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No a la estatización de la Hidrovía
Crear una sociedad del Estado para administrar la principal vía navegable de comercio exterior que tiene el país, como es la Hidrovía del Paraná, sería un grave error. Por varias razones, pero la más relevante es que la Argentina no puede seguir aumentando el tamaño de un Estado absolutamente ineficiente.
Si el Estado hoy no puede garantizar seguridad, justicia, salud ni educación, a pesar de los 170 impuestos que cobra, ¿por qué el kirchnerismo piensa que podría hacerse cargo de la administración y mantenimiento del canal fluvial por el que pasa el 80% de los granos y derivados que exportamos, además del 100% de los automóviles transportados por agua, el 90% del movimiento de contenedores y la provisión de combustible?
La prueba más fehaciente la vemos con Aerolíneas Argentinas, empresa estatal que le cuesta a los ciudadanos un déficit millonario por la falta de eficiencia y el exceso de burocracia. Podemos discutir si hay que tener o no una aerolínea de bandera, lo que no podemos seguir discutiendo es el aumento del peso del Estado sobre los bolsillos de los argentinos.
El Estado no puede ser omnipresente ni todopoderoso, más aún cuando falla en el suministro de servicios básicos como los mencionados. Entonces, realmente estatizar la Hidrovía, como quiere el kirchnerismo, sólo serviría para transformar un negocio que debería ser competitivo y eficiente en una oficina de La Cámpora o el Instituto Patria.
Y acá, lamentablemente, no veo a ninguna autoridad de las provincias plantándose contra el gobierno de la Nación para defender esta vía estratégica no sólo desde el punto de vista logístico, sino también desde una postura más integral que contemple los puestos de trabajo y la producción que genera la hidrovía, que, de quedar en manos del Estado, es claro que mucho de todo eso se perdería porque el riesgo de que el volumen de negocios descienda es alto.
En diciembre de 2019, el gobierno de Mauricio Macri dejó listo el pliego para la licitación internacional con el plan de obras necesarias. Éste había conllevado dos años de investigación y debate con toda la comunidad portuaria y permitía un ahorro de 250 millones de dólares al año para los argentinos. Pero durante todo 2020 no se avanzó absolutamente en nada y en mayo pasado, se venció la concesión actual (que comenzó en 1995). Así, lejos de optar por un proceso de licitación, el gobierno de Alberto Fernández decidió emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia, en el que prorrogó por 90 días el sistema actual que es ineficiente y muy costoso (solo entre 1995 y 2015, el Estado argentino tuvo que pagar 450 millones de dólares entre multas y subsidios), y, además, propuso crear una sociedad del Estado.
No es de extrañar que Fernández, un presidente que avala la ocupación de terrenos privados y la intervención de empresas y no condena regímenes autoritarios como los de Venezuela o Nicaragua, llame a fomentar este tipo de estatizaciones. Es el sello propio del populismo: concentrar todos los recursos en el Estado hasta quedarse sin recursos y ahí buscar culpables ajenos. Mientras tanto, el país se aísla del mundo, se empobrece y expulsa el capital privado, que es el único generador de riqueza y puestos de trabajo genuinos.
Por eso, es imperioso que tanto los gobernadores como los senadores nacionales de las provincias involucradas levanten su voz para decirle “No a la estatización de la Hidrovía” y frenar este nuevo atropello del kirchnerismo. Creo que todos juntos podemos inclinar la balanza a favor de una licitación internacional que brinde certidumbre, profesionalismo y transparencia en la gestión y mantenimiento de esta estratégica vía navegable.
Diputado Nacional de Juntos por el Cambio – Vicepresidente del Pro
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