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Modelo de país y agenda educativa
Para debatir la agenda educativa para los próximos años, debemos reflexionar con profundidad y sin prejuicios políticos, las trabas que han impedido e impiden avanzar en el sector. Desde que recuperamos la democracia no hemos tenido gobiernos que hayan incorporado la idea de que los países hace tiempo que no compiten por la cantidad de recursos naturales que poseen, sino por el conocimiento incorporado a su economía y a la sociedad en general.
Las “economías del conocimiento” se construyen a partir de sociedades cuyos miembros son alfabetizados en los códigos de los tiempos en los que viven, y que aplican nuevos conocimientos del ámbito de la investigación científica y tecnológica a espacios estratégicos de sus economías para hacerlas muy competitivas a escala internacional. Pese a las leyes que ampliaron la obligatoriedad, los resultados muestran que el sistema solo funciona de manera aceptable para el 30% de los estudiantes, prácticamente la misma proporción previa a la masiva incorporación de estudiantes en el período democrático por efecto de las leyes. Conclusión: la política, a pesar de las leyes que supo sancionar, entendió que para democratizar la educación alcanzaría con ampliar la obligatoriedad, construir escuelas, designar más docentes, repartir computadoras y aumentar las plantas administrativas.
El desafío de enseñar a niños y jóvenes con muy pobre acceso a la cultura escolar, actualizar lo que se enseña y cómo, formar con rigor a la docencia en instituciones de calidad, incorporar tecnologías para la gestión adecuadas a la complejidad de un sistema de organización federal, es de una complejidad aun mayor a la de ordenar la macroeconomía. En la base de esa inacción está el hecho de que la educación perdió relevancia para la política y básicamente para la economía. Los intentos de transformarla se frustraron por carencias vinculadas a la gobernabilidad –las autoridades del sistema a nivel nacional y provincial no gobiernan el sector– y por incumplimiento del financiamiento fijado por ley, solo un año se cumplió con el 6% del PBI.
Esas fallas no debieran llevarnos a ignorar que la organización federal de nuestro país preserva la voluntad constitucional de ser una nación, y ese es el sentido que tiene la existencia de una autoridad nacional que regula el sistema educativo, muy claramente establecida en las leyes que se sancionaron desde la recuperación de la democracia, donde se especifican y ordenan las obligaciones en cada nivel institucional. Para comenzar a recorrer el camino que nos saque de esta decadencia, entendemos que debiéramos focalizarnos en dos vertientes. La primera es política, y nos debe llevar a reconstruir el sentido de ser una nación. Hay voces que se preguntan cuáles son los incentivos para que una provincia cumpla con los acuerdos de política educativa, en un contexto de recursos financieros escasos. Sin dudas, no habrá recursos financieros superiores al sentimiento de una provincia de ser parte de este, ni tampoco superiores a la obligación de las autoridades nacionales de hacer cumplir la ley para garantizar un piso de calidad y equidad en todo el territorio nacional. Se impone un gran pacto entre nación y provincias en torno a ese objetivo.
La otra vertiente es económica. Por primera vez en 40 años de democracia debemos unir al proyecto económico una educación de calidad para todos. De esa manera, la educación podrá recuperar su sentido, el para qué es importante estudiar, formarse y enseñar con responsabilidad. Los actores de la transformación a realizar deben sentir que son parte de un cambio profundo del perfil cultural y productivo del país en un programa de desarrollo estratégico de mediano y largo plazo basado en la calidad de la formación de todos los habitantes durante toda la vida y en la articulación de los distintos sectores de la economía con el sistema educativo y con el sistema de ciencia y tecnología.
Es un lugar común decir que somos un país lleno de riquezas naturales y que su explotación nos abrirá el camino hacia un futuro mejor. El campo y sus granos y carnes, el subsuelo con petróleo y gas, el litio y metales como el oro, el cobre, etc. Sin embargo, si no se decide la creación de un fondo específico de recursos generados en esas explotaciones claramente temporarias, para ser aplicados a un programa de reconversión del perfil productivo de nuestro país y particularmente de su perfil exportador, repetimos, sustentado en la calidad de la educación y en su fuerte vinculación con nuestro sistema de C&T con el propósito de producir bienes y servicios con alto contenido de “conocimiento propio agregado”, al final del camino y cuando hayamos agotado esos recursos, seremos tanto o más pobres que hoy. Países como Irlanda, Finlandia, Corea del Sur, Australia y otros han seguido ese camino desde un punto de partida tan complejo como el nuestro y hoy son sociedades integradas y economías competitivas.
Estamos ante esa posibilidad. Vaca Muerta, el litio, el campo y demás recursos naturales pueden ser la fuente para construir otro futuro para nuestros hijos. Se trata de comprender que el modelo de país está unido a lo que hagamos en materia educativa y científica. Necesitamos reafirmar en un amplio compromiso político y económico el sueño de ser un país integrado y próspero.
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