Otro año sin defensor del pueblo de la Nación

Ha pasado otro año sin que el Congreso cumpla con la obligación constitucional de designar al defensor del pueblo de la Nación, cargo que se encuentra vacante desde 2009, cuando el entonces defensor, Eduardo Mondino, decidió abandonar esa función para competir por una banca legislativa.

La demora resulta inexplicable y constituye un atropello al derecho de todos los ciudadanos de contar con una figura clave en la protección y la defensa de los derechos humanos y garantías constitucionales frente a actos u omisiones de la administración pública, y también en el control de las funciones administrativas del Estado.

En estos siete años transcurridos ha sido casi nulo el interés de los legisladores por cubrir esa vacante. Sólo se han conocido algunos nombres de posibles candidatos, lanzados mayormente a las apuradas. Algunos resultaron francamente inaceptables, siendo que se trata de ubicar en ese puesto a una figura relevante, con una capacidad técnica y una moral y ética intachables.

En su retirada, el gobierno kirchnerista intentó -como solía hacerlo con cada organismo de control que buscaba cooptar- imponer a sus legisladores nombres de funcionarios o de ex funcionarios que le eran fieles políticamente. Afortunadamente, fracasó en esa intentona. No es ésa la manera de cubrir el cargo del ombudsman nacional. No es la forma de cubrir ningún puesto de semejante envergadura.

La Constitución no establece a qué sector político le corresponde el cargo de defensor: si al oficialismo o a la oposición, pero sí dicta claramente que el defensor del pueblo es un órgano independiente que actuará con plena autonomía funcional del Congreso, que lo elige, y de los otros poderes, "sin recibir instrucciones de ninguna autoridad". Que goza de todas las inmunidades y privilegios de los legisladores y que dura en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez.

Tanto su nominación como su remoción deben ser decididas por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las cámaras del Congreso. Se trata de una mayoría especial que da la pauta de la importancia que los convencionales reformadores de la Constitución han otorgado a ese cargo.

El defensor del pueblo cuenta con legitimación procesal, es decir que está habilitado para dar curso a causas en defensa de los ciudadanos. Cabe recordar que esa figura fue clave, entre otras, en la causa del saneamiento del Riachuelo desde que la Corte Suprema de Justicia le encomendó, junto a un grupo de organizaciones de sociedad civil, conformar un cuerpo colegiado para controlar el plan de recuperación de dicha cuenca.

Contrariamente, la falta de nombramiento de ese funcionario causó un impacto profundamente negativo en otras causas gravísimas como el operativo policial con muertos y heridos para desalojar tierras en Jujuy, en 2011; la tragedia ferroviaria de la zona de Once, en 2012, que dejó más de 50 muertos y 700 heridos, y la nefasta aplicación que pretendió hacer el anterior gobierno de la ley antiterrorista. En otros países, como Noruega, existe también una defensoría para los niños. Anne Lindboe, quien ocupa ese cargo en aquel país, recomendó que en la Argentina se cree una defensoría similar.

Hace ya más de dos años, y como reacción a una presentación de varias organizaciones no gubernamentales en reclamo de la cobertura de la vacante en la Defensoría del Pueblo, se realizaron audiencias en organismos internacionales. A fines de agosto pasado, la Corte Suprema y una sala de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exhortaron al Congreso a terminar con la inadmisible demora en la elección del defensor.

Resulta lamentable que nuestros legisladores nunca hayan podido acercar criterios para definir este delicado asunto. Recién hace poco más de un mes, cuando faltaban días para que concluyera el período de sesiones ordinarias, varios bloques propusieron ante la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo, que preside la senadora oficialista Marta Varela, los nombres de la legisladora porteña Graciela Ocaña, de los ex legisladores Héctor Polino y Humberto Roggero, y de la ex ministra de Educación del gobierno menemista Susana Decibe como posibles candidatos.

Mientras las dos mujeres fueron propuestas por Cambiemos, Polino es apoyado por la bancada socialista de la Cámara de Diputados y Roggero fue nominado por el bloque que preside Miguel Ángel Pichetto en la Cámara alta.

Un breve repaso de los candidatos nos lleva a recordar, por ejemplo, que la gestión de Susana Decibe fue severamente cuestionada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), sindicándosele no sólo la precarización del trabajo docente y el marcado deterioro de la escuela pública, sino también el desmanejo que originó la histórica Carpa Blanca contra la ley federal de educación y la ley de financiamiento educativo, que persistió durante 1003 días merced a multitudinarios apoyos sin que la funcionaria jamás recibiera a representantes del sindicato.

Luego de su renuncia, se distanció del ex presidente Carlos Menem y pasó a apoyar la candidatura de Néstor Kirchner, volviéndose incluso cercana a personajes como el violento ex secretario de Comercio Guillermo Moreno.

Por su parte, el histórico parlamentario cordobés Roggero, que inició su carrera en el equipo de José Manuel de la Sota, hace ya varios años que no ejerce cargo público alguno y hoy hasta carece del apoyo de su mentor de entonces, lo cual condiciona el voto favorable a su nominación por parte del Frente Renovador.

No podemos pasar por alto sonadas causas por enriquecimiento ilícito y evasión fiscal, esta última supuestamente solucionada con un plan de pagos concedido por la AFIP, como las que impulsó documentadamente quien fue su mano derecha, Norberto Aimé, pero que terminaron archivadas en los meandros procesales que enfrentaron al fiscal federal con el tribunal.

Así, se determinó vergonzosamente que no había irregularidades en la acumulación de un patrimonio de casi 80 millones de dólares desde que accedió a la función pública, omitiéndose considerar la defensa que el cordobés hizo de la ley de patentes y los sobornos que laboratorios argentinos habrían pagado para la sanción.

Muy diferente es el caso de Graciela Ocaña. Su nominación no genera ninguna suspicacia. Por el contrario, su paso por el PAMI y por el Ministerio de Salud de la Nación son testimonio por demás elocuente de su compromiso con la transparencia y la institucionalidad.

Honesta y confiable, su incansable capacidad de gestión le ha valido el apodo de "hormiguita". Así la había bautizado la diputada Elisa Carrió cuando ambas investigaban como integrantes de una comisión del Congreso el lavado de dinero y una serie de escándalos de corrupción del gobierno menemista.

Su empuje, su tenacidad, y su honestidad son su sello. Ocaña integra una generación de mujeres políticas que siempre han debido pelear por sus espacios. Los ciudadanos se verían indudablemente beneficiados si fuera ella quien ocupara finalmente tan importante cargo.

La senadora Varela anticipó la intención de "poner al día la institucionalidad y la transparencia del país". Es de esperar que ello ocurra sin más demoras. La Constitución debe ser cumplida y el pueblo debe contar, de una vez por todas, con su defensora.

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