Pensemos en la Justicia cuando vayamos a las urnas

El próximo domingo los argentinos iremos nuevamente a las urnas para elegir a nuestros representantes. Sí, llega la hora de volver a ser escuchados, con la esperanza de que el árbol no nos impida ver el bosque entre tanta sobrecarga de propuestas respecto de “un futuro mejor”.

Este 2023 nos jugamos el todo por el todo, definimos un rumbo para nuestro país que, para nuestros hijos, esperamos sea el definitivo. Por eso, entre la avalancha de enunciados y slogans que repiten los candidatos una y otra vez, es necesario detenernos un momento para reflexionar sobre la visión de la justicia que tienen las principales fuerzas políticas que van a competir para llegar a la Casa Rosada.

A pesar de los temas urgentes que deberá encarar el próximo presidente como la inflación, la pobreza, la inseguridad y la degradación del sistema educativo y de salud, también deberá abocarse a un tema de inmensa trascendencia para el desarrollo económico de un país: la calidad del servicio de justicia. Porque no es posible lograr la estabilidad económica que necesitamos sin estabilidad jurídica.

En materia judicial, podemos ver la propuesta de Unión por la Patria a través de la política desplegada en estos casi cuatro años. Nos dijeron en 2019: “vamos a volver mejores” y que no creían en los planes. Sin embargo, siguiendo el “instructivo universal de los gobiernos populistas”, lo primero que hicieron fue desplegar un plan puntillosamente diseñado para intentar perpetuarse en el poder y eliminar cualquier intento de control republicano, minando y colonizando las instituciones. Entre ellas, su principal objetivo fue el Poder Judicial, porque con la justicia en la mira también podían buscar la impunidad para la expresidenta y los funcionarios kirchneristas acusados de corrupción.

Así vimos como durante los primeros meses la gestión y en plena pandemia, en una sesión que todos recordamos porque Daniel Scioli se sentó en su banca aún siendo embajador de Brasil, decidieron manipular el régimen jubilatorio de magistrados para forzar la renuncia de jueces históricos.

Mientras coartaban nuestras libertades y cada vez nos volvíamos más pobres, vimos también pasar por el Congreso proyectos como el de reforma de la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura Nacional y hasta la Corte Suprema de Justicia. Todos proyectos acomodaticios, pensados para ellos y alejados de las prioridades de la gente y del justiciable.

Se ensañaron contra jueces y fiscales incómodos. Cuando no consiguieron los consensos para designar un Procurador General, intentaron fallidamente iniciar un juicio político contra el Dr. Casal y siguen intentando hasta hoy, en plena campaña, fabricar un juicio vergonzoso contra los ministros de la Corte Suprema plagado de irregularidades, presiones y hasta de amenazas a magistrados, funcionarios y familiares.

Cuando sintieron que perdían poder en un órgano estratégico como el Consejo de la Magistratura partieron su bloque en el Senado en una maniobra violatoria del principio de buena fe republicano, para lograr mayor representatividad y, cuando llegó el fallo adverso de la Corte Suprema, optaron por desoír e insistir.

Muchas páginas podríamos escribir con las declaraciones de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, de Sergio Massa, de Axel Kicillof y un sinnúmero de funcionarios del gobierno que atentaron contra la independencia del Poder Judicial, desprestigiándolo, para esmerilarlo. Ni que hablar de las maniobras desplegadas para burlar las decisiones de los jueces.

En estos casi cuatro años, los ciudadanos nos vimos obligados a vivir en estado de alerta permanente, y a salir a las calles para defender a jueces, fiscales, la independencia del Poder Judicial y la institucionalidad. También vivió así buena parte de la oposición. Esa parte de la oposición que estuvo presente y le puso un freno a cada uno de los avances del oficialismo, que estuvo para negarse a votar sus leyes troyanas y defender a los jueces y fiscales que quisieron sentar en el banquillo de los acusados.

Esa oposición que, cuando fue gobierno, mostró su compromiso por el fortalecimiento institucional y por la independencia de poderes. Basta como ejemplo recordar los fallos dictados por la Corte Suprema durante los primeros días del mandato de Mauricio Macri, cuando le ordenó devolver fondos coparticipables a las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis, y la decisión de acatar en vez de atacar del entonces presidente, a pesar de las consecuencias económicamente ruinosas para un gobierno que recién comenzaba. Luego vendrían otros fallos adversos como el de las tarifas y la misma actitud respetuosa de las instituciones.

Es por esa oposición que hoy estoy convencida que hay esperanza y luz al final del túnel. Porque a este gobierno se le acabó el tiempo y porque los argentinos podemos vislumbrar una alternativa institucional clara en una parte de la oposición.

Es también por los ciudadanos que hay esperanza. Porque hoy los argentinos entendimos mejor que nunca la importancia de defender nuestro sistema republicano con una alternativa de cambio posible y duradero, un cambio con institucionalidad y alejado de propuestas propias del realismo mágico.

Necesitamos que el próximo gobierno vuelva a poner a la justicia al servicio del ciudadano. Una justicia independiente, que respete la Constitución y las leyes. Nos merecemos vivir mejor, en un país normal donde el estado de derecho y las instituciones sean respetadas.

Consejera de la Magistratura Nacional