Paradojas de la democracia
Una cosa es la capacidad de llegar al poder y mantenerlo, y otra, muy distinta, la aptitud de administrar el Estado en función del bienestar general. Cuando prevalece lo primero, se hipoteca el largo plazo en función del rédito inmediato
PARA LA NACIONLuis Rappoport
Una paradoja de la democracia moderna es que las capacidades necesarias para llegar al poder y para mantenerse en él son distintas a las necesarias para gestionar el Estado y trabajar para el bienestar de la sociedad (tengamos en cuenta que el poder político, al emanar del voto, emana de la sociedad).
Para llegar al poder o para mantenerse, los políticos profesionales son desconfiados y jerarquizan la lealtad sobre la idoneidad, se apropian de dineros públicos para financiar sus campañas y cultivan su "imagen". Son esclavos de las encuestas de opinión, a partir de las cuales arman discursos elaborados por especialistas en marketing político para seducir votantes. Nada de eso sirve para gobernar.
La paradoja es más compleja aún. En el caso de que un grupo de políticos profesionales tenga las mejores intenciones y concentre ambas capacidades -las necesarias para llegar y mantenerse en el poder, y las necesarias para la gestión del Estado-, con frecuencia ambas entran en conflicto entre sí. El ex presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero sabía que España estaba montada en una burbuja inmobiliaria insostenible y tenía equipos aptos para desarmar esa burbuja. Pero si lo hubiese hecho, hubiera debido pagar el costo de debilitar el crecimiento económico de corto plazo? y perder elecciones. La decisión de seguir inflando la ficción le permitió seguir en el poder. El actual sufrimiento español es el resultado de la paradoja que analizamos. En el ciclo del matrimonio Kirchner -sin buenas intenciones ni capacidad- la ambición por el dinero de nuestros gobernantes fue más allá de lo necesario para el sostenimiento de lealtades políticas y todo indica que llegó a niveles nunca vistos de corrupción, con un extremo obsceno: vaciar YPF y comprometer el futuro energético y el equilibrio macroeconómico del país, para quedarse "innecesariamente" con el 25% de esa empresa.
A esas paradojas se agrega el elemento trágico de toda realización humana: la distancia entre las intenciones y los resultados. Habitualmente, a pesar de las mejores intenciones, los planes y las utopías fracasan, tanto a la hora de conservar el poder como en la administración del Estado.
En los niveles subalternos de la acción política -diputados, concejales, intendentes-, donde se desarrolla una lucha parroquial por el poder, están presentes estas paradojas en forma descarnada. Basta con un ejemplo: ¿qué tiene que ver con el espíritu del cupo femenino la inundación de esposas y amantes de políticos en las listas? El cupo está pensado como acción positiva para asegurar la presencia de mujeres en posiciones del poder. Las esposas y amantes están pensadas para asegurar lealtad a las ambiciones de sus hombres.
En su lucha por el poder, sometidos a las desconfianzas, a la vana pretensión de que fulano o mengano "tiene" los votos, a la paranoica suposición de que la prensa hace "operativos", a las falsas lealtades, la búsqueda de financiamiento, la fabricación de "imagen", las encuestas de opinión, las largas reuniones con especulaciones estériles y las urgencias para quedar colgados en alguna lista de candidatos, los políticos profesionales actúan encerrados en un juego solipsista. La sociedad los observa hasta que cierran sus propuestas. Luego intervenimos y optamos con el voto.
Pese a estas paradojas, la democracia representativa es la mejor forma de gobierno. Todas las demás son peores.
Pero la democracia representativa es un punto de partida, no es un punto de llegada. El voto es la precondición. La calidad de la democracia requiere un esfuerzo permanente de mejora continua. Uno de los caminos de esa mejora está en la indignación de los ciudadanos. Esa indignación, expresada como se expresa en las marchas de Brasil o en nuestro 8-N, es un medio para romper el solipsismo de los políticos profesionales.
Los políticos deben saber que con el voto optamos por los menos malos, pero que nunca votamos las mentiras de Indec, la falta de política de transporte, el desastre al que sometieron la educación pública, la destrucción de la autonomía energética argentina, el deterioro de la infraestructura vial, la pobreza crónica de un cuarto de la población ni la inflación. Y también deben saber que para evitar los golpes de indignación hay que construir una agenda positiva a favor del país y de los ciudadanos.
Deben saber que necesitamos partidos políticos organizados. Son un medio ideal para que los políticos debatan y desarrollen procedimientos consensuados y participativos para dirimir sus liderazgos. Y para que incluyan en su lucha por el poder propuestas de gestión. Eso se puede conseguir con una legislación que aliente su formación y no la desaliente para asegurar el poder del circunstancial presidente absoluto.
Necesitamos funcionarios públicos profesionales elegidos por concurso, y no en virtud de clientelismo y corrupción. Para resolver el tema del transporte, por ejemplo, no sirven los leales a la presidencia. Sirven los que saben y tienen capacidades para gestionar.
Necesitamos publicidad de todos los actos de gobierno, para que los debates sean abiertos y para poner límites a la corrupción. Para que cualquier ciudadano o periodista de investigación pueda detectar a los incapaces y a los corruptos.
Necesitamos universidades y centros de estudios que analicen la gestión pública con expertos ajenos al poder. Necesitamos que el conflicto de intereses entre los políticos de distintas fracciones ayude al control de la gestión, como lo indica la Constitución.
Necesitamos someter la corrupción a la Justicia. Para que esa transgresión sea penalizada. No hay destino nacional posible si la función pública sirve para enriquecer políticos profesionales.
Necesitamos una mayor difusión del poder; por ejemplo, más recursos automáticos a las provincias para que éstas no deban someterse al capricho de un Poder Ejecutivo Nacional que "da" lo que no le pertenece a cambio de apoyos para preservar el poder absoluto.
Necesitamos, por ejemplo, una oficina de presupuesto del Congreso que, con adecuado nivel técnico (y no con "ñoquis"), asesore en la confección del presupuesto y controle su ejecución, como una forma de ampliar el poder del Congreso y equilibrar al Poder Ejecutivo.
Pero, sobre todo, necesitamos que el poder político y los políticos profesionales sean esclavos de la ley.
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Por Luis Rappoport
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