Narcotráfico: por qué las Fuerzas Armadas no deben intervenir

El tráfico ilícito de drogas en la región ha creado una creciente preocupación que se extiende también a otros delitos transnacionales, como el tráfico ilegal de armas, la trata de personas y el lavado de activos. Todos esos delitos se hallan relacionados entre sí y son parte del entramado de la corrupción. Algunas fuentes aseguran que en el mundo el narcotráfico tiene un ingreso ilegal de alrededor de los quinientos mil millones de dólares anuales. Ya no es solo una actividad delictiva, sino también una forma de vida.

Según algunos expertos en el tema, entre ellos, el expresidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso, los recursos que muchos Estados asignan para abordar aquel tráfico ilegal han carecido de un diagnóstico medular. Han sido poco equilibrados, privilegiando los recursos asignados a combatir la oferta y represión por sobre los asignados a la prevención.

Esta última debería ampliarse a otras áreas, como la educación, la salud pública, la política migratoria, la cooperación internacional, las tareas de inteligencia y contrainteligencia, y contar con funcionarios comprometidos con los delitos que declaramos combatir. Los resultados han sido hasta aquí negativos.

Las capturas se concentran en los eslabones más débiles, mientras los más fuertes trascienden fronteras, generan un “efecto globo”, y se trasladan de acuerdo con las facilidades que encuentran en distintos países o regiones. La invención y producción de nuevas sustancias psicoactivas se han incrementado, sin que el consumo disminuya, por el contrario, en casi todos los países aumenta significativamente.

Según un reporte del Global Financial Integrity, en algunos países de la región el dinero sucio del narcotráfico alcanzaría el uno o más por ciento de los respectivos PBI. A nivel mundial, se percibe el financiamiento al terrorismo, a las mafias y al crimen organizado. Se han registrado casos de narcotraficantes que actúan bajo la fachada de empresarios, mientras el traslado de la droga se realiza con el del consumo masivo de distintos productos. También se ha incrementado la producción: en Colombia, por ejemplo, de 700 toneladas métricas anuales, en 2010, se elevó a 1750, en 2023, según el Sistema de Monitoreo de Drogas Ilícitas de las Naciones Unidas.

Aprecio que en nuestro país la situación es diferente. No alcanza esa gravedad, y considero impropio hacer referencia a que avanzamos hacia una mexicanización o colombianización, y que amerite militarizar la lucha. Pero creo poco prudente y ético profundizar sobre el tema. La responsabilidad primaria es política y del Ministerio de Seguridad de la Nación, que posee amplia y actualizada información y cuenta con sólidos asesores.

No obstante, permítaseme la licencia de dar mi opinión sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el flagelo de marras. Quiero señalar las palabras del secretario de Defensa de México, general Salvador Cienfuegos: “Soy el primero en alzar la mano para regresar a nuestras tareas institucionales. […] Las Fuerzas Armadas no están capacitadas para cumplir funciones de seguridad pública y carecen de respaldo legal para hacerlo […] El Poder Judicial ha creado una puerta giratoria que permite a los delincuentes salir de prisión por fallas al debido proceso o porque argumentan violaciones a sus derechos humanos”.

En los países que emplearon a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico los resultados han sido negativos, letales, desmoralizadores y afectaron seriamente la esencia y la profesionalidad de esas instituciones. Aprecio que sería inconducente su empleo en la lucha contra un flagelo controlable eficazmente por las policías provinciales, la Policía Federal y las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeronáutica). Asimismo, considero necesario que se cuente con la colaboración de otros organismos, como la Agencia Federal de Inteligencia, el Servicio Penitenciario Nacional y sus homólogos de provincia, y la Policía Judicial. La ley 24.059 de 1988, de Seguridad Interior, es clara cuando asigna a las fuerzas citadas la misión de “…proteger la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes”.

Por su parte, la ley 23.554 de 1991, de Defensa Nacional, impone a las FF.AA. “…repeler agresiones de origen externo […] Garantizar de modo permanente la soberanía e independencia nacional y su integridad territorial…”. Recordemos que la soberanía –junto con el territorio y la población– es uno de los tres elementos constitutivos del Estado.

En mi opinión –en extrema síntesis–, las FF.AA. argentinas no tienen ni por misión, estructura, despliegue, instrucción, adiestramiento y armamento, que actuar contra el flagelo del narcotráfico. Lo expresado es competencia del Ministerio de Defensa y, por supuesto, del presidente de la Nación, que acorde con el artículo 99, incisos 12 y 14 de la Constitución nacional “dispone de las FF.AA. [...] Corre con su organización y distribución”.

Todos debemos recordar que las FF.AA. existen porque existe el Estado argentino, y este tiene objetivos estratégicos vitales para proteger en un contexto internacional explosivo, incierto e imprevisible de las múltiples y concretas amenazas sobre nuestro apetecible vacío geopolítico para satisfacer necesidades económicas, expansionistas o demográficas de otros Estados.

Exjefe del Ejército y exembajador en Colombia y Costa Rica; veterano de Malvinas

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