Civil Concordia
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