Nadie se atreve a leer el expediente de Cristina

Uno de los aspectos más llamativos que tuvo la defensa de sí misma que hizo Cristina Kirchner esta semana en YouTube fue que, en algunos de sus argumentos, la vicepresidenta parecía desconocer el carácter del delito por el que se la investiga. Por ejemplo, cuando intentó involucrar en la discusión a contratistas de la obra pública como Nicolás Caputo, Eduardo Gutiérrez o Juan Chediak. No porque estos empresarios no hubieran participado del sistema sino porque, al pretender equipararlos con Lázaro Báez, la líder del Frente de Todos se ubica del lado erróneo del mostrador: a ella no se la acusa de haber pagado coimas, sino de haber formado parte de una organización conformada a los efectos de cobrarlas.

No considerar esa diferencia es ignorar en qué consistió la corrupción de esos años, basada en una modalidad que dista cualitativamente de los casos de degradación institucional clásica. Hasta el kirchnerismo, lo reprochable de la política argentina era que se financiaba mediante porcentajes de retorno más o menos escandalosos según el monto y las circunstancias; desde 2003, la Justicia ha puesto el ojo en el avance del poder partidario sobre las acciones de las empresas y, peor aún, sobre la creación de ellas para hacer negocios y, como consecuencia, solventar campañas. Es el modo en que Néstor Kirchner concebía la función pública: inviable sin cajas que, además, procuraba convertir en permanentes. Hay que hablar con los empresarios, protagonistas estelares del entramado, para entenderlo en pocos minutos. Es lo que consiguió la investigación de Diego Cabot que derivó en la Causa de los Cuadernos.

Confundir los roles de quienes pagaron o cobraron no sólo no ayuda esclarecer lo que pasó sino que, en este caso, llevado al extremo, hasta podría entorpecer la propia estrategia de defensa de Cristina Kirchner. Cuando ella exhibe, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp que Caputo le enviaba a José López para cobrar, está mostrando en primer lugar lo que todos los empresarios que hicieron negocios con el kirchnerismo saben de sobra: que Lázaro Báez no necesitaba entrar en lisonjas porque su relación con el regulador era otra. Es lo que intentan probar los fiscales en la causa de Vialidad. ¿Para qué iba el dueño de Austral Construcciones a esmerarse con López si, según algunos chats presentados por Luciani y Mola, era el gobierno el que parecía más urgido por contactarlo? Por ejemplo en el final del gobierno kirchnerista, cuando el secretario le pide a Julio Mendoza, presidente de la empresa, reuniones de urgencia para despedir al personal “sin dar la sensación de fuga”. Incluso los mensajes de Báez obedecen en muchos casos al cumplimiento de órdenes dadas en otros ámbitos. “José, atendeme un minuto. Gracias. Es para coordinar lo que me dijo la Señora. ¡Gracias!”, le dice a fines de 2015.

Es cierto que, según recuerdan quienes entonces llegaron a frecuentarla, la expresidenta nunca terminó de familiarizarse estéticamente con esa coordinación que heredó de su marido y que probablemente la pusiera incómoda. “Jorge, si alguna vez alguien te pide coima, avisame”, llegó a decirle un día al banquero Brito. En realidad, Kirchner había manejado siempre la relación con proveedores y contratistas a través de funcionarios incondicionales. López, Ricardo Jaime. Pero los empresarios recuerdan que, con la muerte del santacruceño, y como los pagos por las obras llegaron a tener meses y hasta un año de retraso, la propia presidenta empezó a reunirse periódicamente con López.

Es el eslabón perdido que intenta probar Luciani y del que los militantes kirchneristas no quieren enterarse. Por eso se lo saltean. Hay algo que llama la atención al respecto. Desde que el fiscal pidió la condena, a la mayor parte de ellos les resulta difícil decir públicamente que la jefa es inocente. Como si eso resultara más jugado que, por ejemplo, prometer que si la tocan se arma. Sorprende porque ella no se siente culpable. “Ni indulto ni amnistía: justicia”, contestó Parrilli en Twitter. Pareció un pedido. Pero hay como una resistencia a entrar en el fondo de la causa. El miércoles, el diputado Rodolfo Tailhade cortó enojado una conversación con Ernesto Tenembaum en Radio con Vos porque Jairo Straccia, uno de los columnistas, le preguntó si Cristina Kirchner no debía explicar lo obvio: cómo tuvo negocios en común con un ex empleado bancario convertido en contratista del Estado y al que debía controlar, y cuya empresa empezó y terminó con el kirchnerismo. “No me lleves a ese terreno. Es lo mismo que me digas ‘En la foja tal del expediente tal’; hablemos de política”, contestó. “¿Me dejás exponer un argumento?”, insistió el cronista. “No, no. Ya está, gracias, muchachos, buenos días”, dijo, y colgó.

De todos modos, la estrategia con que la vicepresidenta ha decidido defenderse sirve al menos para describir el funcionamiento del mundo de la obra pública, donde hay que recurrir a las artes del lobbying para apurar el cobro de certificados. Es lo que exponen los chats de Caputo, Gutiérrez y Chediak. La ironía es quizá la oportunidad en que la vicepresidenta decide exhibirlos: acaba de designar en el gabinete a Sergio Massa, el ministro de mayor relación con muchos de estos empresarios.

La mención a Caputo se dio, por ejemplo, en momentos en que el dueño de Mirgor celebraba una decisión autorizada seis días antes por el Ministerio de Economía: la resolución 625, que reglamentó la inclusión del sector petrolero en el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego y, por lo tanto, les permitirá a Total, Wintershall y Pan American Energy, invertir 700 millones de dólares en el área Fénix sin pagar IVA, Ganancias y aranceles de importación. Caputo necesita del gas que se extraiga de ese yacimiento porque acaba de asociarse con SPEC Group, una compañía con base en Houston y presencia en Emiratos Árabes, Pakistán, Qatar y Yemen, para construir una petroquímica y un puerto en Río Grande por 2000 millones de dólares.

El paquistaní Zafar Ikram Sheikh, máximo ejecutivo de SPEC, que vendrá seguramente a firmar el 14 del mes próximo el contrato con Mirgor y la provincia de Tierra del Fuego, tenía pensado en un principio hacer el emprendimiento solo, pero aceptó finalmente la propuesta de incorporar un socio local. El proyecto es ambicioso. Prevé la edificación de una planta de urea y amoníaco que le permitirá a la Argentina autoabastecerse en fertilizantes y que tienta a muchos operadores del sector, que se preguntan, por ejemplo, si en los trabajos podrán participar los mismos empresarios que están reacondicionando el otro puerto, el de Ushuaia, casi todos de buena relación con Massa: Panedile, de la familia Dragonetti, y las constructoras Concret Nor y Nakon Sur. Ambos proyectos requirieron la autorización de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y Marina Mercante, dependencia del Ministerio de Transporte que conduce otro massista, Alexis Guerrera.

Son prioridades lejanas a la idea del lawfare. Incluso transversales: falta que Luciani haga el gasoducto. Pero Cristina Kirchner tampoco está en condiciones de exponerse a nuevas corridas cambiarias. Desde esa óptica, su destino está atado también al de Massa.

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