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Otra forma de gobierno
En la Constitución Nacional los argentinos elegimos y decidimos varias cosas. En primer lugar las características del país que queremos y los principios, valores y derechos que pretendemos alentar y proteger. Luego explicitamos una forma de gobierno particular para hacer realidad estos ideales. Entre las variantes que teníamos a disposición preferimos una democracia en la que el pueblo no se manifieste directamente sino a través de representantes. Luego definimos los órganos o poderes del Estado encargados de llevarla adelante -Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, y las reglas generales de su funcionamiento. Entre ellas la división e independencia de poderes y la forma de controlarse mutuamente. Los miembros del Ejecutivo y los legisladores son elegidos directamente por el pueblo. Los jueces y otros magistrados designados luego de un especial y complejo proceso de selección del que participan los tres poderes.
Finalmente nos decidimos por el Poder Judicial como garante e intérprete final de la Constitución. Existían otras variantes, por ejemplo que en esta tarea la última palabra la tuviera el Parlamento, pero nos decidimos por la variante judicial. Una de las razones de esta decisión estuvo basada en la especial organización del sistema judicial, y en un procedimiento de selección y remoción de jueces que, sin perjuicio de incluir un componente político, luego aseguraba una relativa independencia.
Resumiendo, la Constitución es fondo y forma a la vez. Reglas de juego. Pero el gobierno argentino de los últimos diez años, junto a otros gobiernos como los de Venezuela, Ecuador y Bolivia, y por distintas razones, fue mutando hacia una interpretación diferente.
Tomando en forma absoluta algunos ideales y genuinos derechos de los individuos y del pueblo dejaron de lado las formas, incluida la forma de gobierno y sus reglas. Es buena, amiga y merecedora de apoyo y supervivencia toda persona o institución que acompañe o favorezca lo que el pueblo quiere. Es traidor, enemigo, destituyente y merecedor de destrucción aquel o aquello que se opusiera a la voluntad popular. Lo que el pueblo quiere es interpretado día a día por la Presidenta, que es la que tiene los votos.
La Presidenta no logró ese apoyo popular para modificar la Constitución pero cambió de hecho la forma de gobierno
En los países civilizados del siglo XXI (sin diferenciar entre desarrollados o en vías de serlo) un cambio de sistema como el implementado por el gobierno argentino requiere la reforma de la Constitución. Así lo hicieron nuestros socios latinoamericanos que comparten esta postura. Era lo que el pueblo quería, populismos constitucionales.
La Presidenta no logró ese apoyo popular para modificar la Constitución pero cambió de hecho la forma de gobierno. Abusando de mayorías, presionando o comprando voluntades, eliminó personas e instituciones que se opusieran a la voluntad general del pueblo argentino. Que extrañamente se manifestaba ahora por medio de la cabeza del Poder Ejecutivo.
Pero no pudo dar la estocada final. Una de las pocas voces que habían quedado sin callar o colonizar totalmente era el Poder Judicial. Mientras los jueces acompañaron la política del gobierno todo estaba bien, sus sentencias eran voces legitimadas. Cuando ya no acompañaron y tuvieron el tupé de desempolvar la Constitución y sus casi olvidados principios de división de poderes e independencia, jueces y fiscales se convirtieron en miembros del "partido judicial", ilegítimos y antidemocráticos competidores en la interpretación de la voluntad popular. La Presidenta nos lo recuerda todos los días.
En las próximas elecciones se pone en juego no solo el modelo de país que deseamos para el futuro sino el tipo de democracia que lo sustente. Un país en el que sus autoridades y habitantes no respetan las normas nunca podrá desarrollarse ni social ni económicamente. En estas circunstancias el respeto de la forma (de gobierno) y sus instituciones es un problema de fondo.
Esta es la realidad que nos toca vivir. Podemos construir un país mejor, pero para ello debemos formarnos cívicamente, saber ser ciudadanos y exigir a nuestros gobernantes que cumplan las reglas de juego y den el ejemplo. Comencemos por nosotros mismos.
