Penurias de las estadísticas oficiales
La ausencia de mediciones fiables, o su distorsión, genera un enorme daño que impacta en cada uno de los circuitos de las áreas económicas y sociales. Sus efectos nocivos se proyectan, además, sobre la escena internacional, cuando los organismos de la ONU se ven obligados a incorporar evaluaciones y estadísticas oficiales intencionalmente sesgadas, enmarcadas en relatos que desdeñan la verdad y privilegian la propaganda.
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) que elaboran las Naciones Unidas constituye un ejemplo emblemático en este sentido. Ya en 2014 la medición de este índice nos colocaba entre los países de mayor desarrollo, lo que contradecía abiertamente evidencias palpables. Es probable que en el IDH de 2015, el recálculo reciente del PBI arroje nuevamente un índice artificialmente favorable.
Esta asombrosa promoción se explica sin duda por la adulteración de las cifras y la distorsión estadística originada en 2007, cuando el Indec fue intervenido. Desde entonces, la Argentina ha batido todos los récords en manipulación de datos. En 2013, un informe de la AGN ponía en evidencia las tremendas deficiencias de ese organismo, que ni siquiera constataba la verosimilitud de la información procedente de las fuentes descentralizadas, y tampoco lo hacía, entre otros, con respecto a la salud y la educación.
El censo nacional de 2010 relevó muchas menos variables que el de 2001. Lo acontecido en la Anses ha sido alarmante; no obstante su función decisiva en el ámbito previsional -y las solicitudes de la AGN-, el organismo nunca realizó un estudio actuarial que le permitiera medir algo tan básico como la sustentabilidad del sistema. Contablemente, no registra sus deudas futuras y se ha negado a pagar los juicios de los jubilados mientras proclamaba excedentes en su Fondo de Garantía. La clandestinidad en el manejo de información clave del Estado parece haber sido una de las principales herramientas de gestión de los fondos públicos. La Sigen, órgano rector de control interno, ha guardado en prolijo secreto los informes que produce. Anualmente, la AGN observa falencias en el presupuesto y la omisión de pasivos importantes en materia de deuda. En el caso de la AFIP, se verifica insuficiencia de información sobre lo recaudado.
La falta de transparencia en el manejo de las cifras alcanzó a otros aspectos de la ejecución presupuestaria, como la administración discrecional de transferencias a las provincias, municipios y al sector privado, convirtiéndose incluso en un arma discriminatoria y, en muchos casos, de disciplinamiento político.
Tampoco están disponibles las publicaciones estadísticas del Ministerio de Trabajo que permitían conocer el gasto en jubilaciones y pensiones, ingresos del sistema y haberes, entre otros; se dejaron de publicar estadísticas sobre programas sociales, su asignación geográfica, informes de monitoreo y evaluación. Es conocida la reticencia que ha tenido el Ministerio de Desarrollo Social para dar a conocer la lista de beneficiarios de planes sociales a pesar de los fallos de la Corte.
La Sedronar no elabora estadísticas sobre la lucha contra el narcotráfico (Informe AGN 2009) e incumple con la obligación de mantener una base de datos actualizada sobre precursores químicos. La CNRT no publica datos sobre accidentes ferroviarios, no obstante el trauma social provocado por la tragedia de Once. Las penurias de nuestras estadísticas han permitido alimentar un relato falaz y también han deformado nuestra comparación con el mundo, planteando absurdos como que la Argentina tiene menos pobreza que Alemania.
Queda por delante una enorme tarea de reconstrucción de instrumentos estadísticos y revalorización de la información pública para la gestión y para el ejercicio del derecho ciudadano a ella. En el futuro, podrán aparecer diagnósticos tan equivocados como el del IDH de 2014, pero debemos ser conscientes de que aún nos queda un largo trecho para borrar los rastros perversos de las distorsiones acumuladas.
Presidente de la Auditoría General de la Nación
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