Pandemia versus democracia
Casi todos estamos de acuerdo en que es necesario extremar los cuidados sanitarios y exigir cierto nivel de aislamiento para evitar el colapso de nuestro sistema de salud. Nadie sabe la duración de la batalla contra el virus y la proyección de los resultados es confusa, diversa y volátil. Este es el mundo en que nos toca vivir. Y como seres humanos que vienen adaptándose hace millones de años a un entorno cambiante, seguramente vamos a emerger victoriosos. En el medio de la pandemia, los gobiernos tienen dos opciones claras: respetar los derechos y garantías de los ciudadanos o aprovechar la inmensa angustia colectiva para erguirse como una entidad superpoderosa, supuestamente protectora, con facultades gubernamentales totalmente desproporcionadas.
Cada vez que se publica el Boletín Oficial hay grandes posibilidades de encontrar evidencia de lo que este gobierno niega: están convirtiendo a la Argentina en un Estado autoritario. Vienen sucediendo situaciones de medidas reñidas con la legitimidad. Han sido demasiadas en un corto lapso de tiempo y cada una merece un texto aparte. La última de ellas: el jefe de Gabinete de Ministros se otorgó superpoderes presupuestarios. De repente, puede hacer su voluntad con el dinero de los contribuyentes. Así lo indican los artículos 4 y 6 del DNU 457/2020. No hay razón para evadir la ley que permite al jefe de Gabinete cambiar solo el 5% del presupuesto. Solo que tampoco se molestaron en construir un presupuesto diferente al que dejó Mauricio Macri. Al parecer, la pandemia nos pide que confiemos ciegamente en alguien con una conciencia tan elevada e infalible que dictará acertadamente y con sentido salomónico, el destino de los recursos a medida que las cosas sucedan. Todo indica que ese es el plan maestro.
Hay quienes parecen utilizar la pandemia (palabra que nos tiene aturdidos), para justificar ciertas maniobras como esta. No debería haber conflicto entre la salud pública y la democracia. El autoritarismo con el que se maneja el gobierno es inaceptable. El presidente Fernández debería revisar de manera urgente su estrategia de centralizar el poder, eligiendo no consultar al Congreso de la Nación en temas que le competen. No se lo estamos pidiendo porque los argentinos necesitamos esa "caridad". Se lo exigimos: el artículo 75 de la Constitución Nacional detalla claramente las atribuciones de los representantes del pueblo argentino.
En tiempos de crisis severas, no existe mejor estrategia que sumar voces, integrar visiones, aceptar revisión de medidas, controlar las cuentas y aceitar los engranajes de esta democracia que tanto nos costó conseguir. Estamos en un punto en que los argentinos debemos cuidarnos, no solo del Covid-19, sino de las amenazas domésticas a nuestras garantías básicas. Quienes consideramos sagradas a las instituciones, sabemos que detrás del abuso de facultades extraordinarias hay debilidad e inseguridad democrática. Sería gravísimo continuar con una evasión patológica al consenso, tal como la que exhibió el kirchnerismo durante sus mandatos.
Más inciertas que las consecuencias del Covid-19, son las de la obsesión del gobierno por decretarse facultades nuevas cuando siente que hay un obstáculo legítimo a la improvisación.
Trazando un paralelismo con esta situación desafortunada, el poder se comporta como un virus que busca tomar control y someter a su huésped: el sistema democrático. Afortunadamente, nuestra Constitución contiene los anticuerpos necesarios para que el gobierno respete a los ciudadanos y garantice sus libertades. Esa institucionalidad es la barrera que nos separa de aberraciones tales como absolutismos monárquicos, sistemas feudales, dictaduras religiosas, ideológicas y otras formas de abuso. Cuando se debilita la barrera se corrompen los poderes del estado y comienza a verse la degradación: delincuentes liberados porque sí, manejo arbitrario del presupuesto, normas constitucionales tomadas como simples sugerencias, ley de presupuesto indefinidamente evadida, sistemas de contratación y compras sin controles, falta de federalismo y rechazo progresivo de las voces disidentes.
Tenemos un gran desafío por atravesar y necesitamos estar en la misma frecuencia para colaborar mejor con los ciudadanos, agobiados por tener que convivir con la posibilidad de perder la salud, el estrés del confinamiento y las penurias financieras de la falta de trabajo.
Para tomar medidas más justas, necesitamos recuperar y fortalecer la salud institucional a través del consenso.
Diputado nacional (UCR), presidente de la Comisión de Defensa de la Competencia
Por Diego Mestre
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