Movimientos sociales. La pelea por el control de la calle
Organizados como nunca, hoy son un factor de poder tan gravitante como los sindicatos; gestionan cientos de miles de planes y coordinan un ejército de militantes que se preparan para un fin de año con reclamos
LA NACIONNicolás Balinotti
El Gobierno no debería bajar las persianas y dar por terminado el año después de lo que será el monumental despliegue que supone ser el organizador de la cumbre del G-20. Dos días después de la visita de los principales líderes del mundo, los movimientos sociales tienen previsto desplegar en las calles a sus ejércitos de militantes para reanudar los reclamos por un bono de fin de año para los beneficiarios de planes sociales. Será su última gran pulseada antes del cambio de calendario.
Organizados como nunca, los movimientos sociales son hoy un factor de poder tan gravitante como el sindicalismo que anida bajo las siglas de las dos centrales obreras que existen en el país. De hecho, una fugaz alianza con la CGT, que reúne a los sindicatos más poderosos vinculados al peronismo, les sirvió en noviembre de 2016 para empujar en el Congreso la sanción de la ley de emergencia social, que dio origen al salario social complementario, un auxilio adicional para trabajadores informales que es hoy de 5500 pesos y que se elevará a 6000 el mes que viene.
La ley de emergencia social destina desde entonces (y por tres años) 25.000 millones de pesos para promover los derechos de los trabajadores de la economía popular y habilita la posibilidad de disponer de 5000 millones extra. Con el apoyo de la oposición, los referentes de los movimientos negociaron la iniciativa durante meses con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, de quien destacan su voluntad de diálogo. "Tenemos 400.000 planes, todos bancarizados, por lo que no hay intermediarios. Además, uno de los programas [Hacemos Futuro] obliga al beneficiario a estudiar y capacitarse", dice un vocero de Stanley. A los 400.000 planes sociales se les suman los 3.805.847 beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) registrados en la Anses hasta marzo de este año y otros tantos receptores de asignaciones familiares.
Los interlocutores habituales de Stanley son Esteban Castro (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular-CTEP), Juan Carlos Alderete (Corriente Clasista Combativa-CCC) y Daniel Menéndez (Barrios de Pie). Entre las tres agrupaciones suman más de 250.000 militantes en todo el país.
Hay muchísimas organizaciones sociales más en el radar, pero estas tres entendieron que la unión hace la fuerza. A pesar de sus diferencias políticas y de origen, actúan en bloque, ramifican sus alianzas en el interior e institucionalizan la negociación en tropa. Se los llama el "triunvirato piquetero" o el "triunvirato San Cayetano", porque sellaron su alianza en una masiva movilización a Liniers para honrar al santo patrono del pan y el trabajo. El periodista Horacio Verbitsky, una de las voces de prensa más críticas de la gestión de Mauricio Macri, los denominó irónicamente el "trío Carolina", por la cercana y dinámica relación que construyeron con Stanley.
"Si reclamamos lo mismo, ¿por qué hacerlo por separado?", dice Alderete, siempre pragmático, estratega desde sus inicios como referente piquetero en los años 90. Coordinador de la CCC desde hace casi dos décadas, su área de influencia es La Matanza, aunque el poder de su organización radica en el campesinado. Integran la CCC unas 70.000 personas, de las cuales la mitad percibe algún plan social o de empleo.
Más contemporánea, la agrupación Barrios de Pie nació en diciembre de 2001, producto de la crisis y el estallido social que derivó en la salida anticipada del expresidente radical Fernando de la Rúa. Tiene representación en 23 de las 24 provincias y más de la mitad de sus 40.000 adherentes está alcanzado por algún plan social. Es la pata social de Libres del Sur y surgió como un desprendimiento de la Federación Tierra y Vivienda, que lideró Luis D’Elía. La raíz de su crecimiento está en los barrios y en las cooperativas. Cuenta en el país con 1350 comedores y merenderos, en los que trabajan unos 8500 asistentes, y periódicamente difunde dos relevamientos que sirven de termómetro de la pobreza: el índice de situación nutricional y el índice barrial de precios. Ambos estudios son reconocidos por expertos como mediciones confiables. "Hay demanda de alimentos y trabajo. El problema es que la ayuda que el Gobierno nos pueda dar parece ya insuficiente. Estamos preocupados", dice Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie.
Los cortes
De las tres organizaciones sociales, la CTEP es la más numerosa: cuenta con una tropa de 150.000 personas en todo el país y representación en todas las provincias, salvo Santa Cruz. Es, a su vez, la más política: la integran el Movimiento Evita, que lidera Emilio Pérsico, y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, que encabeza Juan Grabois, un dirigente que articuló con Stanley la ley de emergencia social y que hoy avanza a ritmo de machete hacia una candidatura electoral de la mano del kirchnerismo, a pesar de haber criticado las causas de corrupción que se acumulan en Comodoro Py.
El "Gringo" Castro, actual secretario general de la CTEP, intenta escapar de las definiciones políticas y el ajedrez electoral. Dice que es peronista, admite haber votado a Carlos Menem y asegura que su experiencia como concejal en Moreno le bastó para rechazar a futuro cualquier cargo público de gestión. "Yo estoy con la gente que necesita. Y en la necesidad no podés pensar en qué es legal y qué no. No cortamos calles porque sí, ni nos colgamos de la luz porque queremos: es la necesidad", argumenta sobre uno de los puntos más tensos que marca hoy la relación con el Gobierno: los piquetes.
Los movimientos sociales perciben un giro de la Casa Rosada en lo relativo a la protesta social. "Hay actitudes que rozan lo inconstitucional y tienen como objetivo limitar y deslegitimar la protesta social, como los controles a los micros o la política de expulsión con los extranjeros", dice Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal.
Menéndez, como el resto de sus colegas, advierte la mano de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en este cambio de estrategia. Dicen que el endurecimiento se acentuó tras el triunfo electoral del militar Jair Bolsonaro en Brasil. Una curiosidad que avivó las sospechas de los dirigentes sociales: a la semana siguiente de las elecciones presidenciales brasileñas, diferentes voceros del Gobierno comenzaron a deslizar la necesidad de penar y juzgar los cortes de calles y los incidentes en la vía pública. Se trata de apenas dos cuentas del rosario de modificaciones que prevé impulsar el oficialismo en el proyecto para reformar el Código Penal, que sería presentado en el Congreso el 1° de marzo de 2019 por el Presidente, según precisó el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Diciembre caliente
Con el peso hundido y la inflación anual que alcanzará el 42% o más, los referentes barriales afirman que las necesidades se acentuaron. Hablan de hambre y desocupación, aunque no lo comparan con 2001. "Es diferente: hoy los bancos tienen plata y el escenario político es otro", afirma Alderete, de la CCC.
Castro, de la CTEP, también evita el juego de parecidos, aunque alerta sobre la caída del empleo. "Hay una expulsión de trabajadores a la informalidad. El salario social complementario será cada vez más necesario. Es un derecho, no una dádiva del gobierno de turno", dice.
Saravia, de Barrios de Pie, da por hecho que en diciembre sus militantes se agolparán en las puertas de las grandes cadenas de supermercados para pedir alimentos. "Entre las jornadas nacionales de lucha, definimos que habrá cortes de calles y rutas e iremos a los supermercados a pedir ayuda", desafía.
Sin reconocerlo abiertamente, en el Gobierno también detectan un deterioro en las capas sociales más bajas. Los casi 4 millones de beneficiaros de la Asignación Universal por Hijo (AUH) recibirán el mes que viene un plus de 1500 pesos y está bajo análisis un refuerzo extra de 1000, a partir de un préstamo del Banco Mundial y del Banco Internacional de Desarrollo. Se ajustarían además las asignaciones familiares y diferentes pensiones. Buscan una suerte de dique de contención, como el que consiguieron al neutralizar el paro de la CGT con un bono de 5000 y un pacto antidespidos laxo hasta marzo del año que viene.
En la ley de presupuesto que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, acomodó en línea con las exigencias del rescate financiero que la Argentina recibió del Fondo Monetario Internacional (FMI) surge un fuerte recorte en todos los ministerios, pero es menor en el de Desarrollo Social. El presupuesto prevé que 4,1 millones de niños reciban la AUH (estos fondos surgen sin embargo de la Anses) y que las partidas para asistencia social sean casi un 35% mayores que 2018. Las estadísticas están en línea con la salvaguarda que el Gobierno selló con el FMI, que contempla fondos extras de hasta $13.500 millones para 2018 y del 0,2% del PBI para los próximos años.
Si bien en lo más alto del Gobierno aseguran que no está previsto recurrir a los fondos reservados del FMI, esa caja se vislumbra hoy como la garantía de un fin de año sin desbordes. "De la negociación del bono dependerá si este diciembre es tranquilo o no. No queremos un estallido social. No nos importa que la plata venga del FMI, queremos el bono y debería ser de 5000 pesos, como el de sector privado. ¿Por qué no? Sería la pacificación", advierte Castro, agazapado para la paritaria callejera que se avecina.
Alderete también envía mensajes que podrían interpretarse como una ligera amenaza: "El Gobierno nos tiene que convocar para evitar cualquier desmán o caos. Los primeros días de diciembre vamos a estar en la calle para exigir el bono de fin de año a todos los beneficiarios".
En la Casa Rosada especulan que un fin de año en paz allanaría el camino hacia la reelección. Da la sensación, incluso, que la pulseada por la ayuda social le tributa electoralmente más a Stanley que a los piqueteros. Desde Desarrollo Social, con un perfil bajo, el nombre de la ministra circula como posible compañera de fórmula de Macri en 2019.
La política metió una cuña
La política, sin embargo, abrió grietas entre los movimientos sociales, hoy enfrascados en una interna que ya dejó secuelas. Los cortocircuitos comenzaron el 21 de febrero, cuando muchos de ellos acompañaron a Hugo Moyano en una multitudinaria escenificación de poder en la avenida 9 de Julio. Pero las tensiones continuaron. Menéndez se alejó de Humberto Tumini y Jorge Ceballos, pioneros de Libres del Sur, para explorar un acercamiento al kirchnerismo de la mano de Victoria Donda. Grabois, de quien se presume que actúa a veces por recomendación del papa Francisco, tuvo mucho que ver en esa maniobra. Los realineamientos electorales tiraron por la borda los planes de un frente electoral común, encabezado por el triunvirato piquetero. Hoy sus dirigentes son captados por el kirchnerismo, como Grabois y Menéndez, o por la izquierda.
La atomización lleva alivio al campamento oficialista. Sin embargo, en el Gobierno prestan mayor atención a la alianza callejera que a la electoral. No lo afirman de manera tajante, pero siguen con atención el movimiento de piezas.
"La crisis hizo que vuelvan a irrumpir formatos nuevos, como la CTEP. Los niveles de organización y unidad con el resto de los movimientos sociales son importantes. Es un concepto de unidad que no se traduce en código electoral, pero que preocupa mucho al poder de turno", argumenta Omar Giuliani, referente de la Federación Nacional Territorial, de la CTA Autónoma.
Giuliani es un dirigente que conoce como pocos la evolución de los movimientos sociales. Integra la CTA desde su surgimiento, en 1992, cuando nació para contrarrestar al sindicalismo alineado con el menemismo en torno a la CGT. A diferencia de la CGT, la CTA se abrió como una alternativa en medio de la crisis de los años 90: reclutó gremios, organizaciones de desocupados, jubilados y agrupaciones juveniles.
La batalla que los movimientos sociales pretenden dar ahora es la de la institucionalización: la CTEP gestionó sin éxito ser incorporada a la CGT, además de ser reconocidos por el Gobierno como miembros en el Consejo del Salario, el ámbito tripartito en el que se define el sueldo mínimo y que sirve de referencia para el sector informal.
Con el pacto con la CGT cerrado, Macri logró neutralizar la huelga general en la antesala del G-20 y alejar el incómodo estigma desestabilizador que acecha a los gobiernos no peronistas. Resta ahora un apretón de manos con los movimientos sociales, un actor que está dispuesto a apropiarse de la calle.
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