Nadie quiere subir al palco

Lo primero que Roberto Feletti les reprochó el martes a los empresarios fue el nivel de exposición que había alcanzado en los medios la discusión por los precios. En la Secretaría de Comercio, acompañado por sus colaboradores Débora Giorgi y Antonio Mezmezian, tenía enfrente a Daniel Funes de Rioja, de la cámara alimentaria Copal, y a Juan Vasco Martínez, de la Asociación de Supermercados Unidos. “Acá abajo hay como 30 periodistas y yo no los convoqué”, se defendió Funes de Rioja. Feletti les pidió entonces que le bajaran el tono a la pelea. “Está bien, pero hablá con cada empresa”, le contestaron. La reunión pareció terminar menos tensa de lo que había empezado pero, horas después, se conoció la resolución que congelaba casi 1500 precios de manera unilateral.

La relación entre el Gobierno y las alimentarias está en el peor momento desde que asumió Alberto Fernández. No solo por la crisis y la inflación: el establishment entero ha tomado nota de que el Presidente no encuentra el rumbo y de que ese desconcierto abarca a toda la administración. ¿Qué funcionario está en condiciones de dar una respuesta que no sea desautorizada 24 horas después? El viernes, cuatro días antes de la resolución de Feletti, el jefe del Estado había planteado públicamente en IDEA sus intenciones de llegar a un acuerdo por los precios. Y esta semana, con la medida ya publicada, un operador empresarial llamó a un interlocutor de la Secretaría de Comercio para preguntarle si podía negociar el relevo de algunos productos incluidos en el congelamiento. “Es que no sé hasta cuándo me voy a quedar acá”, le contestó. La incógnita es además quién confeccionó esa lista que incluye, por ejemplo, 96 bebidas alcohólicas. Los fabricantes de alimentos la ven tan disparatada que suponen que la antecesora de Feletti, Paula Español, no dejó un solo papel y tampoco facilitó la transición. En el Gobierno dicen lo contrario: la nómina es heredada.

La campaña tampoco ayuda. ¿Tiene sentido acordar algo antes del 14 de noviembre?, se preguntan quienes encabezan las conversaciones. Ironías de la pendiente argentina, en las multinacionales empiezan a extrañar a Paula Español: dicen que una cosa es un convenio de palabra, y otra, una norma escrita que las respectivas políticas corporativas obligarán a cumplir. Es cierto que la mayor parte de los ejecutivos ha convivido siempre últimamente con precios controlados. Pero ahora creen estar frente a un kirchnerismo sin poder, la peor de las versiones, e intuyen entonces una escalada de conflictos. Una radicalización del populismo, diría Feletti.

La lista de Feletti ha vuelto a ser lo de siempre, una puesta en escena de combate a las corporaciones. “Sí a Feletti”, tuiteó Andrés Larroque. Aunque en la efectividad de la medida no crean ni quienes la defienden. “Lo que cualquier funcionario del Gobierno te va a decir es que los congelamientos extendidos no funcionan, en eso no hay discusión”, le dijo ayer en Radio con Vos Augusto Costa, ministro de Producción de Kicillof y autor del libro Todo precio es político. Se trata en todo caso, agregó, de una medida transitoria.

Los empresarios no alcanzan a ver ese horizonte temporal. Advierten más bien la ausencia total de ideas para un problema que el mundo ha solucionado hace décadas. Hay, según un relevamiento de la consultora Invecq sobre datos de Tradingeconomics, 137 países con inflación menor al 10% anual. Y estas fricciones, lejos de resolver algo, quitan tiempo y energía de trabajo. Para Alfredo Coto, por ejemplo, tener que volver a entenderse con Feletti y Giorgi, exfuncionarios de La Matanza, representa un esfuerzo adicional porque viene de un conflicto con Fernando Espinoza, el intendente. Hace un año y medio, en el peor momento de la cuarentena y con toda la economía cerrada, Coto y Gloria, su mujer, protestaron en persona junto con los empleados en una sucursal del supermercado en Rivadavia al 13.000, en Ramos Mejía. El municipio acababa de clausurarla con el argumento de que ahí se vendían productos con fecha de vencimiento manipulada y faltos de higiene. “Este hombre está fuera de sus cabales: que venga acá a hablar conmigo y con mi señora”, dijo Coto sobre el intendente, ante las cámaras de Telefe. ¿Usted insinúa que hay algo raro?, le preguntaron los conductores del noticiero, Rodolfo Barili y Cristina Pérez. “Ustedes son periodistas, investiguen qué es lo que está pasando –insistió el empresario–. Sospechamos, pero no sabemos. Evidentemente no es el hombre adecuado para gobernar La Matanza. Lo llamé varias veces y no me contesta. Hagan ustedes el puente, a ver si me atiende y si le da la cara”.

Feletti es un dirigente muy cercano a Espinoza al igual que Manzur, que se inició políticamente en esa comuna en los tiempos de Alberto Balestrini. Pero su resolución contó enseguida con el respaldo de todo el kirchnerismo. El gobierno bonaerense, por ejemplo, les envió el miércoles a todos los intendentes, incluidos los de la oposición, una convocatoria por WhatsApp que no explicaba el motivo. “El Sr. Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dr. Axel Kicillof, lo invita a participar de la reunión, que se llevará a cabo el día miércoles 20/10-16.45 hs. Lugar: calle 53 S/N entre calle 5 y 6, La Plata. Rogamos confirmar asistencia”, decía. Aunque el mensaje no lo especificaba, los medios publicaron enseguida la razón de la iniciativa: se los exhortaba a controlar precios. Era jugado. ¿Querrían los jefes comunales entrar en conflicto con comerciantes cuyas ventas se desplomaron durante la cuarentena? Todos ellos, opositores y oficialistas, tienen en las encuestas mejor imagen que Kicillof y que Alberto Fernández. Al ver publicada en los portales la invitación, Diego Valenzuela, líder de Tres de Febrero, la rechazó en Twitter: “Yo no voy a participar de ningún control de precios ‘militante’. Necesitamos un plan serio para bajar la inflación y crear trabajo. No movidas para distraer a la ciudadanía en tiempos electorales”. El resto de Juntos por el Cambio tampoco fue y en el encuentro estuvieron apenas unos 15 del PJ.

Esas ausencias vuelven a exhibir la distancia que quedó entre el gobernador y los municipios después de las primarias. En el propio gabinete de Kicillof y en el Instituto Patria dudan del grado de compromiso con que los intendentes saldrán a buscar lo que les pide un par, Martín Insaurralde: votos para el 14 de noviembre. Falta entusiasmo y muchos evitan exponerse porque advierten malestar en las calles. No es en realidad un temor muy distinto del que, según fuentes sindicales, disuadió el lunes a los dirigentes de la CGT de hablar públicamente a pesar de la multitudinaria convocatoria frente al Monumento al Trabajo. Héctor Daer tampoco está para escraches. En 2017, en un contexto económico menos hostil que el actual, recibió silbidos y abucheos en dos actos. “¡Puto, la gente no tiene laburo!”, le gritaron desde el público en el microestadio de Ferro. Cuatro meses antes, él, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña habían tenido que salir custodiados de una convocatoria en Diagonal Sur y Chacabuco. Ese día alguien les robó el atril.

Fue la razón de la cautela del lunes. Daer, Acuña y el resto salieron de la sede de la CGT en Azopardo, caminaron los 100 metros que los separaban del lugar elegido en Paseo Colón y se retiraron. Todo fue tan repentino que los afiliados que iban por la avenida Independencia se sorprendieron al ver que llegaban con el acto terminado. “Podrían haber subido a las escalinatas de la Facultad de Ingeniería a hacer una foto”, se quejaron en uno de los gremios. Algunos referentes de peso, como Hugo Moyano, se preguntan todavía cómo no se aprovechó semejante multitud para el propósito original, que era mostrar que el sindicalismo respalda al Gobierno.

Falta voz de mando y sobran reparos para levantar la cabeza. Esa ausencia de palco vuelve a pintar de cuerpo entero a la Argentina.

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