Nisman, Boudou, un presidente y la impunidad
El 15 de enero de 2015, tres días antes de la muerte del fiscal Alberto Nisman, una entrevista en TN realizada a una persona muy cercana a la expresidenta de los argentinos, nos revelaba lo siguiente: "es absolutamente posible lo que dice el fiscal Alberto Nisman, quien acusó a la presidenta Cristina Fernández Kirchner (CFK) de supuesto ´encubrimiento´ a Irán en el marco del atentado a la AMIA". Y añadió: "con qué cara va a mirar a los familiares (CFK) después de todo esto que está saliendo… esto es un enorme acto de deslealtad con las víctimas (de la AMIA)" Subiendo más aun el tono de sus afirmaciones, el entrevistado manifestaba: "¿Cristina será consciente de lo que está pasando? ¿Cómo les va a explicar esto a las almas del centenar de muertos que quedaron entre los atentados de la embajada de Israel y la AMIA?"
El entrevistado en cuestión recordó también que cuando la exjefa de Estado anunció "ampulosamente" la firma del acuerdo con Irán, él advirtió que "es completamente nocivo para la Argentina, porque entregaba a los acusados su propio juzgamiento". Poco tiempo después de ocurrida la muerte del fiscal Nisman, en el programa televisivo Juego Limpio, trasmitido el 26 de febrero de 2015, esta misma persona fue entrevistada y afirmó que Cristina Fernández de Kirchner "va a dejar el gobierno con dos máculas, la primera, el encubrimiento a Amado Boudou en el polémico caso Ciccone, la segunda, el encubrimiento del pacto con Irán".
En aquel momento, el entrevistador, Nelson Castro, le preguntó al entrevistado si no tenía dudas respecto a sus gravísimas afirmaciones, y éste respondió categóricamente que no, que "el delito por encubrimiento del pacto con Irán existió, … que ese acuerdo tenía un fin de encubrimiento, claramente".
Todas estas afirmaciones fueron hechas por el actual presidente de los argentinos, Alberto Fernández, que en 2015 no dudaba de la responsabilidad y las malas acciones de Cristina Fernández de Kirchner respecto a las intenciones de firmar un memorándum con Irán, país responsable de la voladura de la mutual judía en la Argentina, AMIA, que dejó un saldo tristísimo de 85 muertos y un centenar de heridos. El año pasado, a casi cinco años de la muerte de Alberto Nisman, y a partir de un documental trasmitido por Netflix que aborda la trama que envolvió la muerte del fiscal, volvió a reabrirse una importante polémica sobre las causas de dicha tragedia.
Alberto Fernández, ya presidente acompañado en la fórmula por CFK, cambió rotundamente su posición sobre el caso Nisman y comenzó a descalificar la hipótesis de un asesinato. Argumentaba el Presidente sobre la falta de rigor científico del peritaje de Gendarmería, que concluyó en 2017 que Nisman fue víctima de un homicidio, lo cual llevó a que a mediados de 2018 la Justicia argentina dictaminara finalmente que el fiscal fue asesinado, que no había restos de pólvora en sus manos, y que el crimen se vinculó directamente a la denuncia por presunto encubrimiento contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Alberto Fernández, en su calidad de nuevo presidente de los argentinos por el nuevo Frente de Todos, afirmó que "desde 2017 no apareció ninguna prueba seria que diga que a Nisman lo mataron", sino que "aparece una pericia absurda sobre un escenario montado…, sin que ninguno (de los peritos) haya estado en el lugar del hecho cuando sucedió" y prosiguió diciendo el nuevo mandatario, que la conclusión de asesinato por parte de Gendarmería era "ridícula".
La otra mácula con la cual Cristina dejó su gobierno, según el actual presidente de los argentinos, fue el encubrimiento a Boudou por el caso Ciccone.
Respecto a Amado Boudou, el 3 de diciembre de 2020 la Corte Suprema de Justicia reafirmó su condena a cinco años y diez meses de prisión, por haber intentado apropiarse del 75% de las acciones de la imprenta Ciccone, encargada de fabricar papel moneda. Boudou ya fue detenido en tres ocasiones. La primera vez, el 3 de noviembre de 2017, a partir de una orden judicial del juez Ariel Lijo. Luego volvió a la cárcel en agosto de 2018, tras la condena del Tribunal Oral Federal Número 4 por el mencionado caso Ciccone. Sin embargo, poco tiempo después, el 11 de diciembre, ese mismo tribunal, con otra composición, decidió otorgarle la excarcelación reclamando el pago de 1 millón de pesos y ordenándole la colocación de una tobillera electrónica. La tercera entrada a prisión de Boudou en el complejo penitenciario de Ezeiza fue el 18 de febrero de 2019, luego de un fallo de la Cámara de Casación que decidió revocar su excarcelación. Sin embargo, desde abril de 2020, a causa de la pandemia por coronavirus y de la supuesta necesidad que requerían sus hijos de ser cuidados por su padre, Boudou está cumpliendo su arresto en su domicilio, a partir de que el juez Daniel Obligado así lo dispuso. Finalmente, y como se dijera, a comienzos de diciembre, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de Amado Boudou, y desde ese momento, los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín ordenaron que éste regrese a un establecimiento penitenciario.
A partir de esta determinación, aparecieron fuertes cuestionamientos contra la Justicia y los medios de comunicación por parte de referentes del kirchnerismo duro, que reclaman por la "libertad" de Amado Boudou y de "todos los presos políticos". De tal modo, un sector del oficialismo, conformado por ministros, diputados, senadores, representantes de organismos de derechos humanos y expresidentes de la región aliados políticamente a CFK, firmaron una solicitada cuestionando el fallo del Poder Judicial de la Nación contra Boudou y pidiendo al presidente Alberto Fernández que conceda indultos a exfuncionarios condenados por corrupción. Frente a dicho pedido, el Presidente descartó la posibilidad de dictar tales indultos por corrupción; en cambio, Alberto Fernández sugirió que el Poder Legislativo podría ser el organismo facultado para dictar una amnistía. Y se encargó de dejar en claro que el pobre de Boudou …" fue un vicepresidente al que le están cargando delitos muy graves contra la administración pública y contra la moralidad pública en términos de ética pública, y cuando la Corte Suprema debió atender el caso lo rechazó con un argumento pueril". Agregó el presidente de los argentinos que "esta justicia de este modo no funciona, no hace justicia, cumple los deseos de los poderes fácticos…". Por último, el presidente manifestó "en la Justicia nosotros tenemos que meter mano, sin ninguna duda; meter mano quiere decir corregir cosas, institucionalmente hablando, con leyes; hay que cambiar procedimientos y formas".
¿Se puede en defensa de los sospechosos de siempre (hoy propios) y apelando a defender la institucionalidad atacar tan hostilmente a las instituciones? Se puede.
Politóloga y Profesora (UBA)
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