Pistolas Taser, un debate incompatible con caprichos ideológicos

Es muy fácil hacer progresismo desde el escritorio, mientras está en riesgo la vida del personal policial y los bonaerenses viven cada día con más miedo. No hay otra razón que no sea ideológica para no autorizar el uso de las pistolas Taser.

El progresismo garantista le hizo un daño severo a nuestro país. El avance del narcotráfico es prueba de ello. No hacer nada implica perder la batalla. Y el kirchnerismo eligió, sistemáticamente, defender a los delincuentes y no a las víctimas. Por eso se niegan a incorporar los sistemas electrónicos de incapacitación neuromuscular como instrumento intermedio de protección. Para ellos es plomo o nada. Y si tienen que elegir, optan por la indefensión. En lugar de proteger a los policías que nos cuidan, los entregan.

El debate, planteado en esos términos, es un laberinto sin salida. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, en el mundo y en la Argentina, prevalecen modelos de uso progresivo de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que existen criterios de actuación para garantizar la seguridad integral y los derechos ciudadanos, frente al uso legítimo y excepcional de la fuerza. Ahí radica el primer problema: las fuerzas de seguridad en la Argentina hoy no cuentan con medios eficaces y menos letales para combatir el delito en aquellas situaciones donde se desaconseja el uso de armas de fuego.

Las Taser son “armas electrónicas” dentro de las denominadas “armas menos letales” que, lejos de atentar contra la vida, la resguardan. Son utilizadas en más de 100 países como opciones intermedias que facilitan el accionar efectivo de los agentes de seguridad, en determinadas situaciones, según protocolos y criterios de actuación, que son definidos por la autoridad competente, en este caso el Ministerio de Seguridad.

Nuestro país suscribe a principios internacionales que establecen la necesidad de proveer de herramientas de este tipo a las fuerzas de seguridad interior. Y no se trata exclusivamente de las pistolas que comercializa la empresa Taser International. Existen otras alternativas, como las pistolas de gas pimienta, cuyo uso se expande a nivel mundial. El problema no es el elemento de seguridad ni el accionar policial, sino la negativa del kirchnerismo a debatir este tema. Todo se reduce a un “Taser sí, Taser no”, estableciendo una falsa dicotomía. Se trepan del alambrado, pero lo que no les entra en la cabeza es que la gente está harta de vivir entre rejas.

La falta de sistemas electrónicos de incapacitación neuromuscular impide en la Argentina el uso diferenciado de la fuerza y eso no solo pone en riesgo la vida del personal de calle, sino la de terceros e incluso de quien comete el delito. Es absurdo esgrimir argumentos que tienen que ver con la represión ilegal o con lo que ocurrió en la década del 70. El arma, en este caso, actúa con un principio distinto al de la picana. No es un mecanismo de tortura, sino una descarga eléctrica que actúa sobre el sistema nervioso y permite inmovilizar a la persona temporalmente. La analogía, entonces, es absurda.

Los portavoces del garantismo explican, con cierta soberbia, que la policía no está preparada para utilizarlas. ¿Acaso en los países donde se incorporaron, los agentes de seguridad estaban entrenados para su uso? Cualquier cambio en el accionar de las fuerzas implica un proceso de capacitación y la correspondiente certificación en el empleo, en este caso, del arma electrónica, además de técnicas complementarias que a criterio de la institución policial sirvan a los efectos de su mejor empleo. Incluso, las pistolas provistas por el Estado deben ser individualizadas y existe la posibilidad, según el modelo, de auditar su utilización a través de registros, lo cual resulta útil en el control de la actuación policial.

Negar siquiera el debate es despreciar la vida de hombres y mujeres que ponen el cuerpo, todos los días, para garantizar orden y seguridad. No se puede quedar bien con Dios y con el diablo: o defendés a los delincuentes o defendés a quienes nos cuidan. En la provincia de Buenos Aires la situación es desesperante. Estadísticamente se produce un robo cada dos minutos. Por eso venimos trabajando desde la Legislatura para impulsar un proyecto que habilite el uso de armas menos letales.

No se trata de repartir pistolas Taser y nada más. Lo que estamos buscando es cuidar al personal de calle, además de garantizar instancias de capacitación y protocolos de acción que deben ser diseñados por las autoridades del Ejecutivo y por la propia Policía Bonaerense. Es necesario, a través de instrumentos normativos más apropiados a la realidad y la dinámica de la tecnología, definir normas claras para el uso progresivo de la fuerza con los diferentes elementos provistos por el Estado para el uso del personal policial en cumplimiento de actos de servicios.

La complejidad del delito requiere una política de seguridad moderna. Con este propósito, durante la gestión de María Eugenia Vidal iniciamos un camino de transformaciones para avanzar hacia el futuro. Sin embargo, el kirchnerismo rompió todo y vuelve a plantear antinomias del pasado, que tienen de rehén a la sociedad. Es fácil sostener ese marco de discusión desde una oficina cuando los que no pueden salir a la calle son los vecinos de la provincia y, en particular, quienes viven en el conurbano. La policía tiene que tener todas las herramientas para que, justamente, puedan protegerse y, en consecuencia, protegernos a todos. Y este tipo de armas menos letales son una opción acorde que, con el debido control sobre su uso, capacitación, protocolos de actuación y empleo, permiten resguardar la vida.

Senador provincial de Juntos, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de la provincia de Buenos Aires

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