Ni gambetas ni ventajitas: los fallos están para ser cumplidos

¿Es necesario recurrir a juristas y politólogos para poder entender cómo funciona un Estado democrático? ¿Debemos remontarnos a la filosofía política del siglo XVIII para entender la división de poderes?

La respuesta es no, una y mil veces, no. Son conceptos básicos que nos enseñan en la escuela. Todos los ciudadanos entendemos rápidamente que si el Poder Ejecutivo desoye un fallo de la Corte Suprema, comete un delito contra el orden constitucional al violar una de las reglas más básicas de nuestra vida en sociedad. No necesitamos mayores esfuerzos argumentales para comprender que estamos ante un delito de sedición cuando el máximo tribunal de la Nación ordena restituir fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires, y el Presidente junto a un puñado de gobernadores se alzan públicamente manifestando que no darán cumplimiento a la sentencia.

A pesar de la gravedad institucional de lo descrito, no se trata de una conducta aislada por parte del Gobierno Nacional. Es la tercera vez en el año que utilizan la excusa de la “imposibilidad de cumplimiento” para desoír a la Corte Suprema. La usaron sin suerte cuando se declaró la inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura creado por Cristina Fernández de Kirchner y se ordenó la recuperación del equilibrio entre los estamentos que lo integran. La reiteraron ante el fallo que reconoció la violación al principio de buena fe republicano cuando le arrebataron la banca al senador Juez ante el Consejo de la Magistratura, y ahora vuelven a la carga. No debemos olvidar tampoco el sinnúmero de atropellos del gobierno nacional contra la Justicia. Este accionar se suma a las impulsadas -y fracasadas- reformas al Poder Judicial Federal, al Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la Magistratura y hasta a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando quisieron aumentar su número a 25 miembros pero debieron conformarse con 15 para lograr magros resultados en el Senado de la Nación con el argumento de “democratizar a la Justicia”.

El oficialismo no cree en la República. Por eso considera a la justicia como un enemigo y no como un poder del Estado llamado a controlar a los otros dos poderes ante posibles abusos. También considera que el Poder Legislativo debe funcionar como un mero anexo del Ejecutivo, tal cual sucedió durante las presidencias de Cristina Fernández de Kirchner. Basta reparar en los últimos tres intentos fracasados de sesionar en la Cámara de Diputados, donde se negaron al diálogo y a la negociación política con la oposición.

Aunque resulte una verdad obvia, parece que todavía hay muchos a los que se les debe recordar que el cumplimiento de nuestra Constitución no es algo optativo, es obligatorio para todos los ciudadanos que habitan el territorio nacional en condiciones de igualdad. Entonces, ¿qué le hace creer al Presidente y a los gobernadores involucrados que pueden elegir cuándo son ellos quienes tienen que obrar con el ejemplo?

Este es el punto central de nuestra reflexión. El Gobierno, con las acciones que describimos, no hace más que resquebrajar los cimientos del Estado de Derecho, destruye el contrato social a través del cual los ciudadanos acordamos respetar los derechos y cumplir con las obligaciones necesarias para convivir pacíficamente. No es ingenuo ni caprichoso este desmadre judicial al que nos somete el kirchnerismo, muy por el contrario, se trata de un accionar premeditado que contribuye a la anomia social y así lograr la impunidad para su cúpula.

Sin embargo, a pesar de sus denodados intentos, los argentinos nos resistimos. Todos los días batallamos con trabajo, sacrificio, respeto y esfuerzo. No estamos dispuestos a claudicar nuestra paz social, nuestra democracia, nuestra República. El domingo pasado fuimos orgullosos testigos de un logro deportivo histórico, fruto de un incansable trabajo en equipo, con humildad, con vocación de servicio y una profunda convicción. Un equipo sin trampas, sin atajos, que cumplió todas y cada una de las reglas, que jugó limpio, y un país unido y agradecido que a pesar de la ineficiencia del Estado, festejó los logros de ese equipo.

Sería muy bueno que nuestros gobernantes absorban algunas enseñanzas de esta gran experiencia vivida. Esta actitud del Ejecutivo no hace más que alejarnos cada vez más de ese país que queremos. Con sus “ventajitas” solo logra desmoralizar a la sociedad. ¿Cómo esperan que el resto de la ciudadanía cumpla las reglas del juego, cumpla con la Constitución y las leyes si son ellos los primeros en autorizar su incumplimiento?

Peor aún, con sus “gambetas” solo logran ahuyentar las inversiones tan necesarias para el crecimiento y desarrollo del país. Los argentinos debemos entender que si no tenemos el más mínimo respeto por nuestras leyes e instituciones, si no lograremos estabilidad y seguridad jurídicas, difícilmente podamos alcanzar la estabilidad económica que buscamos. Las consecuencias económicas se vieron en forma casi inmediata: al día siguiente del anuncio presidencial, el dólar se disparó y casi llega a su máximo histórico.

Los argentinos aprendimos que no hay lugar para “ventajitas ni gambetas”. La sociedad nos reclama trabajo, esfuerzo, transparencia y respeto por el orden constitucional vigente.

Consejera de la Magistratura Nacional