No hay disfraz para la derrota
El oficialismo intenta revestir de epopeya la dura caída electoral que sufrió el domingo; la sociedad se pronunció sobre un nutrido inventario de extravíos y desmesuras
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LA NACIONFernán Saguier
Maestro en el arte de las imposturas, el popular escritor británico de cómics Alan Moore supo decir cierta vez: “Cuando llevas una máscara tanto tiempo, te olvidas de quién eras debajo de ella”.
Por estas horas, la dura derrota electoral del domingo intenta ser disfrazada de epopeya. Quienes procuran camuflarla no están haciendo otra cosa que desoír la lección de las urnas y evitar interpretar la enseñanza que esta deja. Darle la espalda al mensaje de los votantes significa algo más: implica rebelarse ante la imperativa mirada introspectiva, desconocer las razones que llevaron a tamaño castigo.
Se entra en una peligrosa simulación, la ficción del aquí no ha pasado nada. Oportunidad para contribuir con un ejercicio de la memoria y recordar el inventario de extravíos y desmesuras sobre los que la sociedad se pronunció el domingo, tras dos años que obligaron a refregarse los ojos ante una descomunal sucesión de desatinos.
Empecemos por el bolsillo
El ministro de Economía, Martín Guzmán, previó en el presupuesto de este año una inflación de 29 por ciento, meta que rápidamente fue superada, al punto que debió actualizarla al 45,1%, esto es, 16,1 puntos más.
Para el mercado, la inflación anual superará el 48 por ciento. Es decir que la inflación de Alberto Fernández en el año electoral estará no muy lejos del nivel que llevó a la derrota a Mauricio Macri en 2019, del 53,8%, según el Indec. Todo ello con tarifas de los servicios públicos congeladas, emisión monetaria descontrolada, dólar oficial planchado, sin reservas en el Banco Central, un fenomenal cepo al dólar y control de precios.
Una vieja máxima de la política dice que no se ganan elecciones con el dólar en la tapa de los diarios. Les pasó a otros en el pasado; le pasó a Macri y ahora también a Fernández. El dólar hizo un sprint final la semana previa a la votación, tocando los 208 pesos, pero lo peor asoma cuando se mira más allá: al momento de asumir la actual administración, en diciembre de 2019, el billete rondaba los 63 pesos, es decir que la divisa norteamericana subió en dos años alrededor del 250%.
Prácticamente todas las encuestas ubican en el podio de las preocupaciones ciudadanas la pérdida del trabajo. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIP), desde que asumió el gobierno del Frente de Todos en el sector privado hay 126.700 trabajadores asalariados menos, en tanto que la cantidad de empleadores, esto es, el número de empresas, se redujo en un año y medio (el último dato oficial es de junio) en 26.483. Son cifras del Boletín Anual de Seguridad Social.
Los ingresos de la clase pasiva, que comprende a 5.409.489 jubilados y pensionados, también salieron perdiendo con respecto a la fórmula que regía durante el gobierno de Macri y contra la inflación.
Los aumentos dados por decreto por el Gobierno durante 2020 y por la nueva fórmula de movilidad de ley de este año, acumularán a diciembre próximo 89,8% para el haber máximo y 106% para el mínimo, cuando si se hubiera aplicado en los dos años la fórmula del gobierno anterior el aumento del período 2020-2021 hubiera sido del 111,2% para todos.
Con respecto a la inflación, entre enero y octubre de este año la suba de precios fue del 41,8% y los aumentos de haberes acumularon 36,18%, considerando el aumento aplicado en septiembre. En tanto que en 2020 la inflación fue del 36,1% y los jubilados tuvieron aumentos de entre 24,3% y 35,3%.
Medidos por su poder adquisitivo, los haberes perdieron entre 0,6% y 8,7%, sin contar el efecto de los bonos por única vez que hubo para algunos. En el acumulado del período enero 2020-octubre 2021, la inflación fue del 93% contra subas de haberes de entre 69,25% y 84,3%, con lo cual la pérdida de poder adquisitivo fue de hasta 12,3%.
Durante la gestión Fernández se crearon o aumentaron dieciocho nuevos impuestos. El impuesto PAIS a las llamadas “grandes fortunas”, la suba de la alícuota de Bienes Personales, las retenciones a la exportación de soja, la percepción del 35% sobre la compra de dólares, impuestos internos a productos tecnológicos, el restablecimiento del Fondo del Incentivo Docente y el gravamen a las apuestas online, han sido ejemplos de la asfixiante presión tributaria.
Sigamos por las libertades
La expresión “cuarentena eterna” aplicada a la experiencia argentina se explica en una simple cifra: 232 días. Es lo que duró ininterrumpidamente, entre el 20 de marzo y el 6 de noviembre de 2020, el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), esto es, la imposición de “quedarse en casa” y la prohibición de salir a trabajar y de mantener reuniones sociales. Una enormidad cuyas graves consecuencias físicas y emocionales han sido denunciadas por los profesionales más autorizados del mundo de la salud.
Los colegios estuvieron cerrados prácticamente todo el 2020 y semanas enteras de este año, a pesar del clamor de la comunidad educativa y las asociaciones de padres. La suspensión que allá por marzo de 2020 inicialmente era por 14 días se extendió hasta terminar el ciclo lectivo. Solo el 1% de los estudiantes del país estaban habilitados para asistir a clases presenciales en noviembre del año pasado.
Este año las clases empezaron en forma presencial en todo el país, pero el 18 de abril pasado, por un decreto presidencial, volvieron a cerrar. Solo la Ciudad no acató la orden, presentándose a la Corte Suprema de Justicia. Así, mientras en las escuelas bonaerenses los chicos regresaron a las pantallas y la enseñanza virtual, los porteños seguían en las aulas, lo que profundizó la brecha educativa. Se calcula que 120.000 chicos no volvieron a las escuelas en territorio bonaerense.
Las vacunas
La Argentina tiene por lo menos a 17 millones de argentinos vacunados con una dosis de la rusa Sputnik, que al día de hoy no fue aprobada por los organismos sanitarios de Estados Unidos ni de Europa, alineados con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Nuestro país podría haber contado hacia fines de junio pasado con ocho millones de dosis de vacunas Pfizer; casi un 20 por ciento de la sociedad habría estado vacunada con ese inmunizante, el doble de lo alcanzado hasta ese momento. Pfizer, que fue la primera vacuna aprobada por la Anmat, la agencia argentina de control de medicamentos, había hecho en el país el ensayo más grande del mundo en el proceso de investigación y desarrollo de la vacuna, con 5762 argentinos, en el Hospital Militar.
Pero el Gobierno demoró más de ocho meses en conseguir tales vacunas, en ese momento las más utilizadas en el mundo desarrollado. Primero, el exministro de Salud Ginés González García adujo “condiciones inaceptables”; después, el propio Presidente habló de “situaciones violentas”. Al final, terminó adoptando tarde la vacuna norteamericana, y a regañadientes. La ideología y los amigos se impusieron sobre el necesario pragmatismo que exigía la necesidad de comprar todas las vacunas posibles.
Los privilegios
Si el vacunatorio vip dejó en evidencia los irritantes privilegios existentes en lo más alto del poder, la gota que despertó la indignación colectiva fue el festejo del cumpleaños de la primera dama en Olivos, negado por el propio Presidente hasta horas antes de que viera la luz la impactante foto que los delataba. Semejante traspié ocasionó un punto de inflexión, impactó fuertemente en la imagen presidencial y acentuó el malhumor social, diluyendo la escasa credibilidad que le quedaba a su palabra.
La inacción ante los atropellos
El gobierno de Alberto Fernández olvidó la principal misión de un Estado, que es la de preservar la paz social. Desoyó el desesperado ruego de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, tras la violenta irrupción de quienes se declaran representantes de la comunidad mapuche.
La RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) tomó tierras en Villa Mascardi; incendió instalaciones que tiene ahí el Obispado de San Isidro y una iglesia en El Bolsón; quemó un campamento de Vialidad Provincial cerca de Bariloche, y le prendió fuego al club Andino en El Bolsón. Cuando la gobernadora pidió el auxilio de tropas federales, el ministro de Seguridad la desairó con un: “Señora, usted no puede exigir nada”. Siguió otro cachetazo del propio Fernández con una insólita carta en la que estableció que “no es función del Gobierno brindar seguridad en la región”. La paz social, la soberanía nacional y el “Estado presente”, tres valores fundamentales por los que deben bregar las máximas autoridades, ausentes sin aviso.
El Presidente también quedó en evidencia no solo por aquellos actos que protagonizó, sino también ante los que calló. Su silencio retumbó ante el ultraje al memorial de piedras de las víctimas del Covid en la Plaza de Mayo durante un acto del kirchnerismo duro. La grave intimidación de su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, a Nik, el humorista de LA NACIÓN, condenada por prácticamente todos los sectores de la sociedad, no mereció siquiera una referencia, quedando la condena, tibia, a cargo del jefe de gabinete, Juan Manzur.
La falta de empatía al responder con estadísticas a los vecinos del conurbano indignados por el crimen del kiosquero Roberto Sabo de Ramos Mejía fue más daño autoinfligido. Colección cantinflesca en la que no puede faltar la confesión del primer magistrado de que los cordobeses “de una vez por todas se integren al país y sean parte de la Argentina” votando por su partido. Así le fue.
Las malas compañías
La Argentina ha decidido en estos veinticuatro meses alinearse junto a los países más antidemocráticos del hemisferio, donde reinan dictaduras puras y brutales. Bajo el pretexto de la “no intervención en asuntos internos”, mira hacia otro lado ante los crímenes, la sistemática violación de derechos humanos y las detenciones arbitrarias de opositores en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Es el mismo gobierno que no dudó en condenar el “cese de la violencia institucional en Colombia” cuando desde el Estado se reprimieron las masivas manifestaciones callejeras en diversas ciudades de ese país. El propio Presidente llamó, en una reunión por Zoom con opositores al presidente chileno Sebastián Piñera, a “recuperar el poder”, es decir, a sacar a Piñera del Palacio de La Moneda. La Argentina del Frente de Todos ejerce un sectarismo de Estado detrás de ideologías prehistóricas que huelen a naftalina por su anacronismo.
Para el final: el clima diario en el que vivimos
En un país desesperado por gestos de unión y ejemplos de concordia, lastimado por enfrentamientos que desde hace años distancian lazos de afecto entrañables, el Gobierno cometió el imperdonable pecado de fomentar aún más las divisiones. Con el agravante de que, allá por los comienzos de la pandemia, cuando Alberto Fernández insinuó ciertas demostraciones de convivencia hacia sus rivales políticos, la población saludó esas buenas intenciones con índices de aprobación inéditos.
No hubo caso. Aquello duró un parpadeo. Aquí perdieron porque volvieron a gobernar apostando al conflicto, denostando a todo aquel que osó contradecir el discurso oficial. Demasiado sermoneo, retos y el regreso del dedo índice en alto. Consignas vacías y la ausencia de la imprescindible actitud humilde del servidor público, solícito y dispuesto a rendir cuentas. Con un remate final: el curioso llamado al diálogo de antenoche seguido por la inmediata descalificación del invitado.
Síntesis estremecedora que busca vestirse de farsa. Habrá que darle la razón a aquella frase de Chesterton: “Cada uno se disfraza de aquello que es por dentro”.
Por Fernán Saguier
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