Pasa de todo porque no pasa nada
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LA NACIONHugo Alconada Mon
La Argentina es un país peculiar: pasa de todo porque no pasa nada. Y no pasa nada porque pasa de todo. Parece un juego de palabras, pero es la erupción cutánea de uno de nuestros problemas más acuciantes: el todo-es-lo-mismo y su efecto derivado, la impunidad.
Basta con ver qué ocurrió durante las últimas semanas para comprobarlo. Descubrimos que el presidente Alberto Fernández violó la cuarentena “reforzada” que él mismo impuso. Observamos a la vicepresidenta destratarlo en público, carta mediante. Y a sus funcionarios renunciándole, para luego quedarse, mientras que se fueron los que querían resistir. Supimos que figuras de la oposición tampoco respetaron las normas contra el Covid-19. También, que el líder de la banda Los Monos declaró que “trabaja” de apretar jueces con sicarios, mientras que avanza una pesquisa por contrabando de armas a Bolivia contra el expresidente Mauricio Macri. También irrumpieron los Pandora Papers. Y un ministro de Seguridad de la Nación amenazó a un caricaturista que opinó.
Cualquiera de esas novedades podría –y debería– dominar el ciclo informativo nacional durante semanas. Pero no en la Argentina. Porque como padecemos muchos periodistas –y aprovechan muchos políticos–, las noticias más recientes tapan a las anteriores, tornándolas “viejas”. Así, son tantas las novedades que alimentan la amnesia colectiva, mientras pocas acciones –y delitos– conllevan consecuencias.
Veamos qué informaba la prensa hace unos meses para corroborarlo. El 22 de agosto, por ejemplo, el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostenía que el Olivosgate era “un tema terminado” para el Gobierno. La cepa delta se cernía sobre nosotros. Y el narco más buscado del país, Dumbo, resultaba inhallable. ¿Qué ocurrió desde entonces? Cafiero es canciller, delta sigue siendo una amenaza y Dumbo continúa prófugo. Pero otros asuntos los eclipsaron. Y muchos se aprovechan de la vorágine, surfeándola.
¿Sabe el lector que muchos funcionarios esperan a que irrumpa algún evento noticioso para firmar sus decisiones más incómodas? ¿Hay que sobreseer a un “pirata”? Pues esperemos a que la Argentina juegue por las eliminatorias de fútbol porque nadie prestará atención. ¿Hay que firmar un decreto beneficiando a un amigo del poder? Publiquemos ese decreto en el Boletín Oficial el día en que los talibanes tomen Kabul o muera el baterista de los Rolling Stones o algún famoso se separe.
¿Sabe el lector que, incluso, hay profesionales de la comunicación que entre sus servicios ofrecen provocar “escándalos” para tapar los problemas de sus clientes? Si usted es político, empresario o figura pública de cualquier índole y necesita que la sociedad se olvide de alguna macana suya, ¡estos profesionales pueden ayudarlo! Al fin y al cabo, siempre hay operadores mediáticos listos para el pan y circo.
Mientras, la Argentina sigue igual. O peor. Porque muchos políticos –y criminales de cuello blanco– quedan impunes y la apatía social y el cinismo se esparcen entre los ciudadanos. Porque pasa de todo… pero al final no pasa nada.
Por supuesto, creer que los ciclos vertiginosos de noticias solo afectan a nuestro país sería una ingenuidad. La diferencia es que las instituciones funcionan en otros países con prescindencia de las coberturas periodísticas. Pero en la Argentina no son pocos los organismos de control, jueces y fiscales que actúan o duermen al ritmo de los micrófonos.
¿Irrumpe un nuevo escándalo? Difícil olvidar a aquel juez federal –que en paz descanse– que llevó su sobreactuación al punto de recurrir a un helicóptero para llegar más rápido al country del acusado. ¿Y qué pasó cuando la prensa dejó de preguntar sobre ese escándalo? El expediente quedó arrumbado durante años.
¿Qué podemos hacer? Ralentizar el ciclo informativo es imposible. Al contrario, seguirá acelerándose al ritmo de cada nueva tecnología que irrumpa en el mercado. Tampoco podemos pretender que los “piratas” dejen de manipular el sistema. ¿Qué queda? Fortalecer las instituciones, rechazando los intentos de tornarlas aún más dependientes de la política y de los ciclos informativos.
Son los organismos de control los que deben vigilar el poder. Son los jueces y fiscales quienes deben condenar al Presidente si violó la cuarentena o al expresidente si contrabandeó armas. Sin importar los deseos de la casta política. O qué domine la cobertura mediática del día. Si no, en un año todo esto también quedará en el olvido. Como los carpinchos de Nordelta.
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