Novatos, conversos e infieles: el lado oscuro del comedor

Si logra que el Senado apruebe la Ley Bases y el paquete fiscal, algo que empezará a discutirse la semana próxima, Javier Milei podrá corroborar que, tal como anticipó, su administración entra cualitativamente en una segunda etapa. Ambas sanciones marcarán el punto de inflexión a partir del cual el nuevo régimen económico que propone, no exento de costos sociales pero hasta ahora eficaz contra la inflación, cobra respaldo institucional. El paso es decisivo para el establishment económico, desde ya, pero también para una parte de la dirigencia política que entiende que la Argentina solo tendrá futuro si hace un viraje drástico de rumbo.

Hay señales bastante concretas. Sin que todavía se sepan los alcances del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones incluido en uno de los proyectos, por ejemplo, en algunas provincias empiezan a anticiparse a la normativa. La semana pasada, en San Juan, varios gobernadores se unieron en la Mesa del Cobre, un acuerdo que se propone coordinar medidas para la producción del metal. Lo relevante fue que, además de las provincias tradicionalmente mineras, a la iniciativa se sumaron el cordobés Martín Llaryora y hasta Alfredo Cornejo, de Mendoza, un distrito que tiene por ahora restringida gran parte de esta actividad. El documento firmado, que incluyó al secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, y a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Carlos Sair (Jujuy), apunta a aprovechar los precios internacionales en un país que, a diferencia de Chile, está subexplotado en la materia. La Argentina, dicen los empresarios, podría atraer inversiones por 20.000 millones de dólares durante los próximos cinco años con incentivos adecuados.

Es indudable que cambió el clima de época. El malhumor por las caídas en las ventas o los despidos no exime a la sociedad de aceptar decisiones que hasta hace poco eran tabú. ¿La minería en Mendoza? Como Menem en su momento o incluso más, Milei no ha esquivado ni siquiera la terminología impopular: se jacta de proponer privatizaciones, de estar haciendo el ajuste más grande la historia y anticipa que seguirán los despidos en el Estado. Su flanco débil reside en todo caso en el largo proceso que lleva a ese propósito: a veces parece faltarle pericia para la transición hasta el nuevo sistema económico.

Lo que acaba de pasarle con el gas podría ser un ejemplo. Envalentonado con la idea de que Vaca Muerta tiene un futuro descomunal que hará viables inversiones privadas en gasoductos y plantas de GNL, el Gobierno olvidó que el suministro es todavía altamente precario, capaz de sucumbir ante cinco días seguidos de frío si no se toma, por ejemplo, la precaución de amarrar un barco. Hasta Cristina Kirchner, responsable de haber perdido en 2010 el autoabastecimiento energético y del festival de subsidios que abulta el déficit fiscal y provoca inflación, se mofó en las redes de los cortes de gas a industrias. Y algo similar podría costarle al Palacio de Hacienda el ensamble con las prepagas, para las que promete precios libres en julio. ¿Va a ocurrir lo mismo que en abril? Difícil saberlo, pero es probable que haya un acuerdo de palabra con los empresarios. Lecciones que dejó para todos ellos la pelea con Belocopitt.

En ese terreno fangoso de cambio de reglas habría que incluir los traspiés en la administración de los subsidios a comedores que derivaron esta semana en el alejamiento de Pablo de la Torre como secretario de la Niñez. Con un detalle que llama la atención: la crisis se produjo justo cuando las denuncias del Gobierno por el mal uso de estos subsidios acababan de asestarle, en pleno ajuste, un golpe mortal a la protesta callejera. Como si, de pronto, el Ministerio de Capital Humano hubiera querido darle argumentos a Grabois.

En realidad, parte de estos movimientos se explican por la preocupación que, dicen en el Gobierno, le provoca a Sandra Pettovello la denuncia que le hizo el líder de la UTEP y que investiga el juez Casanello. Es tal vez el motivo por el que la ministra se aferró a los consejos de Leila Gianni, su subsecretaria de Legales, que puso desde entonces una especial atención en hallar culpables en la Secretaría de la Niñez. Según consta en la causa, los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo tienen 5900 toneladas de alimentos, de los cuales 5,6 t tienen diferentes tipos de vencimientos. De ese universo, 3,8 t corresponden a un lote de yerba que el Ministerio de Desarrollo Social había adquirido en 2019, que vencieron el 31 de enero de 2022 y que no fue retirada. “Recambio”, dice el registro. El resto son 1,8 t repartidas en arroz, hortalizas y harina de trigo. Es decir, la mercadería que no está en óptimas condiciones y corría riesgo de repartirse es el 0,03%. Bastó que Grabois denunciara e interviniera Gianni, una funcionaria que viene del gobierno anterior y que, hasta el 17 de noviembre, cinco días antes del balotaje, posteaba en las redes a favor de la fórmula Massa-Rossi.

El despido de De la Torre había empezado en realidad a gestarse el martes a las 16, cuando Gianni citó a Federico Fernández, director administrativo de la Secretaría de la Niñez, preocupada por algo que también trascendió a la prensa: 18 contratos que esa dependencia había firmado con la Organización Iberoamericana de Estados (OIE) para comprar alimentos y contratar funcionarios. Un ardid de los gobiernos para contratar rápido que, cada tanto, provoca tensiones entre los 23 países miembros de la OIE. Cuando llegó, por ejemplo, Gustavo Petro denunció en Colombia a Iván Duque por el tema. Pero en la región son bastante comunes en diferentes organismos. Recurrieron a ellos Ricardo Lagos en 2003, Néstor Kirchner en 2004 y Scioli en 2011. No hay que olvidar que el Estado argentino tiene a veces como hábito trabajar mal. Anteayer, casi seis meses después de la asunción de Milei, personal de la Secretaría de Comunicaciones cobró su primer sueldo. Dos meses. Faltan tres.

En aquel primer encuentro con Fernández, Gianni insistió varias veces en una versión que el ministerio también difundió a la prensa: la sospecha de que parte de esos salarios caía en manos de funcionarios. Probablemente el desplazamiento de De la Torre ya hubiera estado decidido. Porque, al día siguiente, a las 15, el pediatra fue el único secretario que no participó de otro encuentro, al que convocaban esta vez dos funcionarios de la Secretaría de Coordinación Administrativa: Guillermo Ezequiel García Eleisequi y Juan Facundo Etchenique. Y, anteayer, Gianni reapareció en las oficinas de la Secretaría de la Niñez acompañada por García Eleisequi, un abogado y personal de seguridad, y volvió a interrogar durante casi dos horas a Fernández.

Preocupado, el empleado consultó por teléfono con su abogado varias veces y decidió retirarse. Cuando llegaba a la planta baja, fue abordado por custodios que lo habrían hecho subir a una camioneta blanca del ministerio con la propuesta de que fuera a la Secretaría de Trabajo a explayarse sobre el tema. Y ahí se dirigió y permaneció alrededor de tres horas, delante de funcionarios que le preguntaban sobre lo mismo y querían saber si firmaría una denuncia en la Oficina Anticorrupción. Dicen que se negó. “Si no estás convencido, no lo firmes”, intervino uno de los anfitriones. Se convino entonces en una alternativa: llamaron a un escribano y le pidieron que certificara la existencia de la esa reunión para incluirlo en una denuncia que presentaría directamente Gianni en la Oficina Anticorrupción.

El conflicto recién empieza y desencadenará seguramente tironeos por el reemplazante. La Secretaría de la Niñez maneja una caja millonaria, múltiples licitaciones de compras de alimentos y hasta un área codiciada internamente: la de Rezagos de Aduana, adonde van a parar los decomisos que el ministerio dona a los más necesitados. Son rincones del Estado que suelen pasar inadvertidos y que representan un desafío para quienes sueñan con una Argentina mejor. A veces, vistos desde lejos, un converso y un infiel pueden tener aspectos similares.