Para salir del círculo vicioso, el Estado debe ordenar sus cuentas
PARA LA NACIONHernán Iglesias Illa
En los últimos meses, a medida que se fue haciendo más urgente la necesidad de avanzar hacia el equilibrio en las cuentas del Estado, el Gobierno empezó a hablar de la reducción del déficit como una tarea pendiente desde hace 70 años. Mencionó la cifra el presidente Macri en varios de sus discursos y la mencionaron también varios ministros. ¿Por qué el Gobierno habla de 70 años?
Algunas voces críticas han sugerido que la elección de ese número supone una impugnación política del peronismo (cuyo primer gobierno empezó hace 72 años) o una nostalgia por modelos de país anteriores a la incorporación de los derechos de la clase trabajadora a la vida democrática. O, también, que este número refleja el momento exacto en el que el Gobierno cree que comenzó el declive de la economía argentina.
Ninguna de esas suposiciones es correcta. Ni el Gobierno cuestiona las conquistas sociales y políticas del peronismo ni existe en la historiografía del Gobierno un paraíso perdido al que la Argentina deba o pueda retornar. Mucho menos un paraíso sin Estado de Derecho ni Estado de Bienestar.
La mención de los 70 años se refiere específicamente al desequilibrio de las cuentas del Estado y, más específicamente, al momento a mediados de los años 40 del siglo pasado en el cual estos desequilibrios -que el Estado argentino arrastraba desde mucho antes, incluso desde el siglo XIX y, sobre todo, desde la Primera Guerra Mundial- empezaron a impactar en la inflación, insignificante hasta entonces y crónica después.
La inflación promedio desde mediados de los 40 ha sido de alrededor del 150% anual. Desde 1961, cuando el Ministerio de Economía empezó a publicar series consistentes sobre las cuentas públicas, el déficit primario promedio fue del 2% del PBI. El déficit total, incluidos los intereses de la deuda, ha sido de alrededor del 4% anual.
Esta es la tendencia que el Gobierno quiere romper después de 70 años (o, más rigurosamente, 75 años): la combinación persistente de déficit e inflación que ayudó a generar una decena de crisis dolorosas y parecidas entre sí. La base de este nuevo compromiso es el proyecto de ley de presupuesto para 2019 presentado en el Congreso la semana pasada, consensuado con las provincias, que prevé un déficit (o superávit) primario de 0%.
Otra crítica a la elección de los 70 años viene de quienes argumentan que desde los 40 hasta mediados de los 70 del siglo pasado la economía creció vigorosamente y hubo movilidad social ascendente, baja pobreza y bajo desempleo. Es cierto que en ese período hubo varios años de crecimiento -como los hubo en la mayoría de los países de Occidente-, pero también es cierto que igual sufrimos en esos años varias crisis por falta de dólares e inflación creciente, generadas al menos en parte porque el Estado gastaba más de lo que ingresaba.
El Gobierno, por lo tanto, elige la fecha de los 70 años no porque la considere una bisagra fundamental en la historia económica del país o para hacer un comentario sobre si es mejor un tipo u otro de modelo de desarrollo. La intención es hacer foco en el problema del déficit y la inflación, su compañera habitual.
Decimos entonces "70 años" por varias razones. Una de ellas es reforzar la idea de que el desequilibrio de las cuentas públicas no es un problema heredado solamente del gobierno anterior, aun cuando el déficit de 2015 fue uno de los más altos de la historia.
Otra es reforzar la idea de que la responsabilidad de estos desequilibrios excede a los gobiernos nacionales y provinciales e incluso a la clase política. Extendido a través de tanto tiempo, en contextos tan distintos y bajo gobiernos de todo tipo (no solo constitucionales), el déficit fiscal alto y persistente refleja también un defecto en la organización del Estado y un fracaso de nuestro país para responder sosteniblemente a demandas contrapuestas.
Hace dos años, el Gobierno propuso corregir esta situación con un camino gradual, que fuera equilibrando las cuentas a medida que ponía los cimientos de una economía más sostenible, con más infraestructura, menos distorsiones, más crédito, más competencia, más inversiones, más federalismo y un Estado al servicio de los ciudadanos y las pymes exportadoras.
Ese camino, que generó casi dos años de crecimiento y permitió crear más de medio millón de puestos de trabajo, dio buenos resultados hasta hace unos meses, cuando quienes nos prestaban la plata para atravesar esta transición dejaron de hacerlo y nos quedamos frente a la debilidad central de nuestra organización como Estado. Ante esta situación, el Gobierno decidió acelerar sus metas de equilibrio fiscal. Lo que originalmente estaba previsto para 2021 se conseguirá en 2019.
Dicho esto, el Gobierno no ve el equilibrio de las cuentas públicas como un fin en sí mismo que vaya a resolver mágicamente nuestros problemas. Pero sí lo ve como una condición necesaria para construir el país que queremos, con más producción, más empleo formal, más exportaciones, crédito e inversión, en el marco de una sociedad cada vez más abierta y democrática, con un Estado transparente y sin corrupción, y en la que cada argentino o argentina tenga la inclusión y los recursos para elegir libremente su vida. Y, sobre todo, una economía sin los atajos del pasado, que nos daban unos años de euforia antes de caer en depresiones dolorosas.
Ese camino, que requiere paciencia y determinación, es el que estamos recorriendo, aun cuando la difícil situación actual y la persistencia de la inflación parezcan mostrar que seguimos dando las mismas vueltas de siempre.
De eso se trata entonces la referencia a los 70 años. No es una opinión sobre el peronismo, la democracia o un modelo de desarrollo. Es el reconocimiento de un problema antiguo y una convocatoria a trabajar: si queremos dejar atrás los círculos viciosos de la economía argentina, el Estado debe ordenar sus cuentas. Es una oportunidad que tenemos que darnos.
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