Se trata de un bien estratégico
Por estas semanas nos encontramos debatiendo el tema de la extranjerización de la tierra en la Cámara de Diputados de la Nación, proyecto que, para nuestra fuerza política, fue agenda ya en el año 2002 y no el 1° de abril de 2011.
Cuando Elisa Carrió presentó esta iniciativa, con el apoyo de varios sectores sociales y una realidad productiva acuciante para los pequeños y medianos productores, las mayorías parlamentarias miraban para otro lado. Representamos la iniciativa cada vez que perdía estado parlamentario con la misma convicción de instalar el tema de la tierra y la extranjerización de su dominio en la agenda política.
Por eso hoy saludamos su tratamiento, aunque el oficialismo prefiera asistir sólo cuando se debate el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, a pesar de que existen más de una docena de proyectos con estado parlamentario.
Sin duda, un tema tan importante para la soberanía nacional y la defensa de los recursos naturales necesita consensos amplios para otorgar al país un instrumento jurídico que regule el acceso a la tierra por parte de extranjeros.
Lejos de ser una cuestión xenófoba, planteamos la necesidad de una política de Estado en materia territorial. En este sentido, la extranjerización de la tierra es sólo un aspecto de la concentración fundiaria y productiva que existe en la Argentina. Se necesitarían varias iniciativas para desactivar ese proceso de concentración, entre ellas una reforma tributaria, una nueva ley de arrendamientos, una ley de desarrollo rural, además de iniciativas de ordenamiento territorial que, en conjunto, tiendan a replantear el modelo productivo vigente.
Para contextualizar nuestra propuesta y los motivos de su vigencia, es necesario recordar la década del 90, cuando comienza a profundizarse un período de extranjerización de la economía que prosigue actualmente. La industria, la producción y la tierra son adquiridas y concentradas por grandes grupos económicos, mayoritariamente extranjeros. Escondidos detrás de sociedades por acciones, eluden y no permiten el conocimiento acabado de quiénes son los verdaderos dueños de las tierras.
Existen casos que, aunque para algunos aparecen como acotados o sólo estadísticas, esconden otros fines: cuantías de extensiones territoriales ligadas a reservas naturales, de cuencas o reservorios importantes de agua potable y hasta adquisiciones que comprenden lagos, comunidades, iglesias, escuelas. Se puede deducir con claridad la urgencia y gravedad del problema.
En materia social, las disputas por el acceso al territorio (alrededor de 10 millones de hectáreas) se traducen en violentos desalojos y atropellos intimidatorios para gran parte de campesinos, de pequeños productores, de familias que llevan generaciones en determinados lugares y de pueblos originarios. El corrimiento de la frontera agropecuaria, los desmontes incontrolados y los monocultivos extensivos constituyen un combo explosivo para muchísimas economías regionales.
Las tierras no son adquiridas sólo para su destino agropecuario, sino también por su lugar estratégico. Los pocos instrumentos legales que existen (decreto ley 15585/1944 de creación de zonas de frontera, ratificada por ley 12913, ley 18575 y ley 21900) fueron débiles en su aplicación ya que, según señaló la Auditoría General de la Nación en un informe realizado en 2008, entre 2003 y 2008 el 70% de las autorizaciones realizadas por la dependencia correspondiente del Ministerio del Interior son irregulares y no cumplen con la normativa y, en la mayoría, ni siquiera se han entregado las escrituras respectivas para ser visadas por ese organismo.
Esto nos recuerda la ley de glaciares o la ley de bosques y la posición del Poder Ejecutivo Nacional en políticas estratégicas como las mencionadas. El caso de la tierra -y más específicamente del suelo o del bosque- se ha convertido en insumos del proceso productivo, facilitando el ingreso al negocio agropecuario de fondos especulativos de inversión que han acrecentado las ventajas derivadas de la economía de escala.
Por todo esto, este debate es estratégico para nosotros, porque el Congreso Nacional se ha hecho eco de los reclamos sociales y naturales de los nuevos tiempos, que no han podido ser canalizados en políticas concretas y estratégicas para un desarrollo productivo sustentable.
© La Nacion
La autora es diputada nacional por la Coalición Cívica-ARI
Susana García
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