Mundial y Malvinas: manuales que afectan a la democracia

Argentina atraviesa una crisis económica sin precedentes: 10% de su población vive por debajo de la línea de indigencia. Mientras tanto el gobierno fija sus prioridades en las más variadas temáticas. La prioridad evidentemente es la retención de poder a toda costa y para eso se dirimen en las últimas horas fuertes peleas para la eliminación de las Paso y la alteración del cronograma electoral en curso. En medio de la descomposición del poder real de la coalición gobernante aparecen iniciativas que no solo refuerzan la idea de anomia sino que simplemente dejan a la mayor parte de la población atónita ante el espectáculo que brindan las más altas autoridades intentando querellar a un personaje de ficción o gastando dinero público para la publicación de “manuales de comportamiento” para los corresponsales argentinos que viajen a cubrir el mundial en Qatar.

En las últimas dos semanas se hilvanaron estos dos sucesos, que la sociedad tomó con particular hilaridad. Primero el debate sobre lo que podía decirse o no sobre el Presidente en un reality show, luego el manual para evitar que los periodistas se refirieran al panorama “oscuro” de un equipo o relaten el contenido de los cánticos de los hinchas en las canchas.

Apartando el aspecto “meme” de ambos hechos provocaron, conviene reflexionar sobre el desacierto de las dos posturas gubernamentales sobre lo que puede o no decirse en televisión, radio, diarios o redes sociales.

Victoria Donda, que junto a Myriam Lewin, se autoerigieron como una suerte de comisarias del pensamiento y vigías de las redes sociales, ya no sorprenden con su concepción autoritaria sobre la prensa, la pluralidad de pensamiento o sobre la libertad de periodistas y ciudadanos para reflejar y contar la realidad según sus propias miradas. Ellas pretenden que los periodistas escriban según lo que dictan en sus manuales de estilo y que la opinión pública se forme desde sus personales perspectivas políticas sobre izquierdas o derechas, derechos humanos, diversidad sexual, cultural, étnica o religiosa. Ignoran que jamás puede ser un organismo o un funcionario estatal el que determine cómo y que puede decir un periodista, un corresponsal que realiza una cobertura deportiva dentro o fuera del país o un medio de comunicación. Los manuales de ética y los códigos de conducta profesional deben surgir de la auto-regulación de medios y periodistas y nunca ser una imposición de estado.

Tanto como Lewin cuando lanzó sus “Recomendaciones para periodistas sobre el tratamiento del conflicto de Malvinas” en marzo de este año, como la titular del INADI ahora con su “Recomendaciones para la cobertura del Mundial de Fútbol Qatar 2022″ incurren en la misma maliciosa omisión: el periodismo tiene protección constitucional, la confidencialidad de fuentes, el chequeo de información y la libertad editorial son sus elementos distintivos. La autorregulación la prensa esta tutelada dentro del sistema interamericano de derechos humanos, fijada en todos los pactos y tratados de rango constitucional y ratificado en la última “Declaración Conjunta sobre la Independencia y la Diversidad de los Medios de Comunicación en la Era Digital” firmada por las relatorías de libertad de expresión de la ONU, OEA, Comunidad Europea y Comisión Africana de Derechos Humanos.

Entonces, si gran parte del mundo comparte la visión democrática sobre la libertad de expresión, la auto-regulación del periodismo y la importancia de mantener los contenidos de internet libre de restricciones, ¿De dónde surge esta posición autoritaria, anacrónica y casi policial sobre lo que escriben ciudadanos y periodistas sobre determinados temas de la agenda pública?

Jia Qingguo, miembro del máximo órgano asesor de China, en marzo de este año dio a conocer una serie de medidas que están próximas a implementarse sobre una autorización previa que los secretarios de redacción deben obtener antes de publicar noticias en sus medios digitales o gráficos. Alguna de las últimas regulaciones del régimen chino ya habían completado con anterioridad el esquema de censura absoluta. En 2017, se dictó una norma que obliga a las redes sociales a permitir que sus usuarios solo compartan noticias de medios de comunicación aprobados por el gobierno. Desde octubre de 2019, los periodistas se han visto obligados a descargar la aplicación para smartphones Study Xi, Strengthen the Country, (que alude al nombre del presidente e invita a estudiar su doctrina) para recibir y renovar sus credenciales de prensa a periodistas y corresponsales. Esta aplicación permite a terceros ejecutar comandos y recopilar información personal o de las fuentes, pero además informa sobre cómo abordar las noticias para determinadas cuestiones sensibles al gobierno, con manuales al estilo de los de Donda y Lewin sugieren, por ejemplo, que cualquier noticia sobre la invasión de Rusia a Ucrania debe mencionarse como “operaciones militares especiales” o brinda alertas sobre la prohibición expresa para publicar noticias sobre represión en Hong Kong.

Según el Comité de Protección de Periodistas, CPJ, Arabia Saudita, Irán, China, Rusia, Venezuela, Cuba se ubican entre los 10 países con mayor riesgo para los periodistas y censura del mundo. De tal diagnóstico surgen dos preguntas: ¿Por qué el gobierno no piensa en medidas de protección y asistencia diplomática para los periodistas que vayan a cubrir el mundial en una región que se rige con parámetros muy distintos a los estándares interamericanos en vez de munirlos de manuales de estilo estatales?

¿Por qué todas las ideas que surgen del gobierno actual van en camino a restringir, regular, o controlar la expresión, opinión e información que circula en las redes sociales? Desde el ciberpatrullaje de Federic, el observatorio NODIO, las redes tóxicas de Beliz, los intentos de regular el “discurso de odio”, o las recomendaciones del INADI, todas las iniciativas apuntan a imponer una perspectiva única sobre lo que es correcto o incorrecto pensar o transmitir desde el punto de vista de un funcionario o de quienes encabezan la coalición gobernante, al conjunto de la sociedad.

Mientras nos distrae esta nueva discusión sobre el rol de la prensa en democracia, se cumplen 39 años de la elección que nos permitió recuperar la libertad y el sistema democrático en Argentina, no cederemos en sostenerlas ni un milímetro, estas concepciones autoritarias no pueden pasarse por alto aún, cuando en sesiones del senado poco difundidas, se acuerde sostener los privilegios de la Defensoría del Público hasta el año 2072. La prórroga de las asignaciones específicas por 50 años le garantiza a la titular del organismo recursos suficientes para seguir vigilando las redes sociales, militando en favor de las limitaciones de contenidos y publicando manuales de conducta para periodistas sin límites presupuestarios. Si se suman a estas asignaciones los 740.629.417 de pesos anuales de los que dispone el INADI, ambas funcionarias tienen un presupuesto infinito para seguir dando rienda suelta a sus iniciativas de imposición del relato, observación y vigilancia. Conviene no acostumbrarnos con liviandad a estas iniciativas. Es necesario profundizar el control parlamentario sobre el destino y las misiones específicas de estos organismos y sus gastos, hasta que puedan ser reformulados para proteger efectivamente los derechos y libertades de los ciudadanos, y no para proteger recursos o privilegios de determinados sectores políticos o sus funcionarios.

La autora es presidenta de la Fundación LED y expresidenta del ENACOM

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