Pasa de naranja a rojo el tablero de control de las elecciones 2021
Cierra el 2020 con algunas señales muy negativas para la forma en que se implementarán las elecciones de Argentina 2021. No es casualidad que la ciudadanía se encuentre movilizada impulsando iniciativas con fuerza de Ley como la de Boleta Única, la de Ficha Limpia y la de Observación Electoral Nacional e Internacional.
El gobierno de Alberto Fernández no ha demostrado apego ninguno a la noción de integridad electoral cuyos ejes son fortalecer el Estado de derecho que afiance los derechos humanos y la justicia electoral, crear organismos competentes e independientes que generen confianza en la población, crear normas para favorecer la competencia multipartidaria, eliminar barreras jurídicas, políticas y administrativas que dificulten la participación, y regular el financiamiento político incontrolado, oculto o indebido.
La preocupación crece cuando se pasa de lo meramente retórico o discursivo al plano de las acciones concretas. El desconcertante elogio presidencial del presidente al gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, se dimensiona luego cuando el Poder Ejecutivo nacional pretende "partidizar" las instituciones judiciales con competencia electoral. A esta provincia no ha llegado prácticamente la recuperación democrática de 1983. El modelo ha sido el de suprimir la alternancia y la competitividad electoral para controlar todas las instancias del aparato estatal provincial. Las elecciones son una instancia de control estatal en donde la soberanía fluye de arriba hacia abajo, respetando la decisión del gran elector, el eterno gobernador. Esta imposición nada tiene que ver con la democracia y en esta provincia se violan abiertamente los derechos políticos de las argentinas y argentinos que viven en el distrito. Formosa es modelo sin duda, modelo de régimen híbrido con sesgo hacia lo autoritario.
Ahora bien, cuando el discurso y la acción hacen match allí pasamos a otra instancia de alerta, pasamos del naranja a rojo.
Repasemos las señales negativas que ha dado el presidente: la primera señal destaca la discriminación que hizo de la mujer que ganó el concurso para cubrir la vacante en la Cámara Nacional Electoral. La Doctora Alejandra Lázaro es una referente regional del feminismo y una mujer con una impecable trayectoria en la Justicia Electoral. Pudo haber sido la primera mujer en integrar la Cámara. Pudo haber sido un hecho histórico, pero no. En su lugar elevó el pliego del juez federal de Tucumán Daniel Bejas que además de provenir de una provincia con un déficit democrático muy pronunciado como lo es Tucumán había sido apoderado del partido político del presidente en el distrito mencionado. Las elecciones deben generar confianza y para ello los funcionarios que las implementan deben ser profesionales y no estar asociados a un partido político. De este modo y tras la aprobación del pliego en el Senado, la Cámara Nacional Electoral estará representada al 33% por los distritos vinculados con las malas prácticas políticas. Un retroceso inapelable.
Las elecciones deben generar confianza y para ello los funcionarios que las implementan deben ser profesionales y no estar asociados a un partido político
Segunda señal. Envalentonado con este caso ahora el presidente propone a un juez "militante" como Alejo Ramos Padilla al frente del estratégico juzgado federal de la Provincia de Buenos Aires. Un distrito que condensa al 40% del padrón nacional y que cuenta con subdistritos electorales con serios problemas en términos de integridad electoral ¿Qué diferencia habría para Ramos Padilla entre "criminalizar" la tarea de un periodista con la de "criminalizar" la tarea de un partido político de la oposición? ¿Será considerado una confabulación o una conspiración el hecho que un partido político de la oposición quiera alcanzar el poder a través de elecciones? Esperemos que así no sea. En cualquier caso, lo que queda claro es que este perfil va a tensionar la competencia política al no brindar garantías a los actores del proceso electoral bonaerense.
Tercera señal. En el mismo distrito el oficialismo local con apoyo del presidente ubica en la agenda de discusión la posibilidad de derogar la ley provincial que impide la reelección indefinida de los intendentes. Aquí nadie está pensando en mejorar el sistema electoral, por el contrario, el objetivo es claro: sacar ventaja de donde se pueda.
Cuarta señal. En una evidente campaña de instalación promovida por el gobierno nacional muchos gobernadores de provincias con déficit democrático enviaron mensajes en redes sociales alarmando sobre el riesgo de realizar las PASO del año 2021 alegando el riesgo sanitario. El argumento es improcedente dado que en este año se han hecho todas las elecciones previstas en el calendario anual de la región y el mundo ¿Qué riesgo podría haber en agosto del 2021? De modo contundente podemos responder que ninguno. En todo caso la preocupación de la autoridad gubernamental no debe pasar por la suspensión de la elección, sino por la adopción de medidas tendientes a reducir los riesgos posibles. De eso se trata la gobernanza electoral. En el sentido opuesto, el cambio de reglas electorales de acuerdo a la conveniencia coyuntural del partido de gobierno es una señal clara de "cancha inclinada" y, por lo tanto, de erosión de la institucionalidad democrática. Lo que ocurre habitualmente en la provincia de Formosa, por ejemplo.
Todo esto que se ha detallado se da en un marco en donde la Dirección Nacional Electoral permanece en silencio y en donde el gobierno nacional no ha tomado ninguna recomendación de la Guía de la OEA para realizar elecciones en contextos pandémicos, siendo la primera y más trascendente medida la de convocar a los actores para tomar medidas consensuadas.
Una elección se planifica con muchos meses de anticipación. En Argentina no sabemos que están haciendo las áreas que deben implementar el proceso, sin embargo, sí sabemos lo que hace el presidente: restituir la "cancha inclinada" y para lograrlo se vale del instrumento más eficiente, el del discurso de la polarización propia del amigo/enemigo.
La inquietante conclusión cae de maduro y nos lleva del naranja al rojo: ¿Por qué darles garantías electorales a los "enemigos"?
Politólogo; director ejecutivo de Transparencia Electoral
Por Leandro Querido
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