No al reeleccionismo ilimitado y al feudalismo

El reeleccionismo indefinido es uno de los instrumentos predilectos de los seudodemócratas devenidos en autócratas para perpetuarse en el poder. Es parte de un proyecto para instalar y perpetuar un régimen hegemónico, ya sea vía la reelección del líder del momento o de la elección intercalada de familiares (“dinastías”) o aliados (“delfines”). Después de ganar elecciones democráticas, con sus mayorías legislativas, los autócratas derogan las leyes que prohíben la reelección indefinida; luego controlan el Poder Judicial, “convenciendo” a jueces o nombrando a nuevos magistrados y autoridades electorales afines, y estos legitiman la reelección continua.

El reeleccionismo incluye ventajismo y demagogia. El oficialismo abusa de los recursos del Estado en sus campañas electorales; inaugura o anuncia obras públicas (escuelas, hospitales, caminos, gasoductos); promete empleos y ofrece subsidios sociales, reducción de impuestos y tarifas, control de precios. Prácticas que generan clientelismo y dependencia en el Estado y con las que se construye hegemonía política. La división o independencia de poderes y el Estado de Derecho son una mera formalidad. Además, en el afán reeleccionista y hegemónico, el régimen proscribe o encarcela a opositores y persigue y acosa a los medios independientes y manipula elecciones para asegurar su victoria. El proceso se asemeja a un velado golpe de Estado en cámara lenta.

Según los autócratas latinoamericanos (de derecha o izquierda) la prohibición contra la reelección indefinida viola los derechos humanos del que pretende reelegirse. Hugo Chávez, en Venezuela, usó el golpe velado y el argumento para perpetuarse en el poder hasta su muerte. Con el pretexto de “ampliar los derechos políticos de los venezolanos” forzó vía la Asamblea Nacional una reforma constitucional, aprobada por referéndum en 2009, que incluía subrepticiamente la reelección ilimitada. La reforma había sido rechazada en el referéndum de 2007. Su sucesor, Nicolás Maduro, permanece en el poder gracias al fraude electoral y al sostén del poder militar. Su amañada reelección en 2018 no fue reconocida por la Organización de los Estados Americanos (OEA) ni por la Unión Europea.

Daniel Ortega, en Nicaragua, arguyó que la prohibición constitucional contra la reelección violaba sus derechos humanos, supuestamente garantizados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. En su empeño reeleccionista logró que la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia modifique la Constitución para permitir su reelección indefinida en 2009, decisión convalidada por el poder electoral y, en 2014, por la Asamblea Nacional. Evo Morales, en Bolivia, utilizó el mismo argumento y presionó al Tribunal Constitucional para que aceptase en 2017 esa interpretación retorcida de la Convención. El Tribunal Electoral, también controlado por Morales, lo habilitó como candidato para las elecciones presidenciales de 2019, a pesar de haber perdido el referéndum de 2016 para cambiar la Constitución y permitir su reelección.

El mismo atajo empleó el presidente Juan O. Hernández en Honduras en las elecciones de 2017. La Sala Constitucional de la Corta Suprema de Justicia lo habilitó para ser reelecto, aun cuando la Constitución lo prohibía. El actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pese a la prohibición constitucional, con su mayoría legislativa ha instalado jueces afines a su gobierno en la Corte Suprema, y su Sala Constitucional ha fallado que solo el pueblo determinará quien ejerza la presidencia en las próximas elecciones de febrero de 2024.

En la Argentina, el modelo reeleccionista se ha dado con gobernadores “feudales” como los Kirchner en Santa Cruz, los Rodríguez Saá en San Luis o Insfrán en Formosa (28 años en el poder). La Corte Suprema de Justicia ha fallado en contra del reeleccionismo en algunos casos, equilibrando los principios republicanos de la Constitución y la autonomía federal de las provincias.

En el caso de Honduras, la Misión de Observación Electoral de la OEA señala en su informe final (2018) que la “reiterada práctica de modificar la Constitución… para buscar la reelección …es una práctica negativa para la democracia, y peor aun cuando se hace vía simples sentencias judiciales”; destaca además que la Corte Interamericana de Derechos Humanos advierte que “la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones” de participación política. Igualmente, tras una consulta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, la Comisión de Venecia (Órgano de Consulta Constitucional del Consejo de Europa) señaló que “el derecho a ser elegido no es un derecho absoluto y puede estar sujeto a límites objetivos y razonables”, agregando que “limitar los mandatos presidenciales en los sistemas presidencialistas apunta a garantizar la democracia y no equivale a discriminación”; no es limitar el derecho de participar, sino de postularse indefinidamente.

Por otro lado, tras una consulta de Colombia, la Corte Interamericana determinó en 2021 que la reelección indefinida no es un derecho humano y “no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana ni por …el derecho internacional de los derechos humanos”.

Las prohibiciones constitucionales a la reelección ilimitada son una garantía contra la perpetuación en el poder y su correlato: el abuso del poder y la tiranía. Las constituciones republicanas y democráticas existen para limitar el poder; para eso están los pesos y contrapesos como la separación e independencia de poderes, el federalismo, la prensa libre y otros, todo para prevenir la perpetuidad en el poder o la tiranía de las mayorías.ß

Exfuncionario de la OEA